Policías acusados de sedición: “Se investiga la toma violenta de la Jefatura, casi en simultáneo con el inicio de los saqueos en Concordia”, dijo Osorio

El juicio en el que se investiga la responsabilidad de los efectivos policiales en los saqueos registrados durante el alzamiento policial del 8 y 9 de diciembre de 2013, comenzó este lunes, poco después de las 8 en Concordia. Las audiencias a los 18 policías responsabilizados por la violenta toma de la Jefatura y la ola de saqueos que dejó un saldo de tres muertos, serán alrededor de 23 y se desarrollarán en unos dos meses, según informó el periodista Horacio Osorio a este medio. “Lo que se está investigando no es si hubo o no acuerdo de partes, sino la toma de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, en hechos violentos donde fue agredida la cúpula policial”, precisó. Además, dijo que la pesquisa está orientada a conocer sobre “la toma de los comandos de comunicación que tenía la fuerza, y por qué algunos policías emitieron órdenes para que dependencias tanto de Concordia como del departamento no acudieran a los llamados de vecinos”. En tanto, Osorio agregó que “también se investiga que, casi al mismo momento en que ocurre la toma de la Jefatura, arrancaron los saqueos en dos puntos de la ciudad, como si hubiese sido un hecho coordinado y acordado con preaviso”.

En el debate oral se investigan los delitos de “sedición agravada, privación ilegitima de la libertad, daños calificados de bienes públicos, encubrimiento y lesiones graves, todo esto en concurso ideal” en contra de 18 policías.

El director de Diario Río Uruguay, el periodista Horacio Osorio explicó en diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio de La Plaza), que la primera audiencia “arrancó con el ingreso de las autoridades judiciales y la llegada del último de los imputados a la sala de audiencias”. Sobre el panorama en las inmediaciones de tribunales y el humor social en Concordia respecto de este debate, Osorio describió: “Da la sensación como que el resto de la ciudad, salvo los 50 metros frente a los Tribunales, ni se ha percatado que arranca este juicio. El resto de la ciudadanía sigue el ritmo normal. Es más, un hombre que pasaba por el lugar se detuvo, volvió sobre sus pasos y preguntó por qué había tantos policías en la zona”.

En cuanto a la lista de testigos, Osorio manifestó que la nómina del fiscal “hasta hace unas dos semanas, contemplaba la citación de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial”. “Es más, en una charla fuera de micrófono los funcionarios judiciales decían que esto atraerá la atención de los medios provinciales porque desfilarán por aquí -en referencia a los tribunales concordienses-, las autoridades que protagonizaron aquellas reuniones en momentos de mucha tensión y que fueron encabezadas por el propio gobernador Sergio Urribarri”. Agregó en el mismo sentido que “la lista de testigos tuvo una reducción porque hubo coincidencia entre los declarantes que se convocarían por parte de la Fiscalía y de algunos defensores. Allí hubo un consenso para unificar la lista de personas que brindarán su testimonio. En esa nómina también figuramos varios periodistas que por una cuestión laboral, cubrimos la toma de la Jefatura Departamental de Policía aquel 8 de diciembre de 2013”.

Asimismo, Osorio dijo que como periodista citado para testimoniar, el fiscal le advirtió que si estaban “cubriendo las audiencias desde el primer minuto”, eso podría significar “alguna objeción por parte de los defensores, al entender que siendo que algunos de los testigos de parte, podría haber escuchado testimonios anteriores y eso podría influir a la hora de declarar”. Sobre la citación al obispo Luis Collazoul, Osorio asentó: “Figuraba en la lista de testigos”.

“Se estima que el juicio tendrá una duración de dos meses, que se dosificarían las audiencias tanto de mañana como de tarde, a medida que se vea si los días previstos alcanzarán para la cantidad de testimonios”, detalló el periodista concordiense.

Como opinión personal, sostuvo que “el juicio está lejos de los picos de atención que tuvo en su momento la toma de la Jefatura en diciembre de 2013”. “Escuchando medios locales, la noticia aparece dentro del conjunto de otras noticias y no como destacada”, añadió.

Qué se investiga

Sobre los antecedentes de juicio por sedición en la Policía, el periodista acotó: “Nos decían que generalmente, actos de rebeldía que podría llegar a ser tomado como sedición, se definían dentro de la propia fuerza con alguna medida interna”.

Osorio aclaró que “lo que se está investigando no es si hubo o no acuerdo de partes, sino la toma de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, en hechos violentos donde fue agredida la cúpula policial”. Además, la pesquisa está orientada a conocer sobre “la toma de los comandos de comunicación que tenía la fuerza, y por qué algunos policías emitieron órdenes para que dependencias tanto de Concordia como del departamento, no acudieran a los llamados de vecinos”, precisó y agregó: “También se investiga que, casi al mismo momento en que ocurre la toma de la Jefatura, arrancaron los saqueos en dos puntos de Concordia, como si hubiese sido un hecho coordinado y acordado con preaviso”. “Todo esto de acuerdo a lo que dijo el fiscal y que está documentado”, asentó.

“También se investiga que, casi al mismo momento en que ocurre la toma de la Jefatura, arrancaron los saqueos en dos puntos de Concordia, como si hubiese sido un hecho coordinado y acordado con preaviso. Lo que fue después la negociación puede llegar a estar incluido dentro del juicio, pero entiendo que sería estrategia de defensa de los imputados, que intentarán llevar un poco de responsabilidad a las autoridades políticas de la provincia. Pero lo que se investiga en el juico es la toma de la jefatura y el inicio de los saqueos”, subrayó.

“Estimo que este será uno de los aspectos que intentará reforzar la defensa lo del acuerdo de partes que hubo en la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG)”, recalcó Osorio respecto de algunas cuestiones difundidas a nivel mediático como el análisis de una grafóloga que sostuvo que la firma del gobernador no fue bajo presión. “Porque lo señalaron en más de una oportunidad es que lo que derivó en la toma de la Jefatura, y fue una protesta que venía desde hacía varios días con la instalación de carpas en la plaza 25 de Mayo y el pedido de reuniones con el ministro de Gobierno -Adán Bahl- y la cúpula de la policía provincial. Es así que lo que sostienen los defensores es que el acuerdo con el gobierno no fue bajo presión, como se escuchó decir a más de un funcionario. Con lo cual el fiscal tampoco coincide, porque él dice que la propia ciudad no hubiese soportado una noche más de terror que por ese momento se vivía. Vuelve a mi respuesta anterior: lo que se investiga no es aquel acuerdo, sino lo que es el comienzo e todo: la toma de la Jefatura y los saqueos”, manifestó.

Las penas

“Hace tres meses fue una noticia la modificación de carátula y las defensas lo presentaron casi como un triunfo antes del fallo. En realidad no varió mucho. Hablábamos de una pena máxima que rondaría los 20 años, y con la modificación de carátula hablamos de una pena máxima que podría rondar los 18 años. En lo cuantitativo, si bien hubo una diferencia, creo que no es sustancial, por el tipo de delito del que hablamos”, precisó Osorio.

Causa, testigos e imputados

El fiscal Mario Guerrero detalló que más de 840 personas “participaron en las etapas anteriores” como testigos, pero “hay de ambas partes, es decir ofrecidos por defensores y fiscales, por lo que expondrán una sola vez”.
La causa fue caratulada como “Zaragoza, Carlos Daniel y otros s/ sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación pública” y el tribunal presidido por Jorge Barbagelatta llevará adelante las audiencias.

Los acusados son el ex oficial de policía Carlos Zaragoza, y los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Esteban Cendra, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Imaz.

Todos fueron imputados por los saqueos registrados durante el alzamiento policial del 8 y 9 de diciembre de 2013 en reclamo de mejoras salariales, que dejó un saldo de tres muertos, una violenta toma de la Jefatura local y una ola de saqueos. Además, días después resultaron “positivos” 105 allanamientos, es decir que se encontraron objetos robados, y fueron hallados en cinco domicilios de familiares de efectivos de la fuerza.

 

 

Fuente: Análisis Digital