POLICÍAS CON ARMAS VIEJAS, CARENCIA DE BALAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

“Los vecinos se han revelado ante la falta de seguridad, en tanto el Gobierno y la Jefatura de Policía prometen seguridad” -dice Martínez, secretario general de la Delegación Departamental Rosario de A.Pro.Pol. y secretario de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, actualmente en situación de “disponibilidad” derivada por la persecución política en Santa Fe, según se inserta en el artículo periodístico- y agrega que “la realidad nos muestra el colapso de la seguridad pública nacional y lo que sucede en Santa Fe gira alrededor de ello con las particularidades comarcales”.

“Largos años o décadas de políticas pocos claras e irresponsables nos han puesto en esta situación. También debemos admitir que nosotros, los trabajadores policiales, tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pues nada de lo que sucede es ajeno a nuestra humanidad por más que sea acotada o menor”.

“Lamentablemente, hoy se sigue hablando de brindar seguridad sin mencionar la grave situación que atraviesa el trabajador policial.
Como un gesto que destacamos, el nuevo titular de la UR II -comisario mayor Luis Pogliese- ha dicho que el ‘policía está trabajando más de 10 horas diarias’. El y nosotros lo sabemos, pues hemos compartido jornadas mucho más extensas en busca de un mejor servicio”.

Compromiso gremial.

“Allí, en ese punto, está nuestro compromiso: aportar como sector social de trabajadores a mejorar la situación como objetivo de bien común, pero si olvidar que fuimos llamados a ‘proteger al que protege’.
Es decir, a velar porque no se dejen de lado aquellos derechos que le son propios al policía”.

Deficiencias y propuestas.

“Por un lado se le promete una mejor seguridad a la comunidad pero por otro quienes tenemos la responsabilidad primaria de ejecutar esa decisión política no tenemos las condiciones necesarias.

“Por ello, más allá de nuestra postura y acuerdos, no podemos dejar de describir nuestra situación y que la gente de ‘al César lo que es del César’. Debemos decir que bajo ningún punto de vista podemos brindar seguridad cuando hace más de 10 años que no aumentan los salarios y la familia policial está condenada a sufrir y a mendigar. Por ello pedimos blanqueo de sueldos y aumentos acorde a la canasta básica familiar.
“No tenemos jornada limitada de trabajo y esto destruye la vida del policía, que debe estar un promedio de 12 a 14 horas diarias en su trabajo. Solicitamos una jornada acorde a las leyes vigentes, que nos saque de esta situación de esclavitud moderna y nos permita ser más eficientes con menos horas de labor, pero con mayor rendimiento.

“Nos descuentan el 20% de los servicios adicionales que realizamos y no sabemos ni quieren explicitar dónde paran esos fondos. La derogación de esa retención sería un incremento interesante que daría alivio a las familias, mientras viene la recomposición que pedimos.

“No entregan uniformes (hace más de 10 años), el armamento es obsoleto, las municiones y elementos de seguridad son casi inexistentes. Por ello los pedimos, pues ratificamos que “no se puede dar seguridad desde la inseguridad”.

“El trato es, en muchos casos, denigrante y vejatorio. Por ello pedimos trato justo y respetuoso. No sólo para el superior jerárquico, sino para todos los trabajadores, pues de esa forma se hará escuela en cuanto a la virtud de la cortesía y el trato respetuoso.

“La capacitación e instrucción es nula. Pedimos que el personal sea capacitado en forma integral y sin cargo, pues decimos que tenemos el personal de instructores y profesores necesarios en nuestra Policía.

“Los ascensos son para algunos pocos privilegiados. Sabemos que esta es una realidad que desgana a muchos buenos funcionarios, que al ver esto deciden `invernarï en sus apetencias profesionales, achatando la carrera en la cual no encuentran motivaciones. Propugnamos reformar el sistema de ingreso, selección, promoción y ascensos a tal fin.

“No hay planes de viviendas y hay policías que viven en zonas de alto riesgo (ejemplo: villas de emergencias). Lo solicitamos permanentemente, y hoy la mayoría somos discriminados para acceder a una vivienda Fonavi pues exigen un sueldo mínimo de $ 790, sabiendo que el policía no pasa el promedio de los 500 pesos en el mejor de los casos.

“Mientras los ladrones entran por una puerta y salen por la otra se nos somete a sanciones administrativas (arrestos) con privación de la libertad. Es inadmisible que el trabajador policial sea privado de su libertad sin juicio previo, sin defensa, sin control judicial y con la desproporcionalidad de la medida tomada con referencia a una simple falta administrativa. Sostenemos que el arresto es vejatorio y denigrante y no sólo afecta al policía, sino a su familia.

“Nos deben cientos de miles de pesos de deudas históricas y no las quieren pagar. Hemos tenido que recurrir a la acción judicial por malas liquidaciones y lo que es peor por falta de ellas en otro casos. Hasta ahora seguimos esperando a pesar de ser uno de los sectores más castigados de la administración pública central.

“Estamos cansados de los recargos indebidos. Por ello decimos que deben no sólo tomar más personal, sino procurar un uso racional de los medios humanos que se cuentan, evitándose los servicios de favor o dudoso a personalidades, comercios, etc. Allí deberán contratarse servicios adicionales.

“No tenemos combustible suficiente para los móviles. La cuestión es simple, si no hay combustible no se puede patrullar, por ello es necesario distribuir lo existente de forma adecuada y controlar que lo que se destina a cada móvil llegue a sus tanques.

“Las Comisarías están llenas de presos y no hay personal. Decimos claramente que en las grandes ciudades la Policía hace de guardiacárcel y esto constituye una situación de beneficio para el delincuente.
Además, los penales de Comisarías son obsoletos e inseguros.
Denunciamos una aplicación indiscriminada y antirreglamentaria de la medida de ‘pase a disponibilidad’ por casos de evasiones que consideramos son un nuevo atropello al trabajador que no fue contratado, no fue capacitado ni consintió cubrir una función que el empleador le asigna (guardiacárcel), y además cuando se escapa un detenido lo sanciona. Solicitamos que los penales de las Comisarías sean entregados al servicio Penitenciario provincial y los efectivos salgan a la calle a trabajar como policías”.