PRIVATIZADAS: ANTES DE FIN DE AÑO EL GOBIERNO DEBE RESOLVER 46 CONTRATOS

A menos que salga a desplegar en las últimas semanas del año una hiperactividad que no se ha visto hasta ahora, el Gobierno va camino a un nuevo “default” en las renegociaciones con las empresas privatizadas. En dos meses debe resolver la situación de 46 contratos.

Para no tener que afrontar el costo político en plena campaña electoral, la administración kirchnerista pasó para después del 23 de octubre la aprobación de casi todos los nuevos contratos y ajustes tarifarios que se acordaron con los operadoras privados de los servicios públicos.

Según lo que establece la ley 25.972, el plazo para renegociar los contratos con las privatizadas expira el próximo 31 de diciembre. Salvo que la estrategia oficial consista en salir a solicitar una nueva prórroga al Congreso, los elementos en juego muestran que al Gobierno le resultará materialmente imposible cumplir antes de fin de año con todos los pasos que faltan para cerrar el proceso de las renegociaciones.

Tras las elecciones que se realizarán en tres semanas, al Poder Ejecutivo le quedarán sólo 69 días para llevar adelante las siguientes tareas:

Aprobar los 9 contratos que pasaron por las audiencias públicas y el Congreso.

Remitir al Parlamento un lote de 23 contratos, que ya se debatieron en audiencias públicas. Por más que se despachen todos los acuerdos en la última semana de octubre, los legisladores tendrán un plazo de 60 días para aprobar o rechazar las modificaciones contractuales. En el mejor de los casos, la posición del Congreso se conocerá en la última semana del año, casi sobre el filo del plazo que tiene el Gobierno para renegociar los contratos.

Poner en marcha las renegociaciones de los 14 contratos más atrasados que permanecen en el freezer desde el año pasado.

Hasta ahora, la única renegociación que cumplió con todos requisitos y se encuentra vigente es la correspondiente a la distribuidora eléctrica Edelap.

Al igual que los acuerdos en danza con Edenor y Edesur, la renegociación de Edelap disparó un aumento promedio del 15% en las tarifas de los medianos y grandes usuarios. Para el primer semestre del 2006, quedó agendada una “revisión tarifaria integral” que, en principio, alcanzará a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Pese a que desde hace varias semanas ya tiene el camino despejado, el Gobierno ha optado por frenar transitoriamente la entrada en vigencia de 9 contratos que involucran a concesionarios viales, transportistas eléctricos y operadores portuarios.

Los acuerdos que permanecen en las gateras hasta después de las elecciones tienen un impacto tarifario muy variado. En el caso de los accesos Norte y Oeste, los funcionarios convalidaron un

aumento del 15% promedio para todas las categorías de usuarios.

Por el lado de Transener, Transba y Distrocuyo, los incrementos finales no podrán superar el 15% y recaerán solo sobre los medianos y grandes clientes. Y en el caso de las terminales portuarias, los nuevos contratos prevén la ratificación de las tarifas dolarizadas que se venían cobrando desde mediados del 2002.

Con los acuerdos que aún deben ser enviados al Congreso se registran dos aspectos polémicos.

Por un lado, quedó planteada una discusión legal con las empresas que inicialmente habían rechazado las propuestas de renegociación y luego de las audiencias públicas aceptaron firmar nuevas de cartas de entendimiento. En este grupo se encuentran Edesur y Edenor y Gas BAN.

Para las entidades defensoras de los usuarios, esos acuerdos que fueron modificados ahora tienen que volver a pasar por audiencias públicas. En cambio, para las empresas y la UNIREN no corresponde volver a debatir los contratos porque los cambios responden a las conclusiones de las audiencias que se efectuaron en los primeros meses del año.

Por otro lado, aparece la cuestión de las fechas de aplicación de los aumentos que suscribió el Gobierno. En el caso de Edelap, los ajustes comenzaron a correr en agosto, pero se le reconoció a la empresa la fecha inicial de mayo. Los incrementos no aplicados entre mayo y agosto serán compensados en la renegociación integral del próximo año.

Para los accesos Norte y Oeste, la recomposición tarifaria también se remonta al mes de mayo y todo indicaría que los aumentos no cobrados serán reconocidos en la revisión del 2006.