PRENSA ROSARIO DENUNCIA EL IMPEDIMENTO AL TRABAJO DE LOS PERIODISTAS EN TRIBUNALES

Allí en el juzgado de Instrucción de la 7ª Nominación estaba citado a declarar el ex secretario de Obras P��cas de la provincia Juan Carlos Gómez Galissier imputado como presunto responsable por la catástrofe hídrica.

Una vez más los trabajadores de prensa de distintos medios tuvieron vedado el acceso al edificio de los Tribunales provinciales en la ciudad de Santa fe para buscar información relacionada con la causa por la que deben declarar ex funcionarios provinciales imputados por su presunta responsabilidad en la catástrofe del Río Salado.

Ayer por la tarde a los periodistas que estaban all�ara trabajar en relación la investigación que lleva adelante el titular de Instrucción de la 7ª Nominación Diego de la Torre no se les permitió llegar hasta el subsuelo donde funciona el juzgado.

Como ya ocurrió otras oportunidades se apela al argumento de la “seguridad” para prohibir el ingreso de los trabajadores de prensa, un argumento inaceptable porque se sustenta en una evaluaci��iscrecional y arbitraria acerca de la oportunidad o no de recoger y difundir información.

Desde esta Comisión recordamos que un episodio similar ocurrió el 30 de diciembre de 2004 en ocasión de la cobertura de las gestiones realizadas por la Comisi��nvestigadora No gubernamental de los Hechos de Diciembre de 2001.

Los reclamos desde el Sindicato de Prensa Rosario fueron expresados ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Rafael Gutierrez quien se comprometió en febrero de 2005 a dar instrucciones precisas para que “no se repitan” en el ámbito de la Justicia provincial hechos que limiten el trabajo periodístico y afecten el derecho a la información de todos los ciudadanos.

En esta oportunidad se volverá a pedirse audiencia a Gutierrez con la finalidad de reiterar que la seguridad que se invoca es una excusa y no una razón que, insistimos, se utiliza de manera discrecional, algo más que incorrecto ya que los jueces no pueden arrogarse la potestad sobre cuando se respeta o por el contrario no se tiene en cuenta el derecho a la información.

También se solicitará que el Poder Judicial se comprometa de manera institucional en la defensa de la libertad de expresión el derecho a la información que esa preocupación se exprese en las situaciones del quehacer diario.

Rosario, 8 de noviembre de 2005