PRISIÓN PREVENTIVA Y EMBARGO PARA PATOVICA ACUSADO DE HOMICIDIO

Un guardia de seguridad privado acusado por la muerte del boliviano Beimar Mamani, en febrero último en la discoteca Fantástico Bailable, fue procesado con prisión preventiva y sus bienes embargados por 100 mil pesos, informaron a DyN fuentes judiciales.

Las fuentes precisaron que la jueza subrogante Fabiana Palmaghini dictó la medida contra José Pedro “el Oso” García, un uruguayo nacionalizado argentino, quien permanece detenido desde el 10 de abril pasado, tras haber permanecido prófugo durante más de un mes.
García fue procesado por el delito de “homicidio simple en concurso real con lesiones leves”, una figura que contempla penas que van de los ocho a los 25 años de cárcel.

La jueza descartó (en rigor de verdad, nadie se lo había planteado) el agravante de “discriminación” por cuestiones de nacionalidad vinculadas con el origen boliviano de Mamani.

La magistrada Palmaghini también dictó el embargo sobre los bienes de García hasta cubrir la suma de 100.000 pesos.

En el mismo expediente están procesados dos policías por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por no haber actuado cuando se produjo la golpiza contra Mamani en el interior de la discoteca.

Los dos permanecen en libertad pues el delito que se les imputa es excarcelable.

García, de unos 35 años de edad, fue detenido a principios de abril en el barrio de Floresta, tras una larga tarea de inteligencia dispuesta por la jueza y cumplida por efectivos de la división Delitos Contra la Salud de la Policía Federal.

Mamani, de 24 años de edad, resultó mortalmente herido en la bailanta situada en la avenida Rivadavia al 3.400, presuntamente en el marco de una reyerta por un episodio circunstancial.

Aún herido, el boliviano llegó hasta su casa, en una villa de emergencia cercana a la discoteca, pero allí se descompuso y fue internado en el hospital Penna, donde murió un par de día más tarde.

Otros cuatro custodios privados que inicialmente habían sido detenidos quedaron en libertad poco después porque la jueza les dictó la “falta de mérito” para procesarlos o sobreseerlos.