Policías sediciosos: la Fiscalía Federal pidió nuevas medidas mientras se individualiza a los rebeldes
El fiscal Walter Rodríguez diligenció una nueva batería de medidas en el marco de la causa que el propio Gobierno impulso con su denuncia por sedición el pasado martes. Por ahora, no se informaron nombres de los policías que presionaron y con su accionar arrancaron una decisión política. La respuesta del Arzobispado santafesino. La lupa sobre los dirigentes de Apropol.
El Fiscal Federal santafesino Walter Rodríguez firmó este viernes un nuevo decreto en el que amplió los requerimientos, principalmente, al ministerio de Seguridad de la provincia. Rodríguez ya había ordenado una serie de acciones el miércoles, relacionadas a la denuncia que el Fiscal de Estado santafesino, Pablo Saccone, presentó en ése ámbito por la presunta comisión del delito de sedición de un grupo de policías. Como primeros pasos de la pesquisa, el Fiscal Federal despachó una serie de pedidos de informes al ministerio de Seguridad, a la municipalidad, a la Fiscalía de estado y al Arzobispado santafesino. Precisamente, el titular de la diócesis, respondió el requerimiento de la justicia, que le solicitó individualizar a los presentes en las negociaciones. José María Arancedo respondió “que no se tomó lista” y que los negociadores cambiaban de acuerdo a las circunstancias.
La información más esperada en el Ministerio Público es la que contenga los nombres de, al menos, dos centenas de policías que exhibieron armas y dañaron bienes del Estado en los hechos que han tenido profusa difusión. El ministerio de Seguridad provincial se abocaba desde el miércoles a la elaboración de ese listado y, según explicó una fuente gubernamental “servirá para elaborar un sumario administrativo madre”.
Por lo pronto, Rodríguez solicitó una copia de las actuaciones desarrolladas en la causa tramitada por la justicia santafesina en base a la denuncia del Gobernador Antonio Bonfatti contra el representante de la Asociación de Profesionales Policiales (Apropol) Alberto Martínez. Según el titular del Poder Ejecutivo provincial “ese grupo se convocó a la sublevación de la policía para que se sumara a los reclamos realizados en la Provincia de Córdoba”.
El Fiscal señala que “teniendo en consideración que el doctor Pablo Saccone puso en mi conocimiento que el Poder Ejecutivo no identificó a quienes intervinieron en “el conflicto policial” y que César Rojas, Miguel Portillo, García Chesa y Luis Tomasevich tomaron parte de las negociaciones invocando la representación letrada de diversos sectores, solicítese al señor Fiscal de Estado provincial –en el marco del ofrecimiento de colaboración que el nombrado efectuara mediante nota fechada el día 12 del corriente mes-, se sirva precisar los datos de las personas físicas que integran dichos sectores y suministre a esta Fiscalía el listado de referentes de cada uno de ellos, especificándose la nota distintiva individual, es decir, si los agrupamientos de efectivos policiales responde a jerarquías alcanzadas, edad, zona geográfica o cualquier otro punto de conexión que los identifique en función de sus intereses, incluyendo las representaciones asamblearias”.
También se ofició al Subsecretario de Modernización de Gestión dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe para que remita a la Fiscalía copias en formato digital de todas las filmaciones existentes en la cámara ubicada en el hall de entrada a la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, entre las 00.00 hs. del día lunes 09 de diciembre hasta las 18:00 hs. del día 10. Además se requirió a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía que informe sobre las actuaciones administrativas que abrió o impulsó a partir de la denominado “conflicto policial”, a partir de las obligaciones que surgen del texto del decreto 1359 del año 1997 por el cual se crea la órbita de control estatal.
Finalmente, y en esta línea investigativa, se comenzó una pesquisa dentro la propia fiscalía del desarrollo y alcance de la agrupación Apropol en distintas redes sociales.
Por Héctor M. Galiano
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