PROCESARON POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO AL EX VICEGOBERNADOR ENTRERRIANO DOMINGO DANIEL ROSSI.
Después de seis años de profusa investigación, la justicia de La Paz procesó por el delito de enriquecimiento ilícito al ex vicegobernador y actual candidato a intendente del PJ de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. Le comprobaron que en sus cuentas en la República Oriental del Uruguay, hubo movimientos por 48.141.345,29 dólares, entre 1991 y 1997. No obstante, su primera cuenta en el vecino país la abrió en junio de 1989, en el ING Bank. El juez de Instrucción, Carlos Trajtemberg, consideró en su escrito, de 16 páginas, que Rossi no pudo justificar su patrimonio y por ende lo procesó, como así también le trabó un embargo por 500.000 pesos. La ex esposa de Rossi, su madre y su hermana -a nombre de quienes estaban también las cuentas uruguayas- fueron beneficiadas en la causa por la extinción de la acción penal. Los abogados querellantes y defensores fueron notificados ayer, según pudo determinar ANALISIS DIGITAL.
El ex vicegobernador Rossi tuvo ayer uno de sus peores días. Uno de sus abogados, Carlos Neumann, le leyó íntegramente la resolución del juez de Instrucción de La Paz, Carlos Trajtemberg, por la cual lo procesó por el delito de enriquecimiento ilícito y tomó conciencia que su ardid de la negativa permanente, quedó al descubierto. Ayer a la mañana, Neumann recibió las 16 carillas de la resolución del magistrado, donde, además de las consideraciones procesales, se dan a conocer detalles nunca sabidos públicamente de la causa que llevó adelante, fundamentalmente, el fiscal Enrique Martínez, desde su inicio, en 1997, a partir de la denuncia periodística del Semanario ANALISIS.
En el escrito, Trajtemberg recordó inicialmente, el objeto procesal del expediente, que acumuló seis cuerpos: “Que, durante el período comprendido entre los años 1983 a 1995, en que se desempeñó como intendente de la ciudad de Santa Elena (1983-1987 y 1991-1995) y como vicegobernador de la provincia de Entre Ríos (1987-1991), produjo un enriquecimiento patrimonial apreciable que no se condice con los haberes que percibía por el ejercicio de dichos cargos públicos. Y requerido formalmente, en fecha 11-02-99 a justificar la procedencia de dicho incremento patrimonial, lo hizo en forma insuficiente y sin respaldo documental alguno en fecha 10-03-99”, obviando bienes como una casa y un auto y “no acreditando el abultado y desproporcionado patrimonio, que se ve reflejado, fundamentalmente, en los informes producidos por el ING Bank de Paysandú (ROU) y el Banco Surinvest de Montevideo (ROU), los cuales resaltan la existencia de importantes y exageradas sumas de dinero, que intentó disimular, con la participación de Fermina González (madre), María Alba Rossi (hermana) e Isolina García (ex cónyuge), a quienes colocó como titulares de las cuentas y/o plazos fijos referidos”.
Se considera luego que “el desproporcionado aumento de la fortuna personal del ex funcionario Rossi está probado en autos por los informes bancarios uruguayos, que hacen saber, como titulares de cuentas al imputado en el ING Bank, de la cuenta Número 311.723, a nombre de Domingo Daniel Rossi González -apellido materno- y/o de Isolina Guadalupe García de Rossi, abierta en fecha 12/06/89 y por la suma de 19.000 dólares, la que canceló el 3/7/97, procediendo a retirar los fondos, que ascendían a 272.464,33 dólares y también la cuenta Número 261.092, contando en ella con 263.662,19 dólares, a nombre de Fermina González y María Alba Rossi González”. La fecha del 3 de julio de 1997 es pocos días después de la primera denuncia de ANALISIS sobre sus cuentas en el Uruguay, a través de un artículo del periodista Sergio Gómez. Cabe recordar que a mediados de 1989, Rossi comenzó a armar la firma Malleco SA para quedarse con el ex Frigorífico Regional Santa Elena, en la primera privatización que se hizo en el gobierno de Jorge Busti, que finalmente se abortó. Se privatizó luego, en abril de 1990, al grupo Constantini, que lo cerró tres años después.
El magistrado agregó que “también se logró que informe el Banco Surinvest, afirmando que la cuenta Número 1.137.777 se encontraba registrada a nombre de Fermina González y María Alba Rossi, en la que poseía al momento del cierre, la suma de 1.293.228 dólares dólares y la cuenta Número 5.508.247, a nombre de Isolina García y/o Fermina González, en la que se llegó a poseer en un momento de eu evolución, la suma de 1.482.559,22 dólares, por lo que en el análisis de los montos de las distintas cuentas informadas surge que existe un sospechado y desproporcionado enriquecimiento del encartado, por interpósitas personas, que ronda los 3.311.913,52 dólares estadounidenses”.
Se añade luego que “también de los resúmenes de las cuentas surge la existencia de un importante número de plazos fijos y cuentas vinculadas, donde se colocaba dinero y se lo regresaba a la cuenta a la vista, a los fines de lograr, estimo, un rendimiento óptimo de las colocaciones de dinero. Es un ejemplo claro de lo afirmado el resumen de la cuenta Número 5.508.247, la que comienza a operar en fecha 4/8/91 y finaliza con la extracción de todos los fondos en fecha 15/6/97, y en la que, en una verdadera ingeniería financiera se acreditaron plazos fijos en la cuenta a la vista por 48.141.345,89 dólares y se retiran de la cuenta a la vista por 45.656.234,29 dólares, lo que deja una diferencia -renta probable- de 2.505.761,45 dólares. Este cálculo surge de las veces que se acreditó dinero en plazo fijo y las bajas, resultando como diferencia el monto consignado, que es una idea aproximada de los montos y la renta financiera del dinero pasado por la cuenta, es decir, sumando los ingresos a la cuenta y detrayendo las sumas que se sacaron, lo que deja como saldo la diferencia ante dicha, operación realizada sobre el extracto de la cuenta de referencia”, acotó el magistrado.
Trajtemberg insistió en remarcar que ninguno de los familiares directos de Rossi puede manejar esas cifras millonarias, tal como siempre ha dicho el ahora nuevamente candidato a intendente del PJ, a través de los diferentes medios de prensa. “Fermina González -indicó-, madre del encartado, ha pasado gran parte de su vida dedicada a las tareas domésticas y en su vida en común con el señor Daniel Rossi -padre del encartado, fallecido- no ha moldeado ni aproximadamente la importante cifra en dólares, cuya titularidad le adjudica el banco. Para corroborar esto es necesario solo ver el inventario del sucesorio de su señor esposo, que desarrollado en media foja describe la propiedad de un pequeño auto y de un inmueble que seguramente fue el hogar del matrimonio”. El magistrado recordó incluso que la mujer tuvo que pedir en 1993, al juez del sucesorio, que le permitiera vender el auto “para afrontar gastos causídicos y otros compromisos ineludibles”, aunque en esa fecha ya tenía una cuenta a su nombre en el Uruguay. Añadió que la señora Fermina González “es pensionada”.
Manifestó también que María Alba Rossi, hermana del ex vicegobernador, “se ocupó de la docencia” y su esposo, Daniel Abelardo López, “fue empleado, hasta que el 23 de agosto de 1995 fue nombrado juez de Paz de Santa Elena y va de suyo que esta actividad no puede generar la renta que aparece en los bancos a su nombre”.
Y en cuanto a Isolina García, señaló que, según el informe de la AFIP “al 5 de agosto de 1997 no figuraba inscripta ni como tributario de impuestos ni con clave de identificación laboral, siendo su ocupación la de ama de casa y, por lo tanto, sin posibilidades de generar el patrimonio que le adjudican las cuentas”.
Según Trajtemberg, las “personas interpuestas” por Rossi para disimular su enriquecimiento ilícito, “no tomaron arte ni parte en la construcción ni en el manejo de los activos financieros depositados en los bancos uruguayos, los que en realidad pertenecen a Rossi y fueron desarrollados durante sus funciones como vicegobernador”. Indicó que “la interposición, por parte de Rossi, de su señora madre Fermina González, surge en forma pristina con el apoderamiento que ella realiza del doctor Jorge Pereyra Schurman, para que éste se oponga al progreso de la medida de cooperación judicial solicitado a los tribunales uruguayos, para que informen los bancos, del trámite de diligenciamiento del exhorto 1.410 y la interposición de Isolina García, de lo relatado por Ana Pemayón, quien afirmó que, efectivamente, Isolina García retiró fondos del ING Bank, lo que demuestra la existencia de la cuenta y la titularidad de aquella”.
Recordó el relato de Isolina García, al afirmar que cuando vivían aún juntos con Domingo Daniel Rossi “viajaron a Paysandú en al menos dos oportunidades y que el encartado le solicitaba sus documentos, la dejaba a tres cuadras de la sede del banco y Rossi iba sólo a la institución; que lo sabe porque una vez lo siguió. Afirmó además que, en una oportunidad, estando en Paysandú, cuando Rossi regresó del banco, observó que traía el documento de su madre y esposa para realizar las operaciones bancarias y así ocultar la propiedad del dinero, resultando en este aspecto muy significativo el relato que la señora García hace de la situación familiar vivida, cuando se publicó en la revista Análisis, donde se informa de las cuentas y los hijos del matrimonio Rossi-García le preguntan a la abuela por el dinero correspondiente a ella y ésta le responde que ella lo único que hacía es lo que le decía el padre (de los menores): firmaba los papeles y levantaba el dinero. Es entonces claro –agregó Trajtemberg- que el dominio de la situación jurídica de la cuestión suscitada con las cuentas le correspondió a Rossi, con exclusividad. No se puede entender que la madre del encartado, con su simple vida en Santa Elena, haya llegado a pleitear ante la Suprema Corte de la República Oriental del Uruguay”.
LA JUSTIFICACIÓN DE ROSSI
El juez paceño indicó que a Rossi se le formuló el requerimiento de justificación y éste lo presentó por escrito. El ex vicegobernador hizo “una simple alegación sobre la conformación de su patrimonio” y ofreció como prueba de sus dichos el testimonio de cinco personas “con vinculaciones personales o de tipo político”. Brevemente, Rossi recordó de la austeridad de su vida antes de asumir como funcionario público, llegando a concluir que, al final del mandato como vicegobernador “su patrimonio superaba el millón de pesos”. Según Trajtemberg “la cifra se contrapone abiertamente con su propia declaración jurada patrimonial, presentada ante el Escribano Mayor de Gobierno, fechada el lunes 11 de febrero de 1991”, o sea, meses antes de finalizar su mandato, en diciembre de ese año. Allí dijo que que tenía como bienes propios un Renault 12 modelo 1987 y una casa otorgada por el Banco Hipotecario Nacional (BHN), de la que aún adeudaba cuotas, “jurando que su cónyuge no poseía bienes y que su madre era ama de casa y pensionada”. El juez agregó que “toda su argumentación, además de tropezar con su propia manifestación jurada” colisionó también con el informe de la AFIP de agosto de 1997, donde se señaló que Rossi “no se encontraba inscripto ni con identificación tributaria ni laboral, salvo la de emisor de cheques, por lo que no resultan creíbles sus alegados ingresos, dado que es absolutamente imposible de cotejar sus afirmaciones, sobre el origen de su patrimonio, con documental objetiva e independiente, la que se abstiene de presentar”. Dijo también que las personas convocadas por Rossi en su defensa estaban orientados a “corroborar sus dichos, cuando afirmó que al ser candidato a vicegobernador, recibió de compañeros políticos un aporte de 150.000 pesos y que de esa suma, lo que no gastaba quedaba a su disposición para las próximas campañas electorales y que para la campaña de intendente, por el segundo período al frente de la comuna, Rossi afirmó que recibió también la suma de 200.000 pesos, que no le fue necesario invertir, quedando para las campañas sucesivas”.
Al analizar la situación, Trajtemberg razonó: “En suma, Rossi afirma que recibió contribuciones por 350.000 pesos, pero sólo lo dice y los testigos también sólo lo dicen, pero con algunas diferencias. El señor Gualberto Garamendy -oriundo de Concordia y uno de los cajeros históricos del bustismo-, si bien afirma que le entregó a Rossi dinero para la campaña y que nunca le devolvieron nada, dijo que no era para uso propio, sino con fines proselitistas”. También testimonió el señor Strauss, quien ratificó que le entregó dinero a Rossi, “pero sobre el monto entregado no ofrece ninguna prueba concreta”. Lo mismo dijo Gerardo Hormachea, quien indicó que le dio 45.000 pesos a Rossi, pero “sin ninguna documentación”. El actual diputado nacional Jorge Daud -oriundo de Bovril- manifestó que era contribuyente de Rossi “por la suma de 1.500 pesos mensuales, aunque sin ningún tipo de recibo ni comprobante de envío bancario en al menos una oportunidad de todas las que pagó, por el extraño e indeterminado servicio de asesoramiento político” del ex vicegobernador.
Según el juez, “los fondos reservados, con los que Rossi afirma acreció su patrimonio, tampoco son de gran significación económica”. Incluso, el magistrado hizo un cuestionamiento a lo dispuesto por el ex funcionario: “Es claro que los gastos reservados no son sueldo, indemnización, aguinaldo, compensación o cualquier otra forma retributiva de empleo”. También le marcó contradicciones en otro aspecto: el dinero que, supuestamente, Rossi cobraba en la proveeduría del ex frigorífico. Rossi indicó que, entre 1986 y 1987, cobró un sueldo mensual de 2.800 pesos. El señor Oscar Berecochea, que era jefe de tal sección, dijo que “nunca hubo sueldos tan altos”.
Trajtemberg señaló más adelante que Rossi, al hacer un balance de su capacidad económica, afirmó en su escrito que en su evolución llegó a poseer la suma de 1.984.640 dólares, hasta el 15 de enero de 1997. El magistrado consideró “insuficiente” su justificación, “especialmente en cuanto a los fondos provenientes de la actividad privada y los provenientes de la actividad política. Pero en beneficio del encartado –agregó- y si hipotéticamente tomáramos como certeras sus afirmaciones, que están plasmadas en prueba documental, se llega a una suma de 778.089,18 dólares, como probable capacidad de ahorro hasta el mes de julio de 1997. Y si contraponemos esta cifra con los informes bancarios” a esa misma fecha, que le dan un total de 1.556.890 como patrimonio, “le arroja un resultado adverso, sin justificar, de 778.801 dólares”. O sea, un patrimonio de casi 2,2 millones de pesos, aunque aún no se pudo determinar de dónde llegaron y para dónde fueron más de 48 millones de dólares por sus cuentas uruguayas.
“Se puede presumir, a esta altura de la investigación, la existencia del delito de enriquecerse de manera injustificada, quebrando la rectitud requerida para la función, dado que las circunstancias fácticas desarrolladas lo sustentan razonablemente. Además, como también resulta de autos, se le acordó, al encartado, cuya situación procesal se resuelve, una amplísima oportunidad de defensa y prueba de descargo, al igual que del ejercicio de su defensa material, en la indagatoria, que éste no ha utilizado. Es así que en este punto crítico de la investigación y por la supremacía de las pruebas de cargo analizadas, corresponde aumentar la incriminación penal al grado de probabilidad, dictando el procesamiento de Domingo Daniel Rossi”, concluyó el juez en su resolución, en la que, además, le trabó “embargo sobre sus bienes por la suma de 500.000 pesos o su inhibición de bienes por el referido monto”. Una de las caras más vergonzosas y desfachatadas de la política entrerriana, tuvo su primera cachetada judicial. Habrá que ver cómo sigue esta historia de corrupción, dinero sucio, enriquecimiento y caradurez, en contraposición al sufrimiento de un pueblo hambriento y desocupado.
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