Según la denuncia, el funcionario los habría utilizado, en cambio, para cancelar una deuda del país con la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), según indicaron fuentes tribunalicias.
La medida, que incluyó un embargo de 850.000 pesos, fue dictada por el juez federal Norberto Oyarbide, ante una denuncia promovida por la Oficina Anticorrupción (OA). 
El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva porque, según Oyarbide, &#8220;no hay indicios que permitan presumir que Bastos intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación&#8221;.