PREOCUPA A COMUNAS DEL CORDÓN QUE LAS GRANDES EMPRESAS DEJEN LA EPE
San Lorenzo.- Durante una reunión celebrada recientemente con la gerencia comercial de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) varios jefes comunales del cordón industrial conocieron detalles sobre las cifras que desde hace algún tiempo dejaron de percibir en concepto del uso del dominio público, debido a que las grandes empresas que funcionan en esta parte de la provincia se volcaron al mercado eléctrico mayorista que no retiene ni liquida el porcentaje de estos impuestos.
Si bien esta situación se registra en distintos puntos del territorio santafesino, la zona del cordón industrial está poblada por lo que se conoce como grandes usuarios mayores (Guma), y es la zona donde el mayor impacto se siente en las administraciones locales, siendo Puerto San Martín y San Lorenzo las más perjudicadas.
El uso del dominio público representa el seis por ciento del total de cualquier factura y fue establecido por la ley provincial 7.797, que luego de ser cobrado por la EPE -que actúa como agente de retención- la empresa energética lo reintegra todos los meses a cada municipio y comuna.
La ley también establece que ese porcentaje se cobre en todas las facturas, ya sea para los grandes consumidores como para usuarios domiciliarios.
Desobligados
Sin embargo, la posibilidad de acceder en forma directa al mercado eléctrico mayorista -que tiene a las grandes empresas a partir de la desregulación producida en 1992- hace que no se vean obligados a pagar el mencionado seis por ciento.
De esa manera se genera una situación de desigualdad con los usuarios comunes y un perjuicio directo para los gobiernos locales, ya que la mayorista eléctrica Cammesa, por su carácter nacional, le restó jurisdicción a la ley provincial 7.797 que estableció el valor por el uso del dominio publico.
Si bien el precio de la energía que se cobra en el mercado mayorista es superior al costo por kilowats que tiene la EPE, el hecho de cobrar el gravamen ha sido un factor que en los últimos años llevó a que las grandes empresas optaran por volcarse al proveedor nacional.
Recientemente se conocieron algunas cifras de los montos que algunos municipios han dejado de percibir, y las cifras proporcionadas resultan muy importantes en todos los casos.
Por ejemplo, tomando un mes pico como el mes de agosto del año pasado, los datos marcan que nueve empresas asentadas en la ciudad de Puerto San Martín se fueron de la EPE hacia los mayoristas, lo que significó que un total de 175 mil pesos no ingresaron a las arcas de ese municipio.
En el mismo período, cuatro empresas de San Lorenzo (a las que hoy ya se les habrían sumado varias más) sumaron un total de 125 mil pesos, mientras que Capitán Bermúdez en el mismo lapso de referencia del año pasado experimentó la pérdida de más de 35 mil pesos por el retiro de una sola empresa.
La situación ha encendido la alarma en los municipios, que luego de interiorizarse de las cifras brindadas por la EPE están evaluando algún tipo de estrategia conjunta para no seguir perdiendo cifras que representan una parte importante de sus respectivos presupuestos.
“No queremos que nos suceda lo mismo que pasó con Telecom, a la cual no le hemos podido cobrar más el uso de espacio aéreo y a pesar de los fallos judiciales favorables lograron evitarlo hasta con decretos presidenciales”, explicó uno de los jefes comunales que asistió a la reunión con la EPE.
Un antecedente cercano
Esta situación no es nueva en la zona, ya que el primer caso de esta naturaleza se dio en Fray Luis Beltrán, donde existe un precedente concreto cuando el tema llegó a los Tribunales provinciales.
Hace más de ocho años la empresa Sulfacid comenzó a comprar energía en el mercado nacional -en ese momento la proveedora Capex, (luego Cammesa)- y dejó de liquidar el porcentaje del uso del dominio público, por lo que el municipio se vio seriamente perjudicado porque de por sí no posee una masa importante de grandes contribuyentes.
Ante este panorama la Municipalidad beltranense presentó una demanda ante la Justicia e inició un juicio de apremios por cobro de pesos contra Capex, Cammesa o quien fuere responsable del pago de dicho gravamen.
En la instancia judicial las empresas eléctricas transfirieron la responsabilidad del uso del dominio público a la empresa Sulfacid y cuando ya existía un fallo favorable para la administración municipal con sentencia firme, la empresa decidió acordar una liquidación mensual de acuerdo a la facturación.
Aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la cifra final, el municipio de Beltrán volvió a percibir el porcentaje por el uso del dominio público correspondiente a Sulfacid.
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