PRODUCTORES CORDOBESES REABREN EL DEBATE POR EL PRECIO DE LA LECHE

Luego de algunos meses de presunta calma en el sector lechero, productores cordobeses reunidos en la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), reabrieron el debate por el precio de la leche y recordaron que las industrias aún fijan los valores de manera unilateral. Los directivos de Cartez levantaron la voz para expresar su disconformidad con el acta de compromiso de buenas prácticas para el sector lechero, firmada a principios de enero por el gobierno nacional, las cinco provincias productoras de leche, y el Centro de la Industria Lechera (CIL).

Luego de algunos meses de presunta calma en el sector lechero, productores cordobeses reunidos en la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), reabrieron el debate por el precio de la leche y recordaron que las industrias aún fijan los valores de manera unilateral.
Los directivos de Cartez levantaron la voz para expresar su disconformidad con el acta de compromiso de buenas prácticas para el sector lechero, firmada a principios de enero por el gobierno nacional, las cinco provincias productoras de leche, y el Centro de la Industria Lechera (CIL).

Los productores cordobeses se quejaron porque la representación de los tamberos no fue consultada para la redacción del acuerdo ni para la fijación de un precio de referencia para la leche, como se esperaba.

Por ello Cartez criticó con duros términos el acta compromiso y cuestionó la actitud de la industria láctea.

“Observamos que mientras la producción primaria sigue invirtiendo en eficiencia productiva, en tecnología para obtener leche de calidad, en genética, en forrajes conservados, en pasturas, una parte del resto de la cadena se sigue manejando con total ineficiencia, haciendo recaer sus desaciertos al único eslabón que no tiene forma de defenderse”, planteó la entidad a través de un comunicado de prensa.

El acta de compromiso de buenas prácticas para la operatoria comercial láctea fue firmada el 6 de enero pasado por representantes de la Secretaría de Agricultura de la Nación, de los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba Entre Ríos y La Pampa; y directivos del CIL. En resumen, de la firma del acta participaron todos los sectores que se encuentran representados en la Mesa Nacional de Política Lechera, menos los productores.

La rúbrica del documento entre los distintos Estados y los industriales parece no haber caído bien entre los productores reunidos en Cartez, que interpretaron que el sector tambero fue dejado de lado una vez más a la hora de resolver cuestiones que involucran a todo el sector.

Ante ello Cartez hizo hincapié en la necesidad de terminar con la unilateralidad de la fijación de precio por parte de las empresas, que “pagan cuanto quieren y como quieren”.

Los productores cordobeses pidieron además “verdaderos compromisos y no parches, como el código de buenas prácticas, que tienen antecedentes –como el caso del supermercadismo con sus proveedores– que nunca se cumplieron”.

¿Qué dice el acta?

El acta que despertó las críticas de Cartez contiene un compromiso de Buenas Practicas para la Operatoria Comercial Láctea, mediante el cual las industrias se comprometen a anunciar con anticipación a los tamberos los precios de la materia prima y las condiciones de pago.

La principal finalidad de la norma es terminar con el sistema vigente impuesto de hecho por las industrias mediante el cual anuncian los precios con retroactividad, es decir, recién después de que el productor les entregó la leche.

El primer punto del compromiso deja en claro que no habrá ningún tipo de regulación del precio ni sectorial ni estatal y que éste se fijará libremente entre la industria y cada tambero.

Al respecto establece que “hasta tanto los sectores de la producción y la industria láctea acuerden nuevos mecanismos para su relación comercial, los actores individuales pactarán libremente las condiciones de compra-venta de la leche cruda”.

El segundo punto fija que “los cambios en la operatoria comercial serán notificados al menos a través de circulares emitidas por la Industria recibidora, que se remitirán en forma anticipada como para que el productor considere la conveniencia o no de seguir remitiéndole su producción”.

“Dichas circulares -se aclara en el punto 3- deberán comunicar el precio para la compra de materia prima en planchada de tambo, detallando las características de la operatoria (precio de los componentes de la leche, bonificaciones y/o descuentos en función de la calidad y el volumen, plazos de pago, etc), según modalidades propias de cada empresa”.

El punto 4 precisa que “la falta de notificación en las condiciones previstas en el punto 3 implicará de hecho la continuidad de la vigencia de las condiciones pactadas hasta el momento, dejándose constancia de que bajo ningún concepto se incurrirá en notificaciones retroactivas sobre cambios en las condiciones comerciales convenidas”.

El punto 5 obliga a las industrias firmantes a enviar copia de las circulares emitidas al Programa Nacional de Política Lechera de la Sagpya (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación) y los organismos provinciales que corresponda, en forma simultánea a su remisión a los productores, como garantes de estos compromisos.

Con las circulares recibidas se conformará una base de datos que permita confeccionar un mapa con los precios promedio de compra de una leche tipo según regiones, el que será publicado mensualmente procurando de este modo transparentar el accionar de los mercados, según precisa el punto 6.

El séptimo punto establece que la Sagpya “dará a publicidad periódicamente el listado de empresas que adhieran al presente compromiso, propiciando a su a su vez la incorporación del mayor número posible de industrias”.

Asimismo, en el punto 8, “las industrias se comprometen a comunicar a la Sagpya, dentro de la primera quincena de cada mes, el precio promedio pagado a los tamberos y los valores correspondientes a composición y calidad globales de la leche recibida en el mes anterior, con fines estadísticos.

Además, el C.I.L. y demás entidades firmantes “se comprometen a realizar gestiones para ampliar el número de industrias participantes, en el convencimiento que estas acciones responden al interés general”, según lo establece el punto 9.

El décimo apartado del compromiso determina que “los gobiernos provinciales integrantes del Comité Federal de Lechería propiciarán asimismo la adhesión a la presente acta por parte de las empresas radicadas en cada una de las provincias, comprometiéndose a realizar todas las gestiones que estén a su alcance para incorporar a la mayor cantidad de empresas posibles”.

“La Secretaría de Agricultura procurará que otros integrantes de la cadena asuman en el futuro compromisos del mismo tenor en aquellos temas que obstaculicen la normal operatoria comercial, sin descartar que en el caso de comprobarse imperfecciones en el cumplimiento de las normas legales en vigencia se apliquen las sanciones y correcciones que las mismas prevean”, establece el punto 11.

En el punto 12 se indica que el contenido del acta “será sometida a revisión en un plazo de 180 días a partir de su vigencia. Dicha revisión tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de los firmantes, determinándose si están dadas las condiciones para avanzar en el perfeccionamiento de los mecanismos acordados.”

Finalmente, el décimo tercer punto del acta condiciona la puesta en vigencia y continuidad de las normas de buenas prácticas comerciales, a lo expresado en un anexo de la norma cuyo contenido aún no se dio a conocer.