PRESIÓN POLÍTICA PARA FRENAR LOS PRECIOS

Los supermercadistas deberán pegarse al televisor esta tarde, a eso de las 19. A esa hora, el presidente Néstor Kirchner prevé hablar en la Casa Rosada frente a los 134 intendentes de la provincia de Buenos Aires y les pedirá que adopten una política activa para controlar en cada distrito las “desviaciones injustificadas” de los precios.

Lejos del manual de economía, esa presión política marcará una de las primeras medidas para contener la inflación en la nueva etapa que inició el Gobierno a partir de la salida de Roberto Lavagna del Palacio de Hacienda.

Kirchner está convencido de que los recientes aumentos en productos básicos responden a acciones especulativas de algunos empresarios y considera necesario alentar desde el Gobierno un “control social” de los formadores de precios, indicó un funcionario nacional que trabajó en la convocatoria de hoy.

La jugada se traducirá en convenios firmados entre los intendentes y la Secretaría de Defensa del Consumidor. Incluirán tres medidas básicas: publicar listas de las mejores ofertas en cada distrito, difundir precios testigos o de referencia y crear oficinas para tomar denuncias de los pequeños comerciantes afectados por hipotéticas decisiones desleales de las grandes cadenas.

Desde primera hora de ayer, la Secretaría General de la Presidencia ubicó a los intendentes de toda la provincia para convocarlos al Salón Sur de la Casa Rosada. El acto empezará cuando Kirchner regrese de Puerto Iguazú, donde lo espera el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

El gobernador Felipe Solá y el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, trabajaron también en el armado de la ofensiva. “La sociedad en su conjunto debe defender este proyecto de recuperación económica y no permitir las remarcaciones sin razón que afectan a los sectores más necesitados”, dijo Pereyra, uno de los dirigentes del conurbano que más tiempo pasan en el despacho presidencial.

Se espera que Kirchner pronuncie un discurso de fuerte contenido político. Ya hace una semana desnudó su enojo con los empresarios de las grandes cadenas de supermercados, a los que acusó de actuar como un cartel. Aquella vez nombró a Alfredo Coto y a los dueños de Jumbo.

Coto sufrió ayer una manifestación de condena en uno de sus hipermercados del barrio de Pompeya. El Gobierno dice que no responde por las acciones de los grupos piqueteros oficialistas, aunque entre los empresarios se quejan del efecto que tiene la palabra presidencial.

Políticas coordinadas

En la arenga que prepara para hoy Kirchner quiere promover una política coordinada entre los jefes territoriales y las diversas asociaciones de defensa del consumidor. “Hablará a los políticos y a la gente sobre la necesidad de ejercer un papel activo en la lucha contra la inflación”, dijo una fuente con despacho en la Casa Rosada.

De ninguna manera se trata de impulsar un control de precios, se preocupan por aclarar cerca del Presidente. “Tenemos que moldear una cultura diferente para castigar al que aumenta injustificadamente”, argumentó Pereyra, que conduce la Federación Argentina de Municipios (FAM).

La lógica se parece más al boicot que meses atrás Kirchner convocó contra la petrolera Shell, pero con un marco de institucionalidad.

Tras el paso de los bonaerenses, en los próximos días se prevé que a intendentes de otras provincias -y a sus respectivos gobernadores- los citen para firmar convenios similares.

La posibilidad de un brote inflacionario figura al tope de las preocupaciones del Presidente en la etapa posterior a las elecciones que ratificaron su poder. Incluso el despido de Lavagna tuvo mucho que ver con las disidencias sobre la forma de contener el índice de precios.

A partir de la llegada de Felisa Miceli al Ministerio de Economía, no debe esperarse un paquete de medidas antiinflacionarias, aseguran en la Casa Rosada. Más bien se intentará ejercer una fuerte presión sobre los formadores de precios, negociar acuerdos sectoriales y, al mismo tiempo, desactivar las expectativas sindicales respecto de aumentos salariales en el corto plazo.

Esa idea quedó expuesta en la audiencia que concedió ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a la cúpula de la CGT.

El camionero Hugo Moyano y sus principales aliados en la central obrera escucharon un argumento terminante. No era Lavagna el que cerraba el grifo: es una decisión del Gobierno no aumentar al menos hasta marzo los salarios ni el mínimo imponible para el impuesto a las ganancias.

“Si recalentamos la economía ahora hay un peligro concreto de que se dispare la inflación”, dijo Fernández, según uno de los jefes gremiales que fue a la Casa Rosada.

En la misma línea de negociación política, Kirchner recibió anoche, junto a Miceli, al empresario Pascual Mastellone, dueño de La Serenísima, con la idea de avanzar en un acuerdo para mantener el precio de los lácteos (subieron un 14 por ciento en el año).