PREOCUPAN LAS MIGRACIONES INTERNAS EN LA PROVINCIA
Los problemas que generan las migraciones internas en la provincia no sólo preocupan a los gobiernos locales de las grandes ciudades santafesinas, sino que ahora la inquietud llegó hasta la propia Legislatura, donde en la Cámara de Diputado se presentó un proyecto de ley para tratar de detener esas migraciones, a través de planes de desarrollo social.
Los números de los últimos años sobre los desplazamientos poblacionales son más que alarmantes si se tiene en cuenta que entre 1966 y 2001 migraron algo más de 280.000 productores agropecuarios en el país, mientras que en Santa Fe, entre 1991 y 2001, de acuerdo al censo, se pudo comprobar que en 148 localidades del interior provincial la cantidad de habitantes disminuyó un 45 por ciento.
La iniciativa de ley, creando el Plan de Recuperación Productiva y Poblacional de la provincia, fue presentada en la Cámara baja por el bloque de diputados del PDP, a través de Héctor Jullier. El legislador afirmó que “la provincia necesita recomponer el tejido social y productivo de las poblaciones del interior, ya que los centros urbanos no pueden hacer frente a este aluvión migratorio proveniente de zonas rurales que se asienta irregularmente dentro de las ciudades”.
Para el diputado demoprogresista esta tendencia —acentuada en las últimas décadas— se manifiesta en diferentes problemas como el de la marginalidad, el hacinamiento, la falta de salubridad y de servicios elementales, y los déficit habitacionales, entre otros. Jullier acotó que parece que no existen políticas de Estado que generen el progreso de esas localidades de donde proceden las corrientes migratorias.
Precisamente, días atrás se presentó un caso testigo que tiene que ver con este proceso, una familia proveniente del norte provincial —un núcleo de padre, madre y nueve hijos— debieron instalarse en un galpón de la zona rural de Esperanza, sin los mínimos servicios como el agua potable. El resultado de esa situación, que conmocionó a la toda la zona, fue el fallecimiento de una beba de 10 meses que tomaba agua de pozo contaminada.
Desde el bloque del PDP se propuso buscar soluciones consensuadas y articuladas en donde intervengan comunas, municipios y la provincia con políticas activas, pero al mismo tiempo se sostiene que también debe plantearse el tema a nivel nacional, ya que “la concentración económica, y por ende poblacional, depende de las políticas de la Nación”.
En este marco, el diputado Jullier precisó a La Capital que, desde el bloque de diputados de su partido, se presentó “un proyecto de ley para otorgarle al Ejecutivo de Santa Fe una herramienta legal que permita comenzar a revertir este proceso”, definiendo en ese sentido que se torna necesaria la existencia de un Plan de Recuperación Productiva y Poblacional de la provincia de Santa Fe para recomponer los circuitos productivos de cada región”.
Esencialmente el objetivo básico de este plan en la provincia “es la realización de estudios, planificación y ejecución de políticas de desarrollo productivo y social en los pueblos y localidades de la provincias que por diversos motivos hayan tenido, en los últimos 10 años, una considerable disminución de su población y de su actividad económica y productiva”. Asimismo se propone brindar un apoyo institucional, económico, logístico y tecnológico necesario que permita revertir la situación en esos lugares.
Para ello, entre otras cosas, se proyecta facilitar créditos blandos para pequeñas y medianas empresas de las localidades en cuestión o de pymes que quieran radicarse en la zona, el fomento y la ayuda a emprendimientos productivos y de servicios, el apoyo logístico a todo tipo de iniciativas y emprendimientos privados o estatales, y la gestión ante autoridades nacionales y empresas concesionarias de servicios para la habilitación de ramales ferroviarios cerrados, que posibiliten el transporte de productos y personas para mejorar la infraestructura vial existente y la construcción de nuevos caminos alternativos.
Para lograr tal fin, expresa el proyecto presentado, el Ejecutivo deberá gestionar ante organismos nacionales e internacionales la toma de créditos por cuenta de la provincia, cuyo destino especifico será destinado al fomento de las pequeñas y medianas empresas de esos lugares, debiendo rendir el PE semestralmente un informe detallado sobre los resultados obtenidos durante ese período en la provincia.
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