PRESUNTAS COIMAS EN EL SENADO: ALLANARON LA SIDE
Dependencias de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fueron allanadas por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral para buscar pruebas sobre el supuesto pago de sobornos a senadores nacionales para la aprobación de las reformas a las leyes laborales durante el gobierno de la Alianza.
Fuentes judiciales indicaron que la medida, practicada hace unos días pero conocida hoy, fue dispuesta para conocer si en las oficinas de la SIDE, en 25 de Mayo al 100, de esta capital, existen registros sobre el ingreso y egreso de personal y visitas.
El juez pretende determinar quienes estuvieron en el lugar, concretamente en el octavo piso -donde están las bóvedas con dinero- en abril de 2000, cuando se aprobó la ley 25.250.
El allanamiento, cuyos resultados no trascendieron, integró el conjunto de medidas cuya ejecución encomendó la Cámara Federal al juez cuando anuló los procesamientos de los ex senadores José Genoud y Emilio Cantarero, el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes y el arrepentido ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.
En esa ocasión la Sala I del tribunal ordenó que se averiguara como funcionaba el sistema de seguridad de la SIDE y si existen registros de entradas y salidas del organismo del cual, según Pontaquarto, salieron los 5 millones de pesos que él entregó a Cantarero para repartir entre varios legisladores.
En julio último los camaristas Horacio Vigliani y Martín Irurzún anularon los procesamientos porque consideraron que la decisión de Canicoba Corral se basó en una “investigación defectuosa”.
La causa, que tiene varios años de instrucción sumarial, se había reactivado en diciembre del año último, cuando Pontaquarto declaró, primero en un reportaje concedido a la revista TXT y luego ante la justicia, que él fue quien retiró los fondos y los entregó a Cantarero.
El ex secretario parlamentario dijo también que en la Casa de Gobierno hubo una reunión en la que Genoud le habría transmitido al entonces presidente Fernando De la Rúa que, a nivel legislativo, el peronismo necesitaba “otras cosas” para aprobar la ley de reforma laboral.
La norma extendió el plazo de los períodos de prueba para los trabajadores y restringió la validez temporal de los convenios colectivos de trabajo, entre otras modificaciones consideradas como “flexibilización laboral”.
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