Por las amenazas de bomba se abrieron más de 200 investigaciones

Según comentó Mario Monzón, titular de la PDI, se identificó que el número desde el cual se registró el llamado al Ministerio de Seguridad “tiene característica de Capital Federal”. Por lo demás, un menor tiene una causa abierta por intimidación pública a raíz de otro llamado que se realizó en la escuela Grilli.

Mario Monzón (LT10)

Las amenazas de bomba fueron, sin lugar a duda, uno de los temas centrales del año que se presta a finalizar. Tanto en establecimientos escolares como en otras instituciones se registraron llamados que advertían sobre artefactos explosivos, lo que motivó sendos operativos de parte de las fuerzas de seguridad y lo que redundó en un gasto superior a los ocho millones de pesos por parte del Estado provincial.

En ese contexto, esta mañana el comisario Mario Monzón, a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), se refirió –en conferencia de prensa– a la reciente amenaza que recibió una escuela ubicada en Balcarce 1251. En efecto, se secuestró el teléfono utilizado que pertenecía a un menor de edad que “fue identificado y tiene una causa abierta por el delito de intimidación pública”. Si bien se trata de un menor de edad, “es imputable” ya que ronda los 16, 17 años.

Todo derivó del llamado que se produjo ayer al 911 de una amenaza de bomba en la escuela Grilli, “en horas en que el alumnado estaba en clases. Inmediatamente se aplicó el protocolo que corresponde y, después, a través del número que fue identificado y correspondía a un alumno que estaba dentro de la escuela. Incluso, se pudo secuestrar el aparato telefónico con el cual se realizó el llamado”, especificó el comisario en contacto con LT10.

Con relación a la amenaza que recibió el propio Ministerio de Seguridad en los últimos días, el funcionario policial aseveró que el llamado se registró en horas de la tarde al 911. “Hay un número identificado porque quedó registrado en el 911. Hay que esperar para recibir los informes correspondientes para tratar de identificar quién es el dueño de ese número y continuar la investigación. El número tiene característica de Capital Federal”, detalló el comisario.

Según planteó el responsable de la PDI es factible comprar un chip de teléfono, para lo cual no se solicita ningún dato personal, “pero se tiene que utilizar un teléfono”. “Posteriormente, con informes que se solicitan a las empresas prestatarias, se investiga el historial de las líneas, de los chips que impactan en ese teléfono, y eso conduce al titular de alguna línea registrada”, explicó. Y consignó: “Todo chip que se pone en un teléfono, las compañías lo registran”.

Por lo demás, aseguró que se llevan adelante 216 investigaciones por cada una de las llamadas que se registraron. “Algunos de los casos ya se han esclarecido y el resto sigue en investigación”, definió el comisario.