POR AMPARO, LA MAYORÍA DE LA ESTRUCTURA JUDICIAL COBRA UN 32% MÁS DE SUELDO

En acordada, el Superior Tribunal pidió al Ejecutivo unificar e igualar la situación para toda la estructura judicial. De los nueve integrantes del alto cuerpo, sólo seis decidieron no reclamar el reajuste.
Pese a los cuestionamientos y a las opiniones encontradas, un 80 % de empleados, magistrados, funcionarios y jubilados del Poder Judicial están cobrando, a través de un amparo, el reajuste salarial dispuesto por la ley 8.654. De esta manera a quienes reclamaron por vía judicial se les están liquidando los haberes con un 32 % de aumento.
Ante esta situación, en acordada, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió solicitar al poder político la unificación y regularización del pago de haberes para toda la estructura judicial y así terminar —según indicó a EL DIARIO el presidente del alto cuerpo, Juan Carlos Ardoy— con un “hecho de injusticia”.
De acuerdo a los números de Economía, el presupuesto en sueldos del Poder Judicial es de 65,5 millones de pesos anuales, que con el reajuste se debió reasignar una partida de 19 millones de pesos más. Pero si se dispone la unificación, Contaduría deberá modificar el plan de ingresos y gastos en 10 millones más.
“Había cuatro o cinco formas distintas de pago en el Poder Judicial, por lo que se le pidió al poder político, a través de la acordada, que se unificara esta situación, de una vez por todas”, explicó Ardoy.
Asimismo, comentó que un juez civil que efectuó el amparo está cobrando entre 1.500 y 1.800 pesos más que quien no lo hizo. En esa misma situación se ubican empleados, jubilados, magistrados y funcionarios aunque, a decir verdad, son contados con los dedos de una mano los vocales del STJ que no lo cobran.

REAJUSTE. “El Poder Judicial no tiene facultad para incrementarse el sueldo. Incluso el año pasado, se hizo un planteo ante Contaduría para que se aplique la Ley 8.654 y en ese momento se resolvió que no era oportuno, pero luego se interpusieron los amparos, que representó a un 80 % de la estructura judicial que cobra con reajuste. Fue así, que el 8 de julio, se resolvió que esto se haga extensivo, por un planteo de AJER, en el que se pidió naturalmente que se empareje para arriba y ésto fue lo que se pidió al Poder Ejecutivo, que se estandarice el cobro y que sea igualitario tanto para los que hicieron amparo como para los que no”, destacó Ardoy.
Para el presidente del cuerpo como para el vocal Carlos Chiara Díaz, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo hicieron algo para resolver la situación planteada en el Poder Judicial. “Hoy los sueldos se están fijando por amparos, cuando la Legislatura podría sacar una ley o una disposición judicial en la que se exprese el pago o no. Incluso se designó un tribunal ad hoc para resolver la apelación que hizo el Poder Ejecutivo a los amparos”, indicó Ardoy.

LA INTERNA. Sin embargo, para Chiara Díaz que hoy se ventile esta situación responde nada más ni nada menos que “a la interna feroz dentro del partido radical, que saca estos temas con el fin de entretenimiento para que la gente no se fije en los problemas que hay en otro orden”.
“Nosotros no resolvimos ningún aumento, el único pronunciamiento que tuvo el tribunal en su momento, fue hace un año, cuando se consideró que no era oportuno ordenarle al contador aplicar la ley vigente, pero esto se registró luego a posteriori, con una actitud personal de los empleados, funcionarios, magistrados y jubilados que hicieron acciones de amparo”, destacó el vocal.
A decir de Chiara Díaz lo que se pretendió con el pedido al Poder Ejecutivo fue “ponerle fin a las acciones de amparo, que día a día ingresan y que en definitiva representa un mayor gasto para el Estado, por eso pedimos una aplicación igualitaria, no la ley de enganche que de hecho o derecho se está cobrando”.
Según pudo saber EL DIARIO, de los nueve integrantes del cuerpo, los únicos que no cobran el aumento del 32 %, son: Ardoy, Miguel Carlín, Bernardo Salduna, Juan José Papetti, Hipólito Vales y Laura Schaller. El resto está percibiendo un sueldo, según confesó el presidente del STJ, que supera los 9.000 pesos.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Jorge Broggi, no puso reparos a dicho aumento y aseguró recibir con beneplácito la aplicación de la denominada “ley de enganche de las remuneraciones”. En ese sentido, Broggi aseguró que “las medidas de fuerza que se venían desarrollando no tenían que ver con el reclamo por el enganche sino por la puesta al día de salarios”.
Mientras tanto, otros trabajadores estatales siguen reclamando al Gobierno provincial una recomposición salarial, ya que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados del Estado es del 86 %, producto del incremento de la canasta familiar, la salida de la convertibilidad y la devaluación de la moneda.