PREVÉN QUE EL GAS COSTARÁ MÁS DEL DOBLE EN DOS AÑOS

Aunque esquiva la respuesta cada vez que se lo preguntan, el presidente Néstor Kirchner sabe que las tarifas de gas domiciliario sufrirán finalmente un aumento. Esa alza, que se aplicará gradualmente, será de más del doble en dos años.

Así lo prevén las condiciones del contrato firmado ayer entre el Gobierno y el grupo Techint para la construcción de un gasoducto de 1500 kilómetros, que trasladará gas desde el Noroeste hasta la Mesopotamia y que demandará una inversión superior a US$ 1000 millones. Según la ecuación que maneja la empresa, las tarifas de gas domiciliaria e industrial estarán, a mediados de 2006, en un 80% del valor en dólares que tenían en 2001. Y eso significa un alza del 114% respecto del nivel actual. De lo contrario, la inversión no sería rentable.

El anuncio, encabezado por Kirchner en la Casa Rosada, reunió, como pocas veces, a los más importantes referentes del empresariado. Y fue una sutil muestra de la fluida relación que existe entre Techint y el Gobierno: mientras ejecutivos como Luis Pagani (Arcor y presidente de AEA), Fernando Ponasso (Edenor), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Santiago Soldati (Sociedad Comercial del Plata), Oscar Vicente (Petrobras), Amadeo Vázquez (Telecom), Rubén Patritti (Repsol YPF), Jacques Chambert-Loir (Total), Vittorio Orsi (GasNoa) y Oscar Vignart (Dow Chemical) esperaban sentados durante las casi dos horas que se retrasó el acto, en espera de varios gobernadores, el Presidente conversaba en privado en otra sala con Paolo Rocca, presidente del grupo ítalo-argentino.

La concurrencia aplaudió con entusiasmo. Pero algunos mostraron sus dudas. “Si la idea es exportar a Brasil, este gasoducto va a ser negocio. Si no, no lo veo”, dijo el experimentado Orsi, antes de ingresar en el Salón Blanco. Kirchner, en tanto, instó a consolidar un empresariado nacional y volvió a cuestionar el rumbo aplicado hasta cinco años atrás: “Me cansé de escuchar durante la década del 90 las políticas estratégicas que nos marcaban los grandes pensadores del neoliberalismo argentino. Derivamos en un quiebre total de la Argentina”, dijo.

Con el proyecto, el Gobierno tomará el camino más corto en la urgencia por ampliar la red de gasoductos, casi saturada después de un crecimiento del 30% en la demanda durante el último año. Porque, al aceptar la propuesta de un privado, no debió recurrir a las demoras que depararía la alternativa más convencional: guiarse por la ley de gas y llamar a licitación, lo que lo habría obligado a tener antes resuelta la cuestión tarifaria.

Caño vacío, caño lleno

La construcción del ducto, que dará los primeros pasos en 120 días y se abastecerá de las cuencas del Noroeste y boliviana, prevé un desembolso de US$ 750 millones por parte de un consorcio de inversores que conducirá Techint y de otros 250 millones por parte del Estado.

Tales inversiones se darán en un contexto tarifario distinto del actual, pesificado por la ley de emergencia económica.

Daniel Montamat, ex secretario de Energía, cree que sin aumentos sería imposible concretarlas. “Sin subas, no les interesaría ni a los bolivianos. Sería como construir un caño por donde no va a pasar gas: un cable para colgar la ropa”. Y agrega que el crecimiento de la demanda hacía necesaria esta decisión.

En las empresas de gas también consideran positiva la medida. Algunas, sin embargo, ven un costado incómodo: que la inversión se recupere con tarifas altas para transportar el insumo. “Para cualquier productor de gas, tener otro medio de transporte es una bendición. Salvo que nos pongan una tarifa enorme para recuperarla. Es probable que alguien tenga que sangrar por esto”, se escuchó ayer. En otra de las firmas que podrían utilizar el gasoducto afirmaron, más escépticos, que los aumentos harían viable el negocio, pero que ninguna medida podría evitar problemas si el próximo invierno es muy frío: “Si el año que viene no hay gas, qué precio del gas… Ya va a ser tarde. Lo que no se invirtió hasta ahora no se puede arreglar en seis meses”.

Preocupados por la cuestión, algunos empresarios le presentaron hace unos días al Gobierno un cálculo con el monto que pierde el Estado en recaudación de impuestos por la pesificación: unos 500 millones de dólares por año. Pero, más allá de que se sienten respaldados por los ministros Julio De Vido (Planificación Federal) y Roberto Lavagna (Economía), ninguno tiene la certeza de que las alzas se aplicarán finalmente. La respuesta, dicen De Vido y Lavagna, la tiene sólo Kirchner, y es imposible prever su día y su hora.