PREMIOS BRIGADIER: DESCARTAN EL POSIBLE DELITO DE ESTAFA

El juez de Instrucción Dardo Rosciani consideró que “no existe la más remota posibilidad” de atribuir a los representantes de la Asociación de Dirigentes de Empresas de Santa Fe (ADE) la comisión del delito de estafa en la entrega de los premios Brigadier.

Por ese motivo, decidió archivar las actuaciones y remitir la causa al juez correccional Roberto Reyes, para que continúe investigando el posible delito de falsificación de documento privado por parte de algunas de las personas que realizaron los relevamientos a partir de los cuales se eligen los ganadores del premio.

Si bien Rosciani ya había expresado su postura con respecto al posible delito de estafa, en ese momento no archivó oficialmente la causa. Esto motivó que la Sala I de la Cámara de Apelaciones le solicitara una decisión formal al respecto que, finalmente, se produjo hace pocos días.

Las investigaciones en torno de la metodología utilizada para determinar los ganadores del Brigadier surgieron a partir de la denuncia de Atilio Salas Inmobiliaria que, a mediados del año pasado, contrató a una consultora privada para analizar de qué manera se hacían las encuestas.

La firma Códice Consultores, de Capital Federal, llegó a la conclusión de que “los resultados del sondeo de opinión pública premio el Brigadier son inaceptables, debido a que son el emergente de procedimientos de muestreo y recolección de datos estadísticamente inválidos que minan insalvablemente su credibilidad y aplicación”.

Pero además, el informe de Códice dijo que “muchas empresas con la mayor cantidad de votos no lograron obtener el Brigadier, habiéndosele adjudicado el mismo a otras empresas con porcentaje de votación muy inferior a quien resultara perdidosa”.

El caso llegó a la Justicia y recayó en el juez correccional Roberto Reyes. Este magistrado trabaja actualmente para determinar si algunos encuestadores falsificaron nombres, datos y situaciones, lo que podría configurar el posible delito de falsificación de documento privado.

Pero Reyes se encontró frente al posible delito de estafa si, efectivamente, ADE había entregado premios a instituciones que no habían resultado ser las más votadas. Por eso remitió los antecedentes a Rosciani, ya que el delito de estafa debe ser investigado por la Justicia de Instrucción.

Rosciani concluyó que no pudo haber estafa porque “la entidad que otorga el premio no firma ningún contrato con las empresas mediante el cual se comprometa a realizar el sondeo, no les cobra ninguna suma por tal actividad, no tiene para con ellas ninguna relación funcional de la que dependa la administración de sus bienes… Por eso la conducta de los dirigentes de ADE no resulta típica de ningún delito contra la propiedad, particularmente de ninguna defraudación, y mucho menos de la estafa”.