PREPARAN MÁS MEDIDAS PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA

Al Ministro de Economía, Roberto Lavagna, le preocupa la inversión, factor clave para que se mantenga el crecimiento y para evitar que haya inflación por falta de oferta. Por eso eligió la conferencia en Buenos Aires del Consejo de las Américas -creado hace 35 años por el multimillonario norteamericano David Rockefeller para promover los negocios en el continente- como escenario del anuncio de medidas e ideas en favor de la llegada de capitales no financieros, sobre todo al área de infraestructura.

Presentado por Susan Segal, presidenta del Consejo, Lavagna adelantó que próximamente el presidente Néstor Kirchner dará a conocer, junto a él y a su par de Planificación, Julio De Vido, un régimen de iniciativa privada y otro de asociación público-privada (PPP, según sus siglas en inglés) para impulsar la inversión en infraestructura. El ministro de Economía comentó que también está analizando la posibilidad de dar un tratamiento impositivo diferencial a las ganancias distribuidas entre los accionistas para distinguirlas de las reinvertidas, de modo de dar preferencia a “la incorporación de capital productivo en las empresas”.

Ante una platea de 300 empresarios de corporaciones norteamericanas, argentinas y de otros orígenes, Lavagna agregó que estudia la profundización del régimen de promoción de inversiones, que hasta el año próximo devuelve el IVA en forma anticipada o acelera la amortización del impuesto a las ganancias a quienes compran maquinaria o construyen infraestructura.

En el sector de la construcción esperan que los regímenes de iniciativa privada y de PPP se oficialicen la semana próxima. El de iniciativa privada ya existe: fue creado por el gobierno de Carlos Menem en 1997, pero será modificado porque hasta el momento casi nadie lo ha aprovechado. El sistema funciona así: toda empresa puede presentar un proyecto de obra o servicio público; si el Gobierno la aprueba, se llama a licitación; si la autora de la iniciativa pierde la contienda cobra de la firma ganadora una compensación y los gastos por los estudios de factibilidad.

“Se adjudica la obra a la empresa que mayor canon le paga al Estado”, explicó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, uno de los que reclama por el cambio del régimen. “El esquema siempre fracasó porque no había ventajas para el iniciador. Nosotros pedimos que si el autor del proyecto ofrece un canon un 5 o un 10 por ciento inferior a la mejor oferta, pueda igualarla”, comentó Wagner. El régimen había surgido en su momento por el impulso del consultor Guillermo Laura, que quería construir 10.000 kilómetros de autopistas.

Ahora los proyectos son menos pretenciosos: la Secretaría de Obras Públicas ya recibió propuestas para construir un muelle de cruceros en Puerto Nuevo y para ampliar las rutas 7 y 8. Los proyectos privados son financiados por las empresas, pero no se descarta que el Estado también aporte un subsidio o un descuento tributario (devolución anticipada del IVA o amortización acelerada de Ganancias). Si la obra necesita del apoyo público, el ingreso por el canon queda neutralizado. Las PPP constituyen un proceso por el que el sector público contrata una compañía para que suministre un servicio. Surgieron en los 90 en el Reino Unido, como modelo alternativo al estatismo y a la ola privatizadora del gobierno de Margaret Thatcher. Rige también en Australia, Corea del Sur, China, Brasil y otros.

Con las PPP se emprende la construcción de rutas, escuelas, hospitales, universidades, cárceles, tribunales, vías de tren, puentes y redes de agua potable. También se utiliza en los casos de tratamiento de residuos, alumbrado público, provisión de energía, telecomunicaciones y transporte público. La empresa contratista se hace responsable de la construcción, operación, mantenimiento y financiamiento y provee el servicio por un plazo, usualmente entre 25 y 30 años. A cambio, el Estado le paga un canon periódico. Al final del período contractual, el activo, que suele mantenerse como propiedad pública, pasa a ser gestionado por el Estado.

En el sector constructor consideran que las PPP pueden apuntalar el levantamiento de tres centrales hidroeléctricas en Misiones: Corpus, Garabí y Aña Cuá. Pero una alta fuente de la generación dijo que no habrá interesados mientras continúe sin firmarse un sendero de precios y reglas de juego estables.