POR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES, SE ANULARON UNOS 5.000 PLANES SOCIALES

Alrededor de 5 mil planes sociales fueron dados de baja desde 2002 por irregularidades en su otorgamiento, según pudo saber Clarín de fuentes del Ministerio de Trabajo. Fue en base a denuncias realizadas por la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social (UFISES). Y se trata de personas que cobraron los planes pese a tener otro ingreso o no estar en condiciones de recibirlos.

La UFISES, conducida por el fiscal federal Guillermo Marijuán, fue creada en marzo de 2002 para investigar las “jubilaciones truchas”. Medio año después, se amplió su competencia para supervisar los flamantes planes jefes y jefas de Hogar creados tras la crisis de diciembre de 2001. En aquel momento se llegaron a otorgar casi 2 millones de planes. Hoy quedan en pie alrededor de 1.490.000 planes.

La mayoría de los planes caídos fueron dados de baja en forma automática por “causas naturales”, es decir que sus beneficiarios consiguieron empleo o cesaron otras condiciones a cumplir para recibirlos. Un caso típico: los que dejaron de tener hijos menores a cargo porque éstos cumplieron 18 años.

Pero hay un universo de 5 mil casos que cayó en la investigación de la UFISES. Desde su creación, esta fiscalía especial realizó 3.864 investigaciones preliminares. Inicialmente se basaron en denuncias recibidas en sus propias oficinas, por carta o telefónicamente, ya fuera en forma anónima o no.

Del total de investigaciones, 2.317 se transformaron en denuncias penales. Muchas fueron desestimadas por no reunir los requisitos para una investigación penal, pero 417 de ellas se mantienen en pie sin que se conozca hasta ahora una condena. De todos modos, en todos los casos se procedió a la baja porque sí estaban reunidas las condiciones para tal medida administrativa.

La imprecisión en el número final de planes dados de baja por irregularidades obedece a que se suman casos individuales y colectivos. Por ejemplo, la UFISES detectó que 588 personas que trabajaban en el Ejército cobraron planes. Pero todos ellos figuran en una única denuncia. Además, en estas denuncias también se incluyen los casos de “apriete”, es decir, punteros que obligan a beneficiarios a ir a un piquete o un acto político bajo amenaza de no darle el plan.

Así como ocurrió en el Ejército, en la Armada se detectaron otros 179 casos; en la Prefectura, unos 200; en policías provinciales, 200; y en el Servicio Penitenciario Federal se registraron 95. El cruzamiento de padrones de los trabajadores municipales derivó en la baja de otros 200 planes.

Pero la palma mayor en este rubro se la lleva el cruzamiento que la UFISES hizo del padrón de beneficiarios de los planes con el de la ANSES, donde figuran los trabajadores que reciben aportes de sus empleadores para su jubilación. Allí saltaron 1.418 planes mal concedidos. Hubo incluso casos de alguna gente que percibía altos sueldos y que figuraba como trabajadores en grandes empresas.

Una de las últimas investigaciones determinó 182 beneficios mal concedidos en el municipio correntino de Goya. Al parecer, según fuentes de Trabajo, los planes habrían sido otorgados simplemente para solucionar un reclamo de aumento salarial de gente que ya tenía trabajo en la Municipalidad.

“Acá hubo casos de piqueteros que cortaban el tránsito frente al ministerio y venían con un disquete ya preparado con los nombres de personas que ellos pedían que fueran incluidas en el padrón del plan Jefes y Jefas”, se quejó una fuente que pidió estricta reserva de su nombre. Lo peor es que varios beneficios habrían sido finalmente concedidos a través de ese método.