PROBLEMAS DE TRANSPORTE EN FRANCIA EN UNA NUEVA JORNADA DE PROTESTAS
El tráfico aéreo así como los trenes y los transportes urbanos estaban serieamente afectados hoy en toda Francia a causa de una jornada de huelga en protesta contra el Contrato para un primer empleo (CPE) que afecta a los menores de 26 años.
Los trabajadores de los ferrocarriles fueron los primeros en iniciar el paro, a las 20 (hora local) de ayer, en un movimiento que podría prolongarse hasta el miércoles a las 8.
Mientras unas sesenta universidades siguen afectadas por el movimiento, la jornada de huelga, la cuarta en ocho semanas, convocada por doce grandes centrales sindicales y de estudiantes, podría superar en importancia a las anteriores.
En las primeras horas de la mañana del martes, la empresa nacional de ferrocarriles (SNCF) indicó que circulaban dos tercios de los trenes de alta velocidad, 40% de las redes nacionales y un 51% de los trenes suburbanos.
Las comunicaciones ferroviarias internacionales funcionaban normalmente, excepto las que van a Ginebra (Suiza). El metro parisino funcionaba en un 75%, y un 50% de los buses de la capital estaba en circulación.
No obstante, había importante perturbaciones en el transporte en las grandes ciudades francesas, como Burdeos, con sólo la mitad de los autobuses en funciones; Nancy, con 55% de los buses parados o Lille, donde el transporte urbano estaba completamente paralizado.
En los aeropuertos, las primeras anulaciones de vuelos fueron registradas entre Toulouse y París.
La jornada también afectará las escuelas, donde los alumnos podrán asistir, sin que por lo tanto las clases funcionen.
El lunes, el primer ministro francés Dominique de Villepin intentó establecer el diálogo con los sindicatos para “reajustar” el controvertido CPE, pero el ofrecimiento fue inmediatamente rechazado por dos de las grandes centrales sindicales.
Los sindicatos franceses han convocado este paro “interprofesional” para exigir la retirada del Contrato de Primer Empleo (CPE) dirigido a los jóvenes menores de 26 años, que establece un periodo de prueba de dos años en los que la empresa puede proceder al despido sin necesidad de justificarlo.
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