PRESENTAN DENUNCIA JUDICIAL CONTRA UNA GESTIÓN COMUNAL EN AMBROSETTI

Una denuncia penal ante la fiscalía de la ciudad de San Cristóbal fue presentada a raíz de una auditoría sobre la gestión de Felipe Michlig cuando era presidente comunal de la localidad de Ambrosetti. El trabajo habría detectado numerosas facturas de un supermercado de su familia que lo involucrarían en supuestas maniobras con un plan alimentario.

El actual senador por el dempartamento San Cristóbal, y titular del radicalismo santafesino, salió al cruce de varias versiones afirmando que se trata de una “maniobra política” y que es “absolutamente falsa” la denuncia judicial.

La tarea realizada por la consultora Congecom SRL incluye un análisis desde 1998 hasta el 10 de diciembre de 2003 y revela supuestas irregularidades que involucrarían a los ex presidentes comunales Carlos Zamora y Felipe Michlig, a partir de lo cual se presentó una denuncia penal en San Cristobal.

Durante el trabajo se habrían observado numerosas irregularidades que tendrían que ver con distintos subsidios por refuerzo alimentario, que habrían sido entregados por Michlig en su carácter de jefe comunal hasta el 10 de diciembre de 1999.

Según señala el texto judicial, un importante número de beneficiarios retiraban mercaderías del autoservicio Don Cacho, de Felipe Michlig, y recibían una libreta negra en la que se consignaba el detalle, siendo el propio presidente comunal quien luego justificaba ante el gobierno provincial la entrega de los alimentos con facturas de su negocio familiar.

En funciones
También se menciona que esta mecánica de comercialización continuó cuando el senador por San Cristóbal llegó a la Cámara alta y que el mencionado autoservicio ahora se encuentra a nombre de su madre. Respecto a este punto el legislador sostiene que no existe ninguna norma legal que impida a su madre que “como propietaria del mismo, venda a quien quiera”.

Según explica la auditoría, el legislador ya había comenzado con su campaña política para desembarcar en la Legislatura de la provincia “cuando ideó la posibilidad de que los beneficiarios del plan alimentario tuvieran la posibilidad de retirar mercadería de su supermercado”.

“Para ello, -reza el informe- la comuna sancionó la ordenanza 650/99 que autoriza al presidente comunal Felipe Michlig a entregar subsidios por refuerzo alimentario a los empleados de los planes Trabajar II y III, que se hayan destacado por su comportamiento y dedicación a las tareas encomendadas”.

Entre los elementos citados por la auditoria se menciona “el incremento de créditos en distintas transacciones realizadas con financieras” junto a lo que se califica de “absoluto descontrol y falta de manejo administrativo, sin aplicación de la normativa vigente para la vida de una comuna”.

En el último tramo, y a partir de la entrega de planes alimentarios “no autorizados”, se hace mención a “la posible comisión del delito de malversación de fondos y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de la concreción de empréstitos de particulares y financieras que violatorios de la normativa vigente”.