PRECIOS: LAS EMPRESAS DEFINEN EL PEDIDO DE AUMENTO AL GOBIERNO

A partir de esta semana, las empresas volverán a desfilar por los despachos oficiales para intentar convencer a los funcionarios de que autoricen aumentos en los precios.

Para lograr ese objetivo tendrán que demostrar primero que tienen rentabilidad negativa. Pero aún no hay acuerdo acerca de cómo se medirá la rentabilidad: mientras los privados quieren que se haga por productos, el Gobierno quiere que sea por empresas.

Las primeras en concurrir al despacho del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, serán las alimenticias. Según pudo averiguar Clarín, las empresas lácteas encabezarían la lista para pedir una audiencia con el funcionario que lleva adelante las negociaciones por los precios. Tras ellas se apuntarían otras compañías de primer nivel que tienen muy diversificada la producción de alimentos.

Ayer, 42 cámaras del sector alimenticio se reunieron en la sede de COPAL, la entidad presidida por Alberto Alvarez Gaiani para definir la estrategia a seguir.

En ese encuentro, el dirigente empresario les dio los detalles de la entrevista que había mantenido con Moreno la semana pasada. Allí, el funcionario había accedido a reunirse con las empresas y se comprometió también a analizar los pedidos de aumento y a darles una rápida respuesta.

Ahora cada cámara transmitirá esta información a las empresas asociadas y arrancarán los pedidos de audiencias.

“Las empresas tendrán que demostrar que tienen rentabilidad negativa en los productos sobre los que reclaman aumentos”, dijeron en el Gobierno.

Tras los acuerdos de precios que se habían sellado en el verano pasado y que mantienen fijos los precios de más de 350 productos, se pactó una tregua hasta el pasado 30 de junio.

Desde las empresas apuntan que hasta ahora han absorbido todos los aumentos de costos, que incluyen subas salariales y de insumos, especialmente los ligados a los envases. Pero el impacto de estas alzas es desigual para cada compañía y también puede variar de un producto a otro. “Hay sectores en los que la mano de obra tiene mucho más incidencia que en otros, por eso no se puede generalizar”, apuntan. Aún así, se estima que algunos pedidos de aumentos varían en torno al 5%.

“Las empresas saben que es casi imposible conseguir más que eso y para lograr el 5% habrá que pelear bastante”, dijo una fuente.

En la oficina de Moreno ya tienen datos de que el costo de producción de algunos artículos se escapó de la pauta. Sin embargo, el funcionario quiere plantear la pulseada con las empresas como una negociación global. “Es posible que con el producto A estén perdiendo plata, pero eso está más que compensado con lo que ganan con el producto B y con el C”, argumentan. Así, mientras el sector privado irá a pelear la rentabilidad por productos, la táctica de contraataque del Gobierno será medir la evolución de la rentabilidad en la facturación global de la compañía.

Las empresas quieren romper con esa lógica y convencer a Moreno de que hasta que no se termine la rentabilidad negativa no llegarán nuevas inversiones, la solución de fondo para resolver el problema de la inflación.

Desde el ministerio de Economía resaltan que la fecha del 30 de junio la “inventaron” las empresas. “Los acuerdos de precios rigen hasta fin de año. A pedidos de las partes pueden revisarse cada dos meses, pero por ahora siguen vigentes”, aseguraron.