POR PRIMERA VEZ EN CINCO AÑOS, EL PAÍS DEBERÁ IMPORTAR GAS

Hace un mes, mientras el Gobierno analizaba los detalles de los aumentos en las tarifas mayoristas del gas, una charla entre dos altos ejecutivos argentinos mostró la preocupación empresarial sobre el futuro energético cercano. “Ayúdennos con la negociación por el gas, porque en algún momento les va a faltar también a ustedes”, le dijo uno, director de una productora gasífera, a su interlocutor, hoy a cargo de un poderoso grupo industrial.

En algunas firmas ya han empezado a ensayar soluciones. La petrolera Repsol YPF, por caso, comenzará este invierno a importar gas desde Bolivia para amortiguar lo que ya no es una amenaza, sino un problema concreto para la industria: la escasez.

Será así la primera vez desde 1999 que el país, que aún tiene reservas para los próximos 12 años, importará gas. En los últimos años, sólo lo había hecho la compañía Pluspetrol, pero en menor medida, para el suministro de una central eléctrica.

Serán tres millones de metros cúbicos por día que vendrán a través de un gasoducto de la compañía Refinor, que Repsol YPF deberá reparar, porque no opera desde hace cinco años. El objetivo es abastecer el Noroeste, en especial Tucumán, cuyas industrias ya sufren desabastecimiento.

En rigor, no será otra cosa que la rehabilitación del gasoducto que funcionó a pleno entre 1972 y 1999, y que transportaba el doble de lo que suministrará ahora: 6 millones de metros cúbicos por día.

Aunque se importó hasta 1999, la Argentina bien pudo dejar de recibir el insumo algunos años antes, cuando logró abastecerse a sí misma. Pero un compromiso con el gobierno boliviano y sucesivas presiones de los organismos de crédito -en especial del Banco Mundial- retrasaron la decisión hasta que Bolivia lograra venderle gas a Brasil desde Santa Cruz de la Sierra, con un gasoducto que va hasta San Pablo. El motivo de la vuelta a la importación es la falta de inversión, que se explica mejor en números: antes de la pesificación y la devaluación se perforaban aquí unos 100 pozos por año; hoy, la cifra no excede los 25.

Si bien es cierto que estas operaciones son asuntos entre privados, los contactos entre el ministro de Planificación, Julio De Vido, y funcionarios del gobierno boliviano, hace diez días, despertaron sospechas en la industria. La razón de la visita de De Vido fue manifiesta: el acuerdo por el gasoducto del Nordeste, que comenzará a construir Techint. Pero pocos descartaban que hubiera también un motivo latente: sondear a los bolivianos para ver qué posibilidades habría de importar más gas el próximo invierno.

Hasta aquí, las condiciones de la compra. Pero hay en la operación un costado que irrita a los gobernadores de las provincias productoras de gas: el precio, que será tres veces mayor que en el país. “Es obvio que se va a comprar al precio internacional”, dijeron en Repsol YPF.

Gobernadores en contra

El salteño Juan Carlos Romero fue el primero en levantar la voz. Su razonamiento es el siguiente: por ese precio, arriba de 1,20 dólares el millón de BTU, Salta puede desarrollar su industria gasífera.

Romero se reunió con De Vido y le transmitió su preocupación. Le dijo que su provincia había perdido, por la pesificación del gas, 150 millones de pesos en regalías en dos años. “Esto significa una enorme improvisación argentina -dijo anoche a LA NACION el gobernador-. Es lamentable que tengamos que importar gas y volver a perder dinero. Bolivia no lo puede vender a menos de 1,20 dólares, y yo lo tengo que vender a 40 centavos. ¿Por qué no se lo compran a Neuquén o a Salta? Las empresas son las mismas: Repsol, Petrobras y Total, y van a elegir invertir en Bolivia, como lo haría cualquier empresario lógico si el precio es mejor allá. Nosotros vamos a agotar todas las posibilidades, y no descartamos recurrir a la Justicia. Es la oportunidad para que el Gobierno se siente con las empresas y les diga: hacemos un plan de inversiones o pierden la concesión,”

-Pero eso significaría aumentar las tarifas domiciliarias, que es lo que no quiere el Gobierno.

-Bueno, pero si el Gobierno no quiere aumentar las tarifas, no puede obligar a Salta a perder dinero. La provincia está haciendo un sacrificio para subsidiar al resto, y eso no lo hace ninguna provincia. Para eso que me subsidie a mí, no a los productores extranjeros.