PROCESARON A UN COMISARIO Y MÉDICO DE LA POLICÍA PROVINCIAL

El subjefe de la Dirección de Medicina Legal de la policía santafesina fue procesado por amenazar a dos colegas de menor jerarquía a los que obligó a cambiar un dictamen médico que complicaba su situación en una causa judicial. Se trata de Jorge Alberto Velasco, un médico que tiene actualmente el grado de comisario principal y que en el pasado ya estuvo bajo la lupa de la Justicia provincial por otros motivos.

La denuncia contra Velasco la hicieron los médicos policiales Ricardo Coloccini y Carolina Nagel. Data de octubre de 2002, cuando según ellos fueron presionados para que cambiaran un informe médico suscripto por Nagel. Se trata del diagnóstico que hizo la médica sobre las lesiones sufridas por un ciclista de apellido Molina, al que Velasco había atropellado con su auto el 4 de septiembre de ese año.

El informe dictaminó que las heridas de Molina (entorsis de rodilla y fractura de una costilla) necesitarían un proceso de curación y reposos de entre 30 y 40 días. El diagnóstico claramente dejaba a Velasco ante un serio problema judicial.

La denuncia de Coloccini y Nagel dio lugar a una investigación penal que quedó a cargo del juez Luis María Caterina. Es este magistrado quien dictó el procesamiento de Velasco. Al hacerlo consideró que hay indicios que dan verosimilitud a lo que dijeron los denunciantes.

El juez Caterina atribuyó a Velasco haber amenazado a sus subalternos y luego haber cumplido con esa amenaza al iniciar una persecución laboral contra ambos. Según el juez, esa persecución consistió en denunciarlos y sancionarlos por supuestas irregularidades en el desempeño de sus tareas.

El delito atribuido a Velasco se castiga con penas de prisión o reclusión de dos a cuatro años.

Otros antecedentes
Aunque es la primera vez que lo procesan, el comisario principal ya fue denunciado en varias ocasiones y por otros hechos. En enero de 1998 la fuga de un menor detenido en la alcaidía de la Unidad Regional XVII, en San Lorenzo, puso al descubierto que la clínica para adictos que él dirigía funcionaba sin permiso oficial y recibía subsidios de la provincia.

Ese establecimiento sólo tenía una habilitación provisoria, que había sido extendida por la Municipalidad gracias a la gestión del por entonces diputado provincial Pedro Pili Rodríguez, hoy preso por orden del juez federal Omar Digerónimo por su presunta participación en el secuestro de tres militantes políticos en 1976.

El propio Velasco apareció mencionado en el pasado en denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos luego del golpe de 1976 en San Lorenzo, cuando Pili Rodríguez era funcionario del municipio. Un dictamen de la Dirección de Derechos Civiles y Políticos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, del 6 de abril último, sugiere que habría estado involucrado en esos episodios. El mismo organismo provincial admite haber recibido denuncias sobre el cobro de coimas por parte de Velasco a los aspirantes a ingresar a la policía. Esas denuncias fueron giradas a la Subsecretaría de Seguridad Pública, que hasta el momento no tomó ninguna medida y tiene en estudio el ascenso de Velasco al cargo de comisario mayor.