Preocupa la indefensión de los hijos de la trata y la violencia de género

La falta de recursos económicos y humanos para el seguimiento de los tratamientos es el mayor inconveniente; impulsarán una ley para que se les otorgue un haber mensual.

 

Martina perdió a su mamá cuando su padre la mató brutalmente. Federico, por su parte, perdió a su madre cuando ella cayó en una red de trata sexual. Ese tiempo quedó al cuidado de sus abuelos. Y a su mamá recién la recuperó un año después, pero ya no era la misma. A pesar de las diferencias y particularidades propias de cada historia, ambas tienen un hilo en común: Martina y Federico son tan víctimas de estas situaciones como lo fueron sus madres.

 

 

Los expertos coinciden: en el momento de la muerte o del rescate de las mamás empieza el verdadero trabajo con los hijos. Un trabajo para el que a veces no hay suficientes recursos económicos y humanos que permitan el necesario seguimiento.

 

Según la asociación civil La Casa del Encuentro, en los primeros 10 meses del año pasado, en la Argentina fueron asesinadas 233 mujeres y 167 menores de edad quedaron sin mamá. Un año, además, en el que hubo una víctima de violencia de género cada 30 horas. Así, 2015 cerró con una cifra de muertes por femicidios similar a la informada por el Registro Nacional de Femicidios en 2014, cuando el número de mujeres asesinadas por varones por razones asociadas con su género había llegado a 225. Ese año, el 42% de estas mujeres tenía entre 21 y 40 años, y al menos 144 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre.

 

 

Ante esta situación de indefensión a la que se ven expuestos, año tras año, cientos de niños, Ada Beatriz Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, adelantó a LA NACION que en marzo presentarán un anteproyecto de ley para que a los hijos de víctimas se les otorgue un haber mínimo mensual de modo que tengan obra social y recursos básicos para vivir.

 

“No es un subsidio, es un derecho -dijo Rico-. Y en caso de que estén judicializados, pedimos que ese haber se les deposite para que lo puedan retirar ya de mayores. Todo lo que hagamos por ellos es poco.”

 

 

“Es un tema de toda la sociedad, todos somos parte de la protección de los derechos. La mirada sobre ellos es crucial: no son culpables, son víctimas, y hay que empoderarlos en sus derechos”, dijo Sandra Aissa, psicóloga de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba.

 

Aissa planteó que los hijos de madres víctimas sufren daños que repercuten en su comportamiento y que, por eso mismo, las intervenciones deben exceder el ámbito familiar y alcanzar las escuelas o clubes, o todos los espacios donde se detecten síntomas como aislamiento, desinterés de estar con sus pares, o agresiones.

 

Seguimiento a largo plazo

 

“Sienten la angustia. A veces la pueden verbalizar, otras la expresan a través de dibujos o juegos -agregó Aissa-. El tratamiento debe ser individual. Se necesita de mucho tiempo para superar estas situaciones, y se requiere también la articulación con otras instituciones a largo plazo. El acompañamiento es lo que permite revertir el cuadro.” Ese seguimiento es el que, justamente, muchas veces no se cumple.

 

Hasta 2005 -cuando se sancionó la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes- eran los juzgados de menores los que disponían las medidas de intervención y de recuperación de los chicos. Desde entonces, la atención fue transferida a los Ejecutivos nacional y provinciales, que actúan a través de la Senaf.

 

El juez de menores José González del Solar entiende que lo más conveniente sería una combinación entre los dos sistemas. “El actual es tramposo -dijo-. Ya no hay quien reclame desde la Justicia, los Ejecutivos quedan como dueños y señores. Hay niños en desamparo en las más variadas situaciones.”

 

En el caso de Córdoba, el pase del Senaf desde el Ministerio de Desarrollo Social al de Justicia lo esperanza porque puede estar “menos expuesto” a la reconducción política del presupuesto. Está convencido de que con los menores víctimas “vivimos entre parches”.

 

Luis Angulo, ministro de Justicia de Córdoba, explicó que el objetivo es el acompañamiento, la restitución de derechos y que la familia, en lo posible, permanezca junta. “Tratamos de que el seguimiento no se corte”, dijo. La ley establece ese período entre tres y seis meses, tiempo que, para el funcionario, no alcanza.

 

Vilma no se llama así, pero eligió ese nombre para contar su historia. A los 16 tuvo a Maira, fruto de una violación de un miembro de su familia adoptiva. Con el tiempo logró conseguir un trabajo y alquiló una casa para ellas. Conoció a un hombre, empezaron a salir y se fueron a vivir juntos. La tranquilidad duró poco: él empezó a pegarle, a no dejarla moverse y a traer “clientes” a la vivienda.

 

Maira era testigo de todo. Incluso iba al galpón donde su mamá y otras mujeres, atadas con sogas, debían pelear entre ellas, como si fueran perros. El hombre amenazaba a Vilma con matar a la nena si perdía.

 

Es que en los casos de trata, ya sea que los chicos queden con otros familiares o estén con las víctimas, siempre son utilizados por las bandas como objeto de amenaza; un arma de presión clave, con fuerte impacto en las víctimas, y con el cual pueden convencer a la personas a que hagan lo que se les pida.

 

Patricia Messio, ex secretaria de Trata de Córdoba, remarcó la “descomposición del tejido social” que provocan estas situaciones. Cuando se rescata a todo el grupo familiar se les ofrece vivir en un refugio juntos -si la Justicia acuerda-, donde reciben asistencia jurídica, material y psicológica. Pero no siempre aceptan. Y si los menores estaban con familiares se busca revincularlos con la mamá.

 

Secuelas del trauma

 

Hay casos en que las mujeres piden la separación. “No quiero ser madre” es una expresión frecuente. “Forma parte de la patología -dijo Messio-. La trata es muy traumática, las involucra en un escenario lastimoso, de mucha vergüenza, de humillación. A papás y mamás les arranca la idea cultural de ser el ídolo de sus hijos y el vínculo empieza a debilitarse.”

 

“Debe instrumentarse un trabajo con las dos partes para que puedan encontrarse y definir su relación, porque hubo un quiebre -agregó-. Están aquellos que permiten que sus hijos los maltraten porque «se lo merecen». La tarea psicológica empieza muchas veces por las consecuencias y no por las causas”.

 

 

 

 

Fuente: La Nación