POLICÍAS Y EMPLEADOS JUDICIALES EN LA MIRA POR “VENTA” DE FUGA

La Justicia tucumana investiga desde el pasado 30 de diciembre si funcionarios policiales y judiciales de esa provincia integraban una banda dedicada a liberar presos mediante el armado de falsas causas penales que obligaban a realizar traslados, en los que los detenidos –a partir de un pago– finalmente se “escapaban”. La pesquisa se inició a partir de un hecho sucedido aquel día en la ciudad de Santa Fe, cuando dos suboficiales se presentaron con un exhorto –que resultó falso– para llevarse a un santafesino, al parecer de 32 años y con identidades múltiples, encarcelado en la Unidad I de Coronda. Aunque el juez de Sentencia de Santa Fe Alejandro Echarte sospechó porque al documento le faltaba el sello del juzgado y, al llamar a Tucumán, confirmó el fraude.

Pero no sólo el exhorto resultó falso, sino también una causa originada en 2000, que dejaba constancia de que un hombre había sido víctima de un robo agravado, hecho que jamás existió, y que disparaba los pedidos de detención. Ayer, versiones policiales de la capital santafesina hablaban de que, en realidad, este caso habría sido un globo de ensayo para intentar luego la misma maniobra con tres integrantes de una banda de tucumanos especialistas en salideras bancarias, detenidos desde el año pasado en Santa Fe.

Por otra parte, se detectó que la maniobra también fue ensayada de manera infructuosa el mismo día, el último hábil de 2004, en Córdoba, mientras que ayer trascendió que uno de los sargentos que intentó el ardid en Santa Fe habría protagonizado un caso similar en Mendoza, diez meses atrás, ya que el recluso se le “fugó” en Catamarca, según publica el diario El Siglo de Tucumán.

Ayer, el ministro de Seguridad Ciudadana de Tucumán, Pablo Baillo, le informó a Télam que en el marco de una investigación interna de la policía de esa provincia fueron separados de sus cargos los cuatro policías: el oficial Enrique Díaz y el agente Sergio Escobar (involucrados en el episodio ocurrido en Córdoba) y los sargentos Manuel Ruiz y Dardo Campos (en Santa Fe, donde pasaron esa noche presos y quedaron a disposición del juez de Instrucción Diego de la Torre). “Estamos frente a una banda que utilizaba contactos tanto en la policía como en la Justicia para que se liberaran presos de otras provincias”, explicó Baillo en referencia a la causa que está en manos de la fiscal tucumana en feria, Teresita Marnero.

La presunta existencia de esa organización ilegal comenzó a investigarse tras el episodio santafesino: el origen del exhorto “trucho” fue una extraña presentación del 28 de diciembre de 2000, cuando en sede policial un hombre identificado como Miguel Chavarría denunció un robo. Pero, al investigarse la denuncia, se comprobó que el verdadero “Chavarría jamás declaró y nunca sufrió tal asalto. Toda la documentación policial que se manejó había sido fraguada”, dijo Baillo.
El 20 de noviembre de 2004 se introdujo en la causa por ese supuesto robo la declaración de una mujer que aseguró saber dónde estaban los responsables de ese atraco. La mujer aportó los nombres de dos detenidos, uno alojado en una cárcel de Córdoba (Miguel Ángel Acuña) y otro en un penal de Santa Fe, por otros delitos. En base a esa declaración, que carecía de firma, un fiscal y su secretario habrían firmado el exhorto para que una comisión policial viajara a buscar a esos presos. Se sospecha que estos policías estaban en connivencia con el personal judicial para encargarse de los presos y “perderlos” en el camino.

Aquel rengo de la peluca rubia

Según el oficio trucho que traían los policías tucumanos, el preso alojado en Coronda, donde cumple una condena a 15 años por robo calificado, tiene al menos cuatro identidades: José Miguel Ramírez, José Miguel Martínez Ramírez, Héctor David Tagliaferro Vargas o Héctor Raúl Casas.
Es el mismo interno, al parecer nacido en El Trébol, que el 31 de agosto de 2003 quiso fugarse de la cárcel de Las Flores vestido con las ropas de su novia (era día de visita), maquillado, con una peluca rubia, corpiño relleno y un chico en brazos, aunque lo descubrieron. Había sido detenido el 8 de febrero de 2002, acusado por el copamiento de la comisaría y asalto simultáneo al Banco Nación y a una mutual de Progreso. Aunque zafó porque ningún testigo del golpe –con un botín de 110 mil pesos y armas– describió su renquera, marchó preso a San Francisco, Córdoba, donde tenía captura por un asalto