POLÍTICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL FÚTBOL

Cuarenta hombres —muchos de ellos, comisarios; muchos otros, jefes de seguridad de los clubes— lo escucharon decir a Javier Castrilli: “Estamos diez kilómetros bajo tierra. Pero aunque nos dé la impotente sensación de andar por Bagdad con un calibre 22, se puede trabajar por un fútbol en paz. Y eso no se logra con palos sino con educación”. La frase, entre pesimista y esperanzada, sonó ayer en el seminario que sirvió como presentación del Programa Nacional de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos.

El mismo está a cargo del ex árbitro y ahora funcionario, quien depende del Ministro de Justicia, Gustavo Beliz. El objetivo es implementar políticas que garanticen la integridad de espectadores y protagonistas. Se busca la unificación de leyes a nivel nacional (en la provincia no se pueden ingresar banderas grandes, y en Capital, por caso, la reventa de entradas sólo se sanciona si altera el orden). Además, se creará el Consejo Federal de Policía Deportiva y una Justicia Especial.

“Soy escuchado por el poder político, así que no tenemos excusas. Igual, esto no va a cambiar de un año a otro. La educación es nuestro eje de trabajo: hablemos con los chicos en las escuelas, en los torneos infantiles y tal vez los resultados se vean en 2005, en 2010”. Castrilli quiere emplear el Plan Jefes y Jefas de Hogar para que los clubes mejoren sus instalaciones.

En un salón prestado del Organismo Nacional de Administración de Bienes, en Retiro, se mostró enérgico. En el seminario del cual Clarín participó, Castrilli les pidió a los asistentes que “intervengan”, que “neutralicen los kioscos de los cuidacoches y los revendedores” y que “no tengan miedo a las denuncias ni a las detenciones”. Adelantó que se firmará un convenio con el INADI para darle pelea a la discriminación (“Violencia y discriminación también es no tener baños en condiciones”) y que se está trabajando con la AFA y la Confederación Sudamericana para actuar en los partidos de Eliminatorias.

“A ver, que levante la mano el que haya impedido el ingreso de un barra ejerciendo el derecho de admisión?”, preguntó, pensando que nadie respondería. “Yo lo hice, pero es imposible que esa potestad recaiga sobre una sola persona”, contestó Luis Juárez, jefe de seguridad de Lanús. Su par de All Boys, Francisco Capellano, pidió a Castrilli que “antes que modificar el decreto 1466/97, como usted dijo, hágale entender a los dirigentes la importancia de nuestra tarea”. Fue Capellano quien opinó que “técnicos y jugadores también son disparadores de violencia” y que la Policía de Rosario no da garantías: “No quiero ir más. Una vez nos recibieron efectivos alcoholizados y yo le tuve que sacar la escopeta a uno para que no disparara más”.

Ante un Castrilli atento que anotaba todo, un policía explicó que los que llamaban a la comisaría para interiorizarse de los operativos no eran los de seguridad del club visitante sino los barrabravas. “No queremos prohibir banderas ni pirotecnia, pero antes debemos ocuparnos de los homicidas que están libres y actúan en estadios a cara descubierta”, señaló Castrilli.

Se quejó de las dificultades: la base de datos de su oficina no está conectada con la de la Policía por falta de mantenimiento; las empresas que instalaron los equipos de video no les dan el servicio debido a los clubes; o la Federal, tras usarlo en el último San Lorenzo-Huracán, se quedó sin gas pimienta. “Es de venta libre y lo usan las mujeres para defenderse. Esa vez se usó para bajar del alambrado a los pocos que querían suspender el partido y fue muy efectivo porque se les aplicó directamente a esos: la Policía no debió usar gases lacrimógenos que afectan a todo el estadio”. Un Castrilli agotado contó que las mochilas con ese gas se terminaron ese mismo día. El Castrilli que a largo plazo ve un futuro menos violento confió que, luego de varias semanas, ahora ya consiguió reponerle a la Federal el gas pimienta.