PROCESARON A ASTIZ POR LA DESAPARICIÓN DE DOS MONJAS FRANCESAS
A más de 26 años de cometidos los crímenes, la Justicia Federal procesó hoy con prisión preventiva al ex capitán de fragata Alfredo Astiz, a otros dos marinos y a un prefecto por los tormentos aplicados a las desaparecidas monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y otras víctimas de la dictadura.
El juez federal Sergio Torres dictó hoy el procesamiento por el delito de tormentos de los capitanes de la Armada Astiz, Jorge Acosta (alias “El Tigre” y Antonio Pernías, además del prefecto Héctor Antonio Febres, a quienes -además- les trabó un embargo de 12 millones de pesos, uno por cada víctima.
Todos ellos -quienes están detenidos desde el año pasado en el marco de la megacausa ESMA- fueron encontrados prima facie responsables de las torturas que sufrieron las monjas francesas, quienes se convirtieron en un símbolo de la crueldad con la que actuó la dictadura militar.
También se los procesó por los tormentos sufridos por Angela Aguad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, María Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bullit, Remo Carlos Berardo y Horacio Elbert, y por Azucena Villaflor de De Vicenti, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo que fue secuestrada cuando buscaba a su hijo.
Las víctimas, aún desaparecidas, fueron detenidas ilegalmente en el marco de las investigaciones en la Parroquia de Santa Cruz, en la calle Estados Unidos 3150, donde se realizaban reuniones de familiares de desaparecidos.
Hasta allí, en la noche del 8 de diciembre de 1977, llegaron personas vestidas de civil diciendo ser policías, en un supuesto operativo antidrogas, y detuvieron a la mayoría de los mencionados.
Berardo fue arrestado esa misma noche en su taller mecánico, mientras que dos días después los ocupantes de un Ford Falcon se llevaron a la hermana Duquet de una casa de Ramos Mejía y otro grupo hacía lo propio con Azucena Villaflor en la localidad de Sarandí.
Según obra en la causa, las víctimas fueron llevadas al Casino de Oficiales de la ESMA “donde se las interrogó mediante la aplicación de tormentos, para luego ser alojadas bajo condiciones inhumanas en los sectores denominados ‘capucha’ y ‘capuchita’ que funcionaban en el tercer piso y el altillo respectivamente”.
Se cree que allí permanecieron entre siete y diez días y luego fueron “trasladados en los ‘vuelos de la muerte’, o sea llevados en aviones desde los cuales los tiraban al Río de la Plata.
Tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que frenaron las investigaciones de los delitos cometidos durante la última dictadura para aquellos que “cumplieron órdenes”, la Cámara Federal porteña ordenó el último 1 de setiembre la reapertura de la causa ESMA con el fin de esclarecer el destino de los que pasaron por el mayor centro clandestino de detención que funcionó entre 1976 y 1983.
Fue entonces cuando el juez Torres comenzó a analizar algunos casos ocurridos allí y ya procesó a Astiz y otros imputados por aquellos hechos. En el marco de ese expediente, Astiz, Acosta, Pernías y Febres se encuentran detenidos, igual que otros ex marinos.
Pero ahora el magistrado avanzó en lo sucedido con las monjas francesas, el caso que planteó con más dureza cómo operaban los grupos de tareas de la ESMA y que convirtió a Astiz en una de las caras emblemáticas de la represión.
Su nombre apareció incluso en una solicitada del diario La Nación el 10 de diciembre de 1977, dos días después de los secuestros, denunciando la situación de los desaparecidos.
Este contenido no está abierto a comentarios

