POR LA DEUDA, INHIBEN BIENES DEL ESTADO ARGENTINO EN EE. UU.

Pese a las declaraciones oficiales desdeñando esa posibilidad, ayer se concretó la primera medida contra la Argentina a raíz de las demandas en contra del país por la situación de cesación de pagos vigente desde fines del año 2001.

Como se preveía, sucedió en los Estados Unidos. Un juez de distrito en el estado de Maryland, lindante con la ciudad capital de Washington, dispuso una inhibición que afecta a dos depósitos de la Fuerza Aérea Argentina y otros dos de la Armada.

Los galpones son propiedad de las Fuerzas y contienen armamento o equipamiento adquirido por la Argentina en los Estados Unidos, así como también equipos enviados desde el país hasta allí para ser sometido a reparación. Así lo confirmaron a Clarín varias fuentes del Gobierno que fueron consultadas anoche.

Esa mismas fuentes señalaron que la demanda de los acreedores privados —un estudio de abogados, en representación de acreedores que el Gobierno calificó de “fondos buitres”— que disparó la inhibición es por 270 millones de dólares. Y que el valor de los galpones más lo que contienen en su interior no superaría los tres millones de dólares.

“Por las cifras del reclamo y el valor de lo que hay en los galpones, es evidente que se trata de una medida simbólica”, explicó a este diario una de las fuentes.

La inhibición es una medida temporal que impide el uso de los bienes reclamados pero no tiene la gravedad de un embargo, que es una incautación. El Gobierno apelará la medida, para lo cual dispone de 30 días de plazo.

La primera noticia sobre la medida llegó de Washington, a través de agregados militares de la Embajada, quienes se enteraron porque los galpones quedaron bajo custodia de seguridad y el personal argentino que trabaja allí ayer no pudo ingresar.

Una de las fuentes oficiales consultadas intentó quitarle dramatismo a la medida al sostener que “no son bienes que afecten a la soberanía nacional como podrían ser el edificio de la Embajada o el avión presidencial”.

Lo cierto es que la semana pasada, durante su visita a España, el presidente Néstor Kirchner había evaluado la posibilidad de que la Argentina sufriera embargos cuando se enteró de que el juez de Nueva York Thomas Griessa había fallado a favor de eventuales medidas de este tipo.

De todos modos, en el círculo cercano al Presidente se consideraba como “poco probable” que hubiera una ola de embargos en EE.UU., ya que —arriesgaban— ese país no tiene una tradición legal que hiciera temer por los bienes del Estado argentino.

Así diferenciaban a EE.UU. de otros países, como Alemania, donde ya se trabaron embargos a las cuentas del personal dipomático, por lo que deben cobrar sus salarios en efectivo que llega en valijas diplomáticas.

En ese mismo contexto, el Presidente desdramatizaba la posibilidad de que el avión Tango 01 no pudiera volar a EE.UU. “Si pasa eso, viajo en avión de línea”, se le oyó decir a Kirchner.

Pero los hechos comenzaron a precipitarse el viernes 30 de enero. Ese día expiró el plazo para que la Argentina pidiera una prórroga o una nueva audiencia al juez Griessa, en cuyo juzgado hay reclamos de varios acreedores privados de la Argentina por más de 800 millones de dólares.

El Gobierno, simplemente, dejó pasar la fecha, a la espera de que los llamados “fondos buitres” dieran el próximo paso. Eso sucedió justamente ayer en el estado de Maryland.

Anoche, al cierre de esta edición, no se había logrado precisar la identidad de los demandantes contra la Argentina. Pero, desde el lunes pasado, había cuatro fondos con fallos a su favor —EM, Old Castle, Lightwater y Macrotecnic— que podían presentar en la corte pedidos para incautar un bien comercial del Estado.

No obstante, el juez Griesa les había advertido que se necesita una notificación de 30 días de antelación antes de trabar una orden sobre un activo. Esto confirmaría algunas presunciones oficiales que indicaban que la medida de ayer fue lo que se conoce como una “reserva de derechos”. De esta manera, el demandante se asegura que —de ganar el juicio— es el primero en cobrarse su reclamo contra ese activo.

En este contexto, cabe aclarar que los bienes de los ciudadanos argentinos en el exterior son inmunes a los embargos. Sólo están en riesgo los del Estado.