PROCESARON A NUEVE POLICÍAS POR FALSEAR ACTAS Y ENCUBRIR EN EL CASO LEPRATTI

Nueve policías de la subcomisaría 20ª fueron procesados por adulterar las actas del homicidio de Claudio Lepratti y el libro de guardia de la seccional de modo de ocultar lo ocurrido y encubrir la responsabilidad de los policías que le provocaron la muerte, una de las siete registradas durante la convulsión social desatada entre el 19 y 21 de diciembre de 2001 en Rosario. Entre los efectivos que irán a juicio están incluidos quienes en ese momento eran el jefe y el subjefe de esa dependencia ubicada en el extremo sur de la ciudad.

La resolución del juez de instrucción Nº 13, Osvaldo Barbero, impuso a los policías la figura de encubrimiento en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público. El primer delito prevé una pena de uno a seis años de prisión. El segundo, de seis meses a tres años. De los diez policías llamados a indagatoria solamente uno quedó al margen de los procesamientos: el juez le dictó la falta de mérito al asumir que no había estado en la subcomisaría el día en el que se produjeron los ilícitos investigados. No obstante, como el libro de guardia fue falseado, no hay una medida procesal definitiva contra este uniformado.

Con su fallo, Barbero considera que los policías procesados intentaron disfrazar los pasos del delito para ocultar lo ocurrido y favorecer a los policías involucrados. No se internó sobre si también incurrieron en una estafa procesal. Esto es: proponerle al juez datos deliberadamente falsos y hacerle tomar una dirección errada en la pesquisa.

Dos días después de la muerte de “Pocho” Lepratti, ocurrida el 19 de diciembre de 2001 sobre el techo de la escuela del barrio Las Flores donde trabajaba, al despacho del juez llegó un sumario que acusaba por resistencia a la autoridad y daños calificados al militante social asesinado de un disparo en la garganta. Lo remitía la División Judiciales de la Unidad Regional II y había sido confeccionado en la sub 20ª. La acción contra Lepratti se archivó por motivos obvios: el denunciado estaba muerto. Pero la investigación de la muerte en sí -por el que está detenido el agente Esteban Velázquez con procesamiento confirmado por homicidio simple- cristalizó profundas contradicciones. Las principales colisiones se daban entre lo que planteaban los testigos de la muerte de Lepratti y lo que decía el sumario del caso (ver aparte).

Del acta de procedimiento y de las constancias del libro de la sub 20ª surge que una compañera de Lepratti, que estaba a su lado en el trágico momento, falleció en un enfrentamiento. Pero el antagonismo de la declaración de la testigo en sede judicial, el irregular asentamiento de la denuncia -la mujer dijo que no se la tomaron por escrito- y la no coincidencia de la hora de la misma llamaron la atención de Barbero.

Luego las pericias técnicas agudizarían más las contradicciones del personal de la sub 20ª: un informe balístico de Gendarmería Nacional determinó que las dos balas que perforaron el patrullero 2270 nunca pudieron provenir del lugar donde se encontraba Pocho. Lo que le dio al juez la pauta de que los balazos contra el móvil habían sido disparados con posterioridad para fabricar la situación de un enfrentamiento y así presentar la acción de los policías como una respuesta a una agresión previa.

El 19 de diciembre de 2001, Lepratti cayó baleado en la garganta por un proyectil de plomo. Se encontraba en el techo de la Escuela 756 José Serrano, donde trabajaba como auxiliar de cocina, observando los disturbios que ocurrían en la vecina villa La Granada. “No tiren que hay chicos”, gritó a un patrullero del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco que pasó frente al lugar, por una calle paralela a la avenida de Circunvalación. Como respuesta, dos policías descendieron del móvil y dispararon hacia el techo, tal como lo relataron los testigos presenciales del crimen.

Cuando fueron llamados a Tribunales entre el 10 y el 23 de septiembre pasado, todos los policías ahora procesados se negaron a declarar. El comisario Roberto De la Torre fue el primero en ser indagado por el encubrimiento. También comparecieron el cabo primero Marcelo Fabián Arrúa, el sargento primero Jorge Alberto Orué, el comisario principal Eduardo Tomás Jones, el oficial ayudante Edgardo Rubén Orgaz, el agente Carlos Alberto de Souza, el sargento primero Norberto Ruiz Moreno, la agente Miriam Edith Fernández y el oficial ayudante Ernesto Francisco Romero.