PRIMER JUICIO PENAL A LA BUROCRACIA EN SANTA FE

Se iniciará en los próximos días el primer proceso penal por homicidio culposo contra un grupo de funcionarios a los que se los considera negligentes al demorar la atención a una afiliada a la obra social del Pami.

Se trata de la historia de la señora Zunilda Inés Cicarelli, jubilada del barrio Barranquitas de esta capital, quien en el año 2002 fue hospitalizada a causa de un aneurisma y luego de peregrinar durante cinco meses falleció debido a que la prestadora y los médicos del sanatorio donde estaba internada se disputaban quien debía abonar los $600 que correspondían a dos piezas fundamentales para que la intervinieran quirúrgicamente.

Hace dos años, la justicia federal de Santa Fe procesó a los que consideró responsables de la situación, pero la investigación concluyó y en las últimas horas se elevó el expediente -que lleva el número 329/02- al Tribunal oral Federal para que se designe la fecha del Juicio oral contra los responsables de las demoras en la entrega del material.

Es el 1º caso –según consta en la justicia- donde se va a acusar a funcionarios públicos por homicidio culposo, es decir, en este caso por las demoras registradas en la atención al afiliada que le provocó la muerte.

El primer día del año 2002, familiares de la abuela la llevaron a un sanatorio privado debido a un desmayo. En esa oportunidad, quedó internada y por varios días su hermana y su sobrina debieron asistirla a toda hora. Una vez dada de alta, Zunilda comenzó una larga y dolorosa peregrinación entre la sede del Pami local y el efector sanitario donde le habían comunicado que debía operarse. Para esa cirugía eran necesarias dos pinzas que le darían una esperanza frente a su enfermedad. El precio de los clips era de $600, y al no contar con ese dinero, la jubilada concurrió a los lugares antes mencionados para que alguno se haga cargo del costo. Durante cinco meses pululó por ambos sin éxito –ya que ninguno quería afrontar los gastos- hasta que el 26 de mayo falleció. La ironía es que dos días después llegaron las ansiadas piezas.

La hermana de la víctima, la señora Elba recordó el calvario de la jubilada y destacó que “entre el Pami y el sanatorio jugaron con la salud de mi hermana por cinco meses”. Por eso, junto a la sobrina de Zunilda, Norma Cardozo, iniciaron el trámite en la Defensoría del Pueblo para evitar que algo similar vuelva a suceder y que los profesionales no eludan su responsabilidad ante sucesos de similares características. “Ellos podían salvar la vida de mi tía, pero antes está el tema plata”, rememoró Norma.

CARLOS BERMÚDEZ RECORDÓ EL CASO

El Defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez, dialogó también con LT10 esta mañana y recordó el caso de la señora Cicarelli. Además instó a los afiliados que tienen problemas con la prestadora a que acudan a realizar el correspondiente reclamo al organismo que él conduce ya que tiene “línea directa” con el Pami nacional.

“Recuerdo el caso, incluso lo que determinó con precisión la responsabilidad fue el aviso oficial que la Defensoría del Pueblo le hizo a las autoridades de la prestadora porque consideramos que era imprescindible atenderla urgente, de lo contrario iba a morir”, afirmó.