PRIMERAS VOCES CONTRA LA REPRESENTACIÓN DE MILICIC EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERIOR

El ex Jefe de la Policía de Santa Fe, Comisario (R) Ricardo Jesús Milicic, es uno de los tres representantes y coordinadores por parte de la Provincia de Santa Fe y de la Policía de la Provincia ante el Centro de Planeamiento y Control y la Dirección de Inteligencia Interior de la Nación. Completan la lista de designaciones dos actuales funcionarios provinciales: Leyla María Perazzo y Alejandro Luis Rossi. La primera, Jefa de la Policía santafesina, el segundo, subsecretario de seguridad.

Representantes de diversas instituciones intermedias de la provincia se pronunciaron en contra de la mencionada designación . Miguel Zalazar, titular de APROPOL, sostuvo que “(Milicic) es un hombre duramente cuestionado, que ha sido el brazo ejecutor de la mente de Enrique Álvarez. El nuevo ministro debe rever la decisión porque no contribuye a la seguridad de los santafesinos”.

Por su parte Gustavo Martinez, quien es integrante de la Comisión investigadora no gubernamental de los hechos de diciembre de 2001, sostuvo que “el nombramiento de Milicic es parte de lo que viene haciendo este gobierno, lo que constituye una continuidad de un modelo genocida, que suma el nombre de Milicic a otros y al regalo que nos ha hecho el gobernador Obeid poniendo al Comisario Maldonado, implicado hasta el cuello en la muerte de Claudio “Pocho” Lepratti”.

En lo que hace a la parte oficial, el secretario de seguridad pública de la provincia, Alejandro Rossi, defendió la designación del ex titular de la Policía de la Provincia. “No está procesado en ninguna causa, por lo tanto no debería cuestionarse la designación”.

Milicic llega a completar la lista de delegados santafesinos por recomendación de sectores del obeidismo aunque, según comentaron fuentes gubernamentales, quienes terminaron de inclinar la balanza de su designación fueron los reutemistas que llevaron a Milicic a lo más alto en la jerarquía policial.

Según pudo constatar Notife, las designaciones se encuadran en la Resolución 0043 del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, firmada el 20 de enero por el entonces jefe de la cartera. el Dr. Alberto Horacio Gianneschi (ahora Secretario de Estado de Trabajo).

Rossi, Perazzo y Milicic reemplazarán al Comisario General (R) José Storani, al Comisario Mayor (R) José Enrique Burgos y al Comisario Principal Luis Andrés Esquivel, quienes fueron oportunamente designados en esas funciones por el Gobierno de Carlos Reutemann.

Dos funcionarios del Gobierno y una alta autoridad policial confirmaron a Notife la especie. “Sí, es cierto la Dra. Perazzo, el Dr. Rossi y Milicic fueron designados en esos cargos. Creo que tiene que ver con la Dirección de Seguridad Deportiva y la coordinación de la policías provinciales con el Ministerio del Interior”, dijeron desde la Jefatura de Policía de Santa Fe.

SE SIGUE UNA LINEA

La designación de Milicic ya generó algunas controversias en el seno de las fuerzas de seguridad de la policía santafesina. Por cierto, parece casi una constante designar en esos cargos de representación a funcionarios policiales seriamente cuestionados. En el año 2.002, el entonces Ministro Esteban Borgonovo había nombrado, también por resolución Ministerial, a José Storani en la Dirección de Inteligencia Interior de la Nación.

Storani fue el Jefe de Policía que estuvo al frente de los operativos del 19 y 20 de diciembre de 2.001, que dejaron el trágico saldo de 8 muertos en Santa Fe, todos ellos víctimas de la represión policial. Aunque la Justicia provincial no profundizó la cadena de mandos de aquellos episodios (pero sí con los policías involucrados en dos crímenes – entre ellos el de Claudio Lepratti – ) se sabe que Storani, junto con Lorenzo Domínguez y el licenciado Enrique Alvarez fueron los máximos responsables del descontrol policial en los hechos que generaron la caída de Fernando de La Rúa.

Ahora quien reemplazará a Storani es otro viejo camarada de armas: Ricardo Jesús Milicic. Como en oportunidades anteriores, el gobierno santafesino decide colocar a personal policial cuestionado al frente de cargos de representación en la Nación.

Por cierto, la figura de Milicic comenzó a erosionarse cuando se recordó su pasado como “barrabrava” de Rosario Central en los años setenta, según comentó en un reportaje el ex integrante de la selección argentina de fútbol Mario Alberto Kempes.

Durante su gestión se registraron numerosas fugas en comisarías, principalmente del sur provincial y algunos hechos vinculados a la práctica del gatillo fácil, aún sin esclarecer en ámbitos tribunalicios.

Su tarea al frente de la Jefatura de Policía atravesó por varias tormentas que estuvieron a punto de evitar que concluya su mandato, coincidiendo con el epílogo del gobierno de Reutemann. Una de ellas fue la publicación de la carta que había elevado la diputada nacional María del Carmen Alarcón al entonces Jefe Policial y al subsecretario de seguridad de entonces Enrique Emilio Alvarez (hoy en la SIDE). El hecho desnudó una maniobra “casi frecuente”, según los dichos de Alarcón, como es el tráfico de influencias.

Milicic logró desmarcarse gracias a la judicialización del hecho y al respaldo de sus jefes operativos. Por cierto, los jovencitos que proponía la diputada peronista en la misiva como posibles aspirantes de policías, reconocieron la relación con la legisladora reutemista.

Pero Milicic tuvo un claro dolor de cabeza durante su gestión como Jefe: la Asociación de Profesionales Policiales (A.PRO.POL). Fue acusado de permitir zonas liberadas para el delito y de no controlar el abigeato y el tráfico de cigarrillos importados y la proliferación de pistas clandestinas en territorio santafesino. Pero la denuncia más fuerte del personal policial fue en febrero de 2003. En aquella oportunidad fue acusado de “cocainómano”. De inmediato, se ordenó una rinoscopía a la que Milicic se sometió con celeridad, la cual arrojó resultados negativos. Pese a la tremenda acusación, el entonces Jefe de la Policía evitó iniciar acciones legales contra los policías que lo acusaron de drogadicto.

También durante su paso por el despacho principal de la Jefatura se desencadenó otro confuso episodio que lo vinculaba: la denuncia de espionaje policial a dirigentes de APROPOL, a periodistas y legisladores provinciales. Aunque la causa fue archivada por la Justicia santafesina, queda sobrevolando la duda acerca del rol de la División de Informaciones (D2) de la Policía santafesina, a quién iba a apuntada la denuncia.

La renuncia de Enrique Alvarez, el 12 de diciembre de 2002 (decreto 3.527), no modificó la estructura policial que había conformado el ahora agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Todo siguió igual. Storani fue premiado con un cargo en la Nación y los jefes policiales confirmados. Entre ellos Milicic.

REPERCUSIONES

Milicic también fue cuestionado por su paso al frente de la Unidad Regional de General López “donde tuvo varios inconvenientes con los piratas del asfalto”, dijeron desde la A.PRO.POL.

Para la Coordinadora de Trabajo Carcelario, una de las organizaciones que integra la Comisión Investigadora No Gubernamental que investiga los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2.001 en Rosario, el nombramiento constituye “una continuidad de la política se seguridad de la gestión anterior con respecto a ésta”. La designación cayó como un baldazo de agua fría, puesto que Milicic era el subjefe de la Policía de la Provincia durante los trágicos sucesos de diciembre de 2.001. “Además, tenemos registradas denuncias contra Milicic por apremios ilegales en Melincué, cuando fue Jefe de la Unidad Regional de General López”, destacaron.

Aunque la denuncia principal por los hechos de finales de 2.001 en Santa Fe apunta principalmente a los responsables del poder político, se sabe que Milicic, en su carácter de subjefe policial debía tener una fluida relación con las distintas Unidades Regionales y que su responsabilidad en los operativos policiales de entonces era similar a la que tenía el Jefe.

Ahora, el ascenso de Milicic como representante de Santa Fe en un órgano nacional, viene a confirmar lo que desde el Gobierno de Obeid se niega: la continuidad de la política de seguridad, heredada de la gestión anterior. Aquella que organizó, desarrolló y ejecutó el licenciado Enrique Alvarez, uno de los máximos responsables, entre otras cosas, de los sucesos del diciembre trágico, y del aumento del delito (de acuerdo a estadísticas elaboradas por especialistas en criminalística).

Una demostración más de que la administración obeidista está más cerca de los dogmas y herencias del reutemismo que del conocido “estilo K”.