PRIVATIZADAS: ARRANCA UNA DISCUSIÓN ÁRIDA Y COMPLEJA
“La más importante discusión de intereses pendientes”, como definió el presidente Néstor Kirchner a la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, abrió su primer capítulo en el Congreso y anticipa una complejidad comparable con las negociaciones por el canje de la deuda.
En el Poder Legislativo, el ámbito de debate será la comisión bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas, que tiene la atribución de sugerir tanto al Senado como a la Cámara de Diputados la aceptación o el rechazo de los acuerdos que el gobierno firme con las empresas privatizadas.
La tarea pendiente es monumental: quedan por negociar 49 contratos, que incluyen servicios de agua, electricidad, gas y teléfonos.
Por parte del Poder Ejecutivo, la tarea está en manos de la Unidad Renegociadora de los Contratos (Uniren), con representantes del ministerio de Planificación y de Economía.
Las tareas incluyen, primero, llegar un entendimiento con las empresas, luego someterlo a discusión en audiencias públicas y, por último, lograr su ratificación por parte del Parlamento.
La difícil faena por delante, asimismo, se verá cruzada por las presiones del FMI, que actúa como representante de las empresas ligadas a los países del G7, y a los apremios generados por la falta de inversión en el mercado local de servicios públicos.
Por ello, en la comisión bicameral ya reconocen que el gobierno deberá pedir una nueva prórroga de la ley de emergencia económica para seguir con las tratativas a lo largo de 2006.
El jueves pasado, el primer contacto entre los miembros de la unidad y los integrantes de la comisión demostró que el diálogo, incluso en el interior del oficialismo, estará surcado por tensiones.
La oposición, como dejaron en claro los diputados María América González (ARI) y Silvia Leonelli (UCR), como también el senador Ernesto Sanz (UCR), rechaza prácticamente de plano convalidar en el Parlamento aumentos de tarifas y exige que se revisen los incumplimientos de las empresas desde el inicio de las concesiones.
El panorama en el justicialismo es igualmente ríspido. Las duhaldistas Graciela Camaño y Mabel Muller, ambas integrantes de la estratégica comisión bicameral, conforman un núcleo de fricción interna para los deseos del Poder Ejecutivo donde siempre resulta complejo separar los desacuerdos técnicos de los rechazos de origen político, motivados por la crisis del Justicialismo bonaerense.
A la maraña de presiones debe sumarse también las particularidades de un año electoral, un escenario siempre desalentador para aprobar aumentos de tarifas.
A favor del gobierno juega la fortaleza obtenida gracias al resultado del canje de la deuda. Pero las empresas tienen herramientas de presión lacerantes. Por un lado mantienen las demandas ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial que interviene en la resolución de conflictos a la espera de un fallo a su favor. Y paralelamente aprietan con un constreñimiento de las inversiones y su consecuente efecto en la calidad de los servicios.
El primer contrato que llegará al Congreso y que servirá de ensayo general para los próximos entendimientos será el acuerdo firmado con la eléctrica Edelap, que el 13 de enero superó una audiencia pública donde se convalidó un aumento del 28 por ciento en las tarifas de los grandes usuarios. Luego llegarán las transportistas eléctricas Distrocuyo y Trasba.
Pero el plato fuerte del primer trimestre será, sin duda, la resolución de la pulseada con los franceses de Suez, el grupo controlante de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe.
Los empresarios de Aguas irán el jueves a la comisión bicameral para presentar su posición. Será un teatro ideal para dejar a la luz pública las posturas en la negociación.
Además quedan por resolver los acuerdos con Telefónica y Telecom, las gasíferas y los concesionarios de ferrocarriles urbanos.
En definitiva, una conjunción de elementos que anticipan una negociación lenta y escabrosa, que puede llevar a los funcionarios del gobierno a recordar con nostalgia la pulseada civilizada con los bonistas extranjeros.
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