Prefectura y Policía Federal investigan a los policías sediciosos

El Fiscal Federal santafesino, Walter Rodríguez, le dio instrucciones a esas dos fuerzas federales para que lleven adelante una batería de medidas preliminares. También se han librado oficios con fines informativos a la Municipalidad, al Ministerio de Seguridad y al Arzobispado de Santa Fe. Un grupo de fiscales federales están a cargo de la centralización de toda la información recabada en las provincias. La Fiscalía de Estado de Santa Fe presentó ayer una denuncia en el Ministerio Público Fiscal de la Nación para que se investigue el accionar de un centenar de policías santafesinos que se manifestaron, armados y en vehículos oficiales, frente a la Casa de Gobierno. El rol de Gils Carbó y un equipo especial de fiscales convocados para avanzar en las denuncias.

 

El Fiscal Federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, despachó esta mañana una batería de medidas orientadas a iniciar una investigación preliminar en el ámbito de la ciudad de Santa Fe y destinadas a establecer si los policías que se manifestaron frente a la Casa Gris  el lunes y martes tuvieron conductas extorsivas para con el poder político y, concretamente con el Gobernador santafesina.

 

Las medidas ordenadas por Rodríguez estuvieron motivadas por una denuncia presentada ayer por la tarde por el Fiscal de Estado Pablo Saccone, que en persona llevó el escrito a la Fiscalía. La denuncia contiene una serie de fotografías en donde puede verse a personal policial armado manifestándose frente a la Casa de Gobierno los días lunes y martes de esta semana. Concretamente, el planteo de la provincia está sustentado en establecer si la actitud policial (huelga, retiro de colaboración, etc.) generó vacíos en el servicio de seguridad en la ciudad y generó condiciones para el saqueo de bienes de comercios y particulares.

 

La fiscalía pidió la intervención de la Prefectura para que verifique los hechos denunciados, que se circunscriban a los desarrollados en los alrededores de la Casa de Gobierno los días lunes y martes y que fueron protagonizados por personal policial armado.  La intervención de las armas en las movilizaciones no es menor, puesto que ése elemento está contenido en la tipificación del delito de sedición dentro del ordenamiento jurídico argentino. (…“los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”)

 

La denuncia presentada por el Fiscal es un texto breve, de forma, y no contiene ninguna individualización de los policías movilizados.

 

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía se destacan:

 

-Constitución de los pesquisas en canales y medios de comunicación audiovisuales tendientes a obtener copias de imágenes difundidas por los espacios en donde se observe personal policial.

 

-Tareas investigativas con el fin de especificar las consecuencias de la ausencia del personal policial en los lugares donde cumplían funciones de prevención de delitos.

 

-Se determine se hubo hechos de saqueos u otros  que perturbaron la tranquilidad pública en comercios o lugares particulares que guarden vinculación con las protestas policiales y resulten el emergente de una hipótesis delictiva que involucren conductas propias de “atentado contra el orden público y el orden constitucional”.

 

También se ofició al ministerio de Seguridad para que identifique a las personas con las cuales el Gobierno, por intermedio de sus representantes, entabló negociaciones sobre mejoras salariales, sin están en actividad o no y, en caso que sí lo estén, en qué repartición de la fuerza están destinados.  Otra de las medidas consiste en un pedido de información al Fiscal de Estado para que éste informe si personas que pudieran haber intervenido en hechos denunciados y si entablaron comunicación telefónica con algunos de los negociadores.

 

-Al Municipio se solicitó que aporten imágenes que tengan en su poder y que guarden relación con los hechos denunciados y ocurridos los días lunes y martes frente a la Casa Gris.

 

-Se requirió intervención a la División Individualización de la Policía Federal Argentina para que le ponga un nombre a los rostros que surjan de las fotografías e imágenes que se aporten en esta etapa.

 

Finalmente se ofició al Arzobispado de Santa Fe para que identifique e informe las identidades de los “negociadores” con quienes se reunió el titular de la diócesis local, José María Arancedo ayer por la tarde y que sirviera de salvoconducto a los rebeldes.

 

Grupo especial de fiscales

 

El lunes por la tarde, la Procuradora de la nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso la conformación de un grupo de fiscales federales en respuesta a los atentados colectivos contra la propiedad que se produjeron en todo el país en simultáneo con los reclamos de los integrantes de distintas fuerzas provinciales.

 

Ante estos hechos, y en consonancia con lo dispuesto por la Ley de Defensa de la Democracia (Ley 23.077), la Procuradora decidió crear la comisión para que investigue de manera exhaustiva la posibilidad de que los saqueos “guarden alguna vinculación con las protestas policiales y resulten el emergente de una hipótesis delictiva que involucre conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional, cuyo conocimiento es de competencia exclusiva del sistema de administración de justicia penal federal”.

La comisión está integrada por los fiscales generales Federico Martín Carniel —Resistencia—, José Ignacio Candioti Puyol —Paraná— y Adolfo Raúl Villate —Rosario—. A ellos se suma el titular de la fiscalía federal N° 2 de San Isidro, Rodolfo Fernando Domínguez, quien actuará como coordinador.

 

En principio, este equipo de trabajo funcionará por sesenta días y al término de este plazo se evaluarán las atribuciones que le fueron conferidas y la necesidad o no de mantener su vigencia. Durante ese lapso la comisión deberá informar a la Procuradora General acerca del estado de situación de estas manifestaciones criminales en los distintos lugares del país.

 

Por Héctor Martín Galiano ([email protected])