POLICÍA CON PRONTUARIO EN BUSCA DE UN PORRÓN NOCTURNO

Tres policías en actividad llegaron a un quiosco del macrocentro en busca de emoción, diría más tarde la víctima en la comisaría 5ª. Uno de ellos, de la tan mentada –en los últimos meses– fuerza local de Drogas Peligrosas de la Policía Federal se puso nervioso porque el propietario del local, un pibe de 23 años, se negó a venderle alcohol en plena madrugada (la hora de veda), detallaría el muchacho en sede policial.

Así que el federal, que fue preso a principios del 2001 por un homicidio, sacó su arma reglamentaria y lo amenazó para irse con sus compinches –dijo el quiosquero– llevándose el porrón en cuestión sin pagar y cometiendo, por lo tanto, un asalto. Una hora después una patrulla del Comando Radioeléctrico vio en la zona el auto descripto por el denunciante y los llevó presos a los tres, señaló un vocero de la Unidad Regional II. Con el federico iban dos policías en disponibilidad de la fuerza provincial, que curiosamente habían ido tras las rejas a finales de 2000 (una semana antes que su colega) por la extorsión a un comerciante del barrio Ludueña, sostuvo esta fuente. El trío quedó imputados de robo calificado, amplió.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.45 de ayer en 27 de Febrero 1435, donde Edgardo Quinteros (de 23 años) se aburría atendiendo su quiosco. “Llegó un tipo en un Fiat Uno, patente SWL 360, acompañado por otros dos. Le pidió que le vendiera un porrón, pero el quiosquero le contestó que no vendía bebidas alcohólicas, por lo menos en ese horario. Así que el cliente se puso nervioso, sacó una nueve milímetros y amenazó con matarlo. Así que al pibe no le quedó más remedio que entregarle la cerveza. Después, se fue cantando victoria, aunque se olvidó de pagar”, describió las precisiones del caso un vocero de la policía local.
Asustado pero indignado, el joven quiosquero llamó al Comando, contó los detalles y dio la chapa patente del auto en que se había ido el apretador, dijo un portavoz de la UR II. “Una hora después, otro móvil del Comando vio la chapa buscada en un Fiat Uno estacionado en Colón al 2400 y tres tipos que llegaban al auto. Uno dijo que era el dueño del vehículo, y a él le secuestraron la nueve milímetros con la inscripción Policía Federal Argentina”, amplió la fuente.

El portador del arma era Juan Benjamín Cartazzo, de 25 años, cabo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Federal en Rosario –informó la policía–, que marchó preso junto con sus acompañantes, que fueron identificados como el oficial subayudante de la policía local Ramón Higinio Arce, de 31 años, y el cabo primero de la misma fuerza Ramón Orlando Luna, de 41, ambos en disponibilidad a la espera de una resolución judicial.
Cartazzo había sido protagonista de un confuso hecho en la madrugada del primer día del año 2001. Según publicó este diario, en aquel momento el cabo de la Federal trabajaba en los Bomberos Zapadores del barrio porteño de Flores y estaba en Rosario de visita en casa un amigo.

En Ovidio Lagos al 8800, Cartazzo dijo haber sido abordado mientras se desplazaba en su auto por dos hombres que lo habrían apuntado con un arma para robarle. Agregó que sacó su arma, se produjo un forcejeo y que la pistola se le disparó accidentalmente.

Fabián Darío Sandoval, de 29 años, murió horas después en el Heca a raíz de un tiro en el corazón, y Cartazzo siguió preso cuando quince días después la jueza Raquel Cosgaya le denegó el pedido de libertad, ya que su versión para entonces no estaba acreditada en el sumario.
Tres años y medio después, ayer a la madrugada, volvió a marchar preso cuando seguía cumpliendo funciones en Drogas Peligrosas de la Policía Federal, la misma fuerza que estuvo bajo la lupa por las irregularidades detectadas en el marco del caso Sandra Cabrera, incluyendo la exoneración del entonces jefe, Alberto Lomonte, y el procesamiento de su mano derecha, Diego Parluvzyck, por el crimen de la trabajadora sexual.

Los colegas de Cartazzo en la policía provincial, en tanto, habían marchado presos una semana antes que el federico por orden del juez Adolfo Prunotto Laborde, quien citó a Arce y Luna en Tribunales junto con el subcomisario Eduardo Ojeda para notificarlos de que habían sido procesados por extorsiones reiteradas, asociación ilícita y amenazas en perjuicio de diferentes vecinos de la comisaría 12ª, donde los tres trabajaban. Otros dos efectivos de la misma seccional ya habían corrido la misma suerte y luego se les sumaría un sexto.

En uno de los casos los había denunciado Ramón Vega, dueño de una empresa de mudanzas, quien en mayo de 2000 señaló que le habían exigido dos mil pesos para no inventarle una causa. A esta denuncia se sumaron luego un verdulero, un gomero y el dueño de una estación de servicios que les achacaron delitos similares.

Luna zafó luego del procesamiento, pero al parecer quedó “pegado” en otra de las causas, dijo una fuente policial, porque tanto él como Arce continuaban en disponibilidad a la espera del pronunciamiento judicial.
En abril de 2001, Vega denunció haber hallado en el despacho del jefe de la seccional 12ª el perchero que los policías a los que acusó se habían llevado de su fábrica de mobiliarios. El entonces titular de la comisaría, Jorge Desideri, señaló que cuando él se hizo cargo –en reemplazo de Agustín Canavosio– el objeto en cuestión ya estaba allí.

Dos uniformados arrestados depués de exigirle coima a un cobrador

Un medio televisivo local, Canal 3, transmitió ayer la detención de dos efectivos de la Patrulla Urbana acusados por un pibe llamado Emanuel de exigirle coima para poder transitar por Batlle y Ordóñez y Oroño, en la zona sudoeste de la ciudad. La madre de la víctima y el propio joven dijeron a cámara que uno de ellos ya le había sacado al muchacho, que trabaja en su ciclomotor como cobrador, 150 pesos en la última semana, por lo que la mujer se comunicó con el jefe de esta sección y, al no producirse el cobro de la nueva cuota que le habrían exigido, convocó a la prensa para garantizar que el arresto efectivamente sucediera.

La madre del pibe se preguntó: “Dicen que estamos seguros porque hay más policías en la zona. Pero, ¿qué seguridad? Si les tenemos que pagar extra para que nos cuiden. No le pueden sacar la plata a un chico que está temblando (de miedo) y lo único que hace es trabajar para ganarse la vida”.

“(Mi hijo) gana por día 23 pesos y la Patrulla Urbana le sacó en una semana 150 pesos. Yo lo llamé al jefe de la Patrulla Urbana, (el subcomisario Gustavo) Espoletti, y me dijo que nos citáramos acá, porque íbamos a estar cuando le pidieran la coima a mi hijo, ya que le dijeron que volvían en quince minutos. La patrulla está ahí (a dos cuadras), y no sé cómo se enteró de que el jefe estaba acá y no viene (a cobrar la cuota de la nueva coima que le habrían exigido)”, dijo la mujer.

Ante las cámaras, Espoletti explicó que se trasladarían hasta el lugar donde estaba el móvil con los acusados y señaló que harían el arresto preventivo del personal. “Dice (el denunciado) que en ningún momento le solicitó dinero (a la víctima); que sólo lo identificó un rato atrás mientras iba en la motocicleta”, señaló luego Espoletti a la cronista, cuando las cámaras mostraban el momento preciso del arresto de uno de los policías.
Luego de que madre e hijo identificaran al acusado de pedirles la coima, afirmó la mujer: “Él dijo que el superior iba a pasar a retirar el dinero; que tenían la dirección de mi casa. Me da miedo, pero basta: si todos vivimos con miedo, ¿cuándo se va a terminar esto?”.

El chico, en tanto, señaló que los policías que le sacaban el dinero eran siempre diferentes, aunque apuntó al que fue arrestado como quien le había pedido minutos antes una nueva cuota. “Estoy cansado; trabajo para ellos. Y ahora tengo miedo de que me jodan a mí, aunque el jefe me dio la palabra de que no me iban a hacer nada”, le dijo el chico a Canal 3, que informó que dos efectivos habían sido detenidos por este caso.

Desde la Agrupación Cuerpos (de la cual depende la Patrulla Urbana), un vocero le señaló a este diario que se comunicara con Prensa y Relaciones Policiales de la UR II, donde un portavoz negó que hubiese información oficial para brindar y que en el caso intervenía la División Judiciales. Allí, una portavoz volvió a derivar a Prensa la responsabilidad.