PROCESAN Y EMBARGAN A EX FUNCIONARIOS Y POLICÍAS POR LA TRAGEDIA EN CROMAÑÓN

Cinco ex funcionarios del Gobierno porteño -entre ellos la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin- fueron procesados esta tarde por homicidio culposo en la causa que investiga la tragedia de Cromañón. Tres altos jefes de la comisaría 7ª, en tanto, quedaron acusados por cohecho pasivo.

El juez Julio Lucini -a cargo de la investigación- acusó a Fiszbin y a los ex funcionarios Ana María Fernández, Rodrigo Cozzani, Alfredo Ucar y Juan Carlos Torres por el delito de homicidio culposo, que prevé penas de 3 a 5 años de prisión. Todos trabajaban en el área de inspecciones del Gobierno de la Ciudad.

Otro ex funcionario porteño -Víctor Tella- fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Juan Carlos Loupias y el ex inspector Jorge Díaz recibieron la falta de mérito.

Lucini también cargó contra los jefes de la seccional 7ª: los comisarios Gabriel Sevald y Juan Carlos Belay, así como el subcomisario Carlos Díaz fueron procesados por el delito de cohecho pasivo (es decir, recibir coimas). Mientras que dos agentes que estaban de consigna en el boliche la noche del incendio fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además, amplió el procesamiento de Omar Chabán y el presunto jefe de seguridad de Cromañón, Raúl Villarreal. Ambos ya estaban acusados por homicidio simple con dolo eventual (que prevé hasta 25 años de cárcel pero que pueden ser más por la cantidad de casos fatales) y ahora se les agregó la figura de cohecho activo.

De acuerdo al dictamen, los jefes y algunos de los oficiales de la seccional 7ª sabían que en Cromañón se hacían recitales de música como si se tratara de un microestadio. Y conocían que entraban muchas más personas que las 1.031 que permitía la habilitación. Sin embargo, permitieron que siguiera funcionando. Según Lucini, eso ocurrió porque habrían tenido un acuerdo verbal con Chabán y Villarreal.

El magistrado también dictó fuertes embargos para todos los procesados: 20 millones de pesos en el caso de los funcionarios acusados por homicidio culposo, una cifra que oscila entre medio millón y 100 mil pesos para los policías, 800 mil pesos para Chabán y 500 mil en el caso de Villarreal.

El fallo de Lucini dejó otro detalle al descubierto: para la Justicia, la noche de la tragedia ninguna puerta podía ser considerada como de emergencia. Una, porque estaba cerrada con candado y encima conducía al hotel que integra el mismo complejo del boliche, mientras que la otra servía exclusivamente como ingreso. Un dato que se había convertido en algo más que una certeza tras la emotiva inspección del miércoles en el lugar que llevó a la muerte a 193 personas.