POR LAS COIMAS, ESTUDIAN OTRA LEY LABORAL

La resurrección de la causa judicial por los sobornos en el Senado activó en el Gobierno un plan para impulsar una nueva legislación laboral que anule la reforma aprobada durante la gestión de Fernando de la Rúa.

El germen de lo que podría ser la futura ley se encuentra en un informe que el presidente Néstor Kirchner encargó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, apenas se enteró de que el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto iba a declarar cómo distribuyó dinero del Estado entre varios de los senadores que votaron la controvertida norma, en abril del año 2000.

Tomada deberá analizar las consecuencias que acarrearía la derogación de la ley y qué medidas se requerirían para evitar conflictos judiciales y para mejorar el empleo en el país, indicaron fuentes cercanas al ministro.

La caída de la reforma del gobierno de la Alianza se considera casi un hecho en la Casa Rosada. El Presidente espera los primeros avances de la Justicia tras la confesión de Pontaquarto para promover con fuerza un proyecto de derogación. Será ésa su forma de potenciar semejante gesto político, reconocen sus allegados.

Kirchner nunca digirió los términos de la reforma laboral de 2000: sus diputados y senadores en aquel momento votaron en contra de la posición mayoritaria del bloque peronista y fueron de los primeros en denunciar las sospechas de que hubo voluntades compradas.

“Si se pagaron coimas, hay que terminar de inmediato con la ley laboral. Todo hace pensar que terminará derogada sí o sí. Habrá que ver si es necesario o no votar otras leyes para corregir algún aspecto”, dijo ayer a LA NACION el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Otras fuentes del Gobierno consideraron como muy probable que un eventual proyecto de derogación sea girado al Congreso acompañado por iniciativas con modificaciones específicas al régimen laboral. Es decir, si eso ocurriera volverían a regir las leyes anteriores al año 2000 aunque se adaptarían algunos aspectos.

En cambio, se descartó la posibilidad de anular la ley famosa por las sospechas de coimas del modo en que reclaman algunos sectores de la oposición. Esa opción significaría considerar que la reforma nunca rigió, lo que podría despertar innumerables juicios contra el Estado.

“No estamos discutiendo la nulidad de una ley como la de obediencia debida, que permitió la caducidad de delitos graves. Ante una regulación económica, ese camino resulta extremadamente riesgoso”, explicó una fuente del gabinete nacional.

Incluso en la CGT rebelde, que conduce Hugo Moyano, opinan que una posible anulación podría causar efectos conflictivos.

“La mejor vía es la derogación, por más que para nosotros la ley es nula de toda nulidad por la forma en que se sancionó -resaltó Héctor Recalde, asesor legal de la central disidente-. Imaginemos qué pasaría si cada empleado que estuvo un año contratado a prueba y fue despedido sin cobrar, se presentara a su antigua empresa a reclamar una indemnización. Lamentablemente no se puede volver atrás”, indicó ayer Recalde.

Condiciones precarias

La extensión del período de prueba constituye uno de los puntos centrales de la reforma aliancista. Desde la aprobación de esa ley, una empresa puede desistir de contratar en firme a un empleado (sin pagarle preaviso ni indemnización) hasta un máximo de un año después del inicio de la relación laboral.

Kirchner ha criticado en público y en privado el efecto de precarización que implica ese cambio (antes sólo se podía contratar personal a prueba por tres meses, extendibles a seis).

Otros artículos controvertidos de la reforma de 2000 incluyen la preminencia de los convenios por empresas sobre los generales de la actividad y la decisión de declarar la caducidad de los convenios colectivos que no fueran ratificados en una negociación paritaria que, al final, nunca se convocó.

Si bien todavía no existe un criterio definido sobre el tipo de normativa que podría promover el Gobierno, cerca del Presidente explicaban que el escándalo por las coimas servirá como “una prueba tajante del fracaso de las relaciones laborales propuestas por el neoliberalismo”.

Las fuentes agregaron que Kirchner espera analizar esta semana el informe que le encargó a Tomada para prever qué problemas legales podría disparar la caída de la última reforma.

El actual ministro de Trabajo actuó como asesor legal de la CGT oficial en la época en que se discutió la ley. La central que conduce Rodolfo Daer había acordado con el gobierno de Fernando de la Rúa apoyar la reforma, lo que despertó la ruptura con el sector que encabeza Moyano. Su posición cambió, eso sí, cuando se destapó el escándalo.

“Lo grave aquí es que se burló la voluntad popular, según los indicios. Ante la comprobación más chiquita en la Justicia de los dichos de Pontaquarto, se hará imperioso terminar con esa ley”, sostuvo el ministro del Interior.

En el Gobierno creen que es cierta la versión que declaró Pontaquarto y auguran rápidos avances en la causa judicial.

“No hay que olvidarse que este hombre es un chorro, que se está incriminando. Es un chorro que se arrepintió, pero un chorro al fin”, añadió Fernández.

Y confirmó que existe una “voluntad inquebrantable” de Kirchner para aportar todas las pruebas que puedan encontrarse en los organismos del Estado para impulsar la investigación que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Fuentes de la Casa Rosada indicaron que entre los datos que podría aportar el Poder Ejecutivo se cuentan los registros de ingresos y salidas de visitas en el edificio de la SIDE, donde Pontaquarto dice que recibió cinco millones de pesos para repartir en el Senado.

Señal política

La posibilidad de derrumbar la legislación laboral de la Alianza depende en gran medida de un gesto político de Kirchner.

Tanto en el Congreso como en los sindicatos siguen con atención los movimientos del Presidente antes de resolver las próximas acciones.

Moyano, uno de los más activos opositores a la ley, decidirá hoy si promueve un recurso ante la Corte Suprema para tumbar la reforma. Espera que se cumplan las señales favorables a una derogación que recibió desde el Ministerio de Trabajo en las últimas horas, indicó un jefe sindical del sector rebelde.

Hace casi un año que en la Cámara de Diputados se aprobaron por mayoría dos dictámenes de comisión que recomiendan la derogación de la ley laboral. Una palabra del Presidente podría activarlos en cuestión de horas.