POR EL DERECHO AL DUELO

La Cámara de Diputados votará esta semana una ley que preserva las tumbas sin nombre -ante la presunción de que se trata de desaparecidos durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983, y enterrados como NN‑ y los documentos oficiales que se conservan en archivos públicos con el fin de identificarlos, devolverle el nombre y localizar su destino final. “Es una ley que tardó 20 años”, dijo la diputada Alicia Gutiérrez, autora del proyecto que tendrá media sanción el jueves próximo después del dictamen favorable de las comisiones de Derechos y Garantías y Asuntos Constitucionales. La legisladora del ARI fundamentó la iniciativa en un derecho que se remonta al principio de los tiempos: el derecho de las personas al duelo y a sepultar a sus muertos. Pero que en la Argentina fue negado a miles de víctimas del terrorismo de Estado y del crimen más horrendo contra la humanidad: la desaparición forzada de personas, con lo cual ya llevan más de 20 años de sufrir la “ausencia” de sus familiares y la incertidumbre de su destino. “Al no haber un límite entre la vida y la muerte, las consecuencias fueron más atroces que la muerte”, planteó.

Gutiérrez presentó el proyecto el 15 de abril. La acompañaron con su firma otros seis legisladores: sus tres compañeros de bloque ‑Verónica Benas, Antonio Riestra y Aldo Strada‑, dos socialistas ‑Lucrecia Aranda y Alfredo Cecchi‑ y Mónica Peralta, de la UCR.

La ley impone obligaciones legales. Por un lado, a la directora del Registro Civil para que haga un registro especial de las partidas de defunción de los NN por muerte violenta entre 1976 y 1983 en toda la provincia. Y por el otro, a los intendentes y presidentes de comunas que deberán informar sobre las tumbas sin nombre que existan en los cementerios de cada población desde aquella época y preservar el lugar. “Toda acción o intervención sobre tumbas NN no podrá realizarse sin una orden escrita de autoridad judicial competente”, dice el artículo 3º. Una norma que prohíbe a la burocracia hacer desaparecer esos restos, como ya ocurrió en algunos casos en los cementerios de Santa Fe y Rosario.

El destinatario de toda la información que proporcionen el Registro Civil y los intendentes y jefes comunales será el secretario de Derechos Humanos de la provincia, quien deberá crear un registro de personas no identificadas que murieron en forma violenta y el destino final de sus restos.

La ley que propone la diputada Gutiérrez revela además que poco ha hecho la Legislatura de Santa Fe en estos 20 de democracia en este tema. El 12 de enero de 1984, el entonces diputado del Partido Justicialista, Bruno Simonielli, propuso crear una comisión bicameral “con la finalidad de reunir todas las denuncias relacionadas con casos de desaparecidos, secuestros, tumbas NN y cárceles ilegales”, entre otros delitos de lesa humanidad. Pero el proyecto nunca pasó la comisión de Asuntos Constitucionales, donde su colega Oscar Somma lo mandó al archivo el 28 de febrero de 1986.

El 4 de junio de 1998, el diputado justicialista Orlando Barquín logró que la Cámara vote una minuta de comunicación para que el gobierno “facilite la apertura de fosas comunes existentes en cementerios de distintas localidades en las que se presuma la existencia de restos pertenecientes a personas desaparecidas y enterradas como NN durante la dictadura militar”.

La diputada del ARI insistió que la desaparición de personas fue “uno de los crímenes más atroces contra la humanidad” que cometió la dictadura de Videla. “Las heridas abiertas, las secuelas que difícilmente puedan cicatrizar, las muertes que no pueden ser marcadas como muertes porque sus familiares no pudieron hacer el duelo dejaron aún más dolores que la propia ausencia: la no certeza. A los vivos los dejó medio muertos en medio de la vida. A los muertos los dejó medio vivos en la esperanza de la aparición con vida. Al no marcar claramente el límite que separa la muerte de la vida, sus consecuencias fueron aún más atroces que la propia muerte”, explicó.