POLÉMICA POR UN PROYECTO DE AMIGOS DE BUSH EN PERÚ

Dos poderosas empresas petroleras estadounidenses, vinculadas al gobierno de George W. Bush, libran una dura batalla contra 23 organizaciones ecologistas norteamericanas y peruanas, que reclaman la detención de un multimillonario proyecto gasífero en la localidad amazónica de Camisea bajo el cargo de que su construcción ha dañado la ecología de la zona y a las poblaciones indígenas.

Se trata de las compañías Kellogg Brown & Root y Hunt Oil, cuyo dueño, Ray Hunt, fue uno de los principales contribuyentes a la campaña electoral de Bush y el primero en aportar dinero para la reelección. En tanto que el vicepresidente Dick Cheney, hasta antes de asumir esa función, actuó como director principal de Halliburton, una de cuyas filiales es la Kellogg.

La planta para la producción de gas licuado está siendo levantada muy cerca de la Reserva Natural de Paracas, en la costa del sur del Perú, considerada uno de los más importantes santuarios naturales del mundo. La Halliburton y sus empresas asociadas ganaron importantes contratos para la reconstrucción de Irak tras la guerra que derrocó a Saddam Hussein.

A fin de julio, los grupos ecologistas Friends of the Earth, Amazon Watch y Oxfam America, que encabezan en Estados Unidos la oposición al proyecto gasífero, asestaron un golpe a las corporaciones al conseguir que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) postergue la aprobación de un préstamo de 75 millones de dólares para completar la obra.

La Hunt Oil, cuyo propietario Ray Hunt aportó más de US$ 100.000 a la campaña presidencial de Bush y, junto a su esposa, cedió los primeros 2.000 dólares para la reelección del presidente, integra los consorcios que trabajan en Camisea, junto con la surcoreana SK Corporation, la belga Tractebel y la argentina Techint. Justamente, en junio las instalaciones de la firma argentina en Ayacucho fueron asaltadas por terroristas de Sendero Luminoso. Y, el sábado, un técnico de esta empresa murió en un accidente cerca de un campamento en la provincia de La Convención.

El coordinador del gobierno peruano del proyecto, Luis Ortigas, admitió que existían fuertes presiones de los ecologistas para que el BID no apruebe el préstamo, y que dependía de la decisión del organismo la entrega de otros créditos pendientes del Eximport-Import Bank de los Estados Unidos (Eximbank) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Pero Ortigas no manifestó mayor preocupación. “El aplazamiento no va a afectar la continuación del proyecto, ya que las compañías sólo van a tener que usar sus propios recursos”, dijo a Clarín. En tanto que el representante de la Hunt Oil en Lima, Carlos del Solar, aseguró que la determinación del BID “no paralizará ni dilatará el cumplimiento del cronograma”. Se prevé para agosto del 2004 el término de la obra a un costo global de US$ 2.800 millones.

En las semanas previas a la sesión de directorio del BID, las 23 organizaciones ecologistas remitieron cartas al presidente del banco, Enrique Iglesias, y al titular del Eximbank de los Estados Unidos, Philip Merrill, para que postergara el desembolso de los créditos al proyecto de Camisea hasta que las compañías no corrigieran los severos daños causados al ecosistema y a las poblaciones nativas.

“Nosotros no nos oponemos al proyecto de Camisea, porque es muy importante para el desarrollo del Perú e implica progreso”, dijo a Clarín la coordinadora en Lima de Oxfam América, Cathy Ross: “Pero estudios de impacto ambiental realizados por empresas independientes han encontrado alarmantes daños, en particular en la zona del Bajo Urubamba, en el Cusco. Las compañías no tienen un monitoreo especializado y adecuado y lo que pedimos es que antes de recibir el crédito del BID, la CAF y el Eximbank garanticen que cumplirán los estándares internacionales de reducción de riesgos”.

La lucha es muy dura para las organizaciones civiles, si se repara en que el representante de EE.UU. en el directorio del BID, José Fourquet, trabajó con la comunidad hispana a favor de la candidatura de Bush. Además, el presidente del Eximbank, Philip Merrill, fue socio del actual vicepresidente estadounidense.

Los informes de impacto ambiental por las obras, ordenados por el gobierno peruano, las compañías y los bancos, son confidenciales. Pero el 28 de julio último la organización Friends of the Earth logró, a través de una demanda judicial, tener acceso a un detallado y revelador informe que guardaba el Eximbank. Según pudo comprobar Clarín, el reporte de ese banco señala que los sistemas de mitigación de daños que aplican las corporaciones que trabajan en Camisea “son lamentablemente inadecuados”, y como resultado se están registrando “efectos irreversibles”. El trabajo de 165 páginas consigna que se ha registrado “la pérdida seguida de la flora y la fauna silvestre, la fragmentación y reducción de la biodiversidad, así como de importantes especies de animales y plantas”.

También sostiene que se han “difundido enfermedades desconocidas por los indígenas”. Las empresas han negado los cargos.

Según The Washington Post, el Departamento del Tesoro recomendó posponer la aprobación del crédito hasta que el proyecto “no cumpla con los estándares que indica la ley sobre la protección del ambiente”. La líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, escribió al secretario del Tesoro, John W. Snow, para que no vote a favor del crédito hasta que el BID garantice que la obra no daña la vida natural amazónica.

Lo mismo hizo el senador Patrick J. Leahy, quien reclamó al BID y al Eximbank preocuparse por los informes sobre daños a la ecología antes de dar luz verde a los millonarios créditos.

El gobierno de Alejandro Toledo envió una misión especial a Washington para garantizar que la explotación del gas de Camisea, así como el tendido del gasoducto que se inicia en la selva amazónica, cruza los Andes y llega a la costa del sur, no afectará los sistemas ecológicos.