PRIMER REVÉS PARA BOGGIANO EN LA JUSTICIA

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictaminó en favor de que la Corte Suprema de Justicia rechace el recurso interpuesto por el ex ministro Antonio Boggiano contra su destitución, resuelta por el Senado de la Nación, informaron fuentes judiciales.

La opinión de la Procuración es un paso previo -aunque no vinculante- para que una Corte de conjueces decida la suerte del ex integrante del máximo tribunal, que aspira a ocupar nuevamente su cargo.

Los fundamentos. En su dictamen, Righi entendió que “la decisión de remover a un funcionario por entender que se han configurado las causales de mal desempeño corresponde exclusivamente el Senado y no puede ser revisada por los jueces”.

“Determinar si el juez es responsable por los cargos que le formuló la Cámara de Diputados, o evaluar su comportamiento como magistrado, constituye una decisión exclusiva del órgano encargado de juzgar su conducta y la Constitución Nacional otorga esa atribución al Senado”, replicó Righi.

“La decisión destitutoria reposa en razones políticas que los representantes del pueblo debieron evaluar dentro del marco de sus atribuciones constitucionales, y con los márgenes de discrecionalidad con que deben cumplir la misión que les ha conferido la Constitución Nacional”, completó.

Así, Righi rechazó el planteo de “parcialidad” del tribunal que destituyó a Boggiano y le reconoció características básicamente distintas a las que se observan en un proceso judicial que se desarrolla ante un tribunal.

Inhabilitación. El dictamen de Righi también respalda la decisión de inhabilitar por tiempo indeterminado a Boggiano para ocupar cargos públicos.

“Sobre los 50 senadores que se encontraban presentes al momento de votar, 36 votaron que la inhabilitación fuera por tiempo indeterminado, por consiguiente se superó la mayoría necesaria que se lograba con 34 votos”, refutó.

La destitución. Boggiano fue destituido el 28 de septiembre pasado por la denominada Causa Meller, un fallo de la Corte firmado por la ex mayoría automática que condenó al Estado a pagar una cifra millonaria por un contrato de confección de guías telefónicas.