POLÍTICAS SOCIALES FUERA DE LAS CÁRCELES PARA AYUDAR A LA CRISIS PENITENCIARIA

Si bien es un problema mundial, en América latina la superpoblación penitenciaria excede los límites críticos. Aunque ello está relacionado con el aumento del delito, también es un claro indicador de las fallas en la prevención del mismo. De ahí se desprende, aunque a la sociedad civil le cueste entenderlo, que la saturación de los penales no es sólo un trastorno para los reclusos. Porque es un tema que sólo podrá resolverse una vez solucionadas sus graves causas, no necesariamente vinculadas a la política penitenciaria. Una distribución más equitativa del ingreso, una reducción drástica de la deserción escolar y una resignificación de la justicia penal que la acerque a los actores sociales son algunas de las medidas que podrían contribuir a una fórmula que sólo podrá ser tangiblemente exitosa en el largo plazo.

A esta conclusión puede llegarse tras conversar con el abogado Elías Carranza, un rosarino que desde 1978 dirige el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), con sede en San José de Costa Rica. Con una larga trayectoria en el campo de los derechos humanos y la problemática delictiva y carcelaria, Carranza visitó el país para participar de la implementación de reformas ordenadas por la Justicia al sistema penitenciario bonaerense.

Carranza desgranó una política de cuatro puntos básicos en torno a los que se aglutinan formas prácticas para avanzar sobre el hacinamiento carcelario. Uno de ellos es “la prevención situacional del delito”, es decir, reforzar las medidas de seguridad “pero con prudencia, sin llegar al extremo de que eso implique una sociedad aterrorizada”. Paralelamente, es importante “promover la participación de las comunidades” en el tema.

“Al mismo tiempo -añadió el especialista- es fundamental aplicar dosis inagotables de políticas sociales y económicas que distribuyan más equitativamente el ingreso. Está verificada en varios países del mundo, mediante indicadores matemáticos, la correlación directa entre la inequidad y el delito. Y en la Argentina, por ejemplo, esa inequidad distributiva ha crecido aceleradamente en los últimos 15 años”.

Otro punto de discusión importante se refiere al sistema judicial. Al respecto, más allá de la necesidad de “una justicia penal pronta, pareja y sin impunidad”, Carranza destacó una modalidad que se viene promoviendo en los países nórdicos, además de Canadá y Holanda, conocida bajo el nombre de “justicia restaurativa”.

“Atendiendo a las particularidades de cada caso, en principio se apunta a que el victimario repare el daño, por ejemplo devolviendo lo robado a su víctima. Y se contemplan penas, con el acuerdo de ambas partes, posibles de cumplir prestando servicios a la comunidad”, describió el funcionario, y se entusiasmó al recordar que “una vez un juez condenó a un chico a que aprendiera a leer y escribir”.

Carranza explicó que en la mayoría de los países -aun los que no tienen mayores problemas de superpoblación penitenciaria- la tendencia actual es aplicar penas de prisión. Sin embargo, se mostró partidario de aplicar sanciones no privativas de la libertad, que entre otras cosas pueden facilitar una mejor distribución de los recursos públicos, incluso para destinarse a la prevención del delito. “Hay estudios en diversos países que determinan que hay el costo de una pena carcelaria es cinco veces mayor”, graficó.

El futuro
Pero más allá de las medidas a aplicar, si es que el hacinamiento carcelario tiene una posible solución real, para ello la clase política deberá algún día pensar a largo plazo. Carranza reveló que en Latinoamérica más del 50% de la población tiene menos de 35 años. Y según estudios de criminología, en cualquier país del mundo, los índices delictivos son mayores cuanto más joven es la población.

“Los índices delictivos aumentan allí donde los chicos pasan cada vez más tiempo alejados de la escuela y de la familia. Por eso hay que instrumentar políticas sociales para evitar la deserción escolar, no sólo para que los menores ejerzan su derecho a la educación, sino porque además así se previene el delito”, dijo Carranza.

En este sentido, destacó planes como “Ahora todos entran”, implementado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. “Estas iniciativas son importantes porque pueden ofrecer oportunidades más parejas a toda la población, pero se están ejecutando muy a pulmón y sería bueno que pudieran contar con más recursos”.