PROHÍBEN EL AUMENTO EN LAS CUOTAS DE LA MEDICINA PREPAGA

Alrededor de 20 empresas de medicina prepaga que habían anunciado incrementos en sus cuotas -en algunos casos ya aplicados; en otros, por aplicar- recibieron la orden de suspenderlos.

La medida fue dispuesta en conjunto por el gobierno de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires, mediante resoluciones que impiden a las firmas aplicar las subas hasta que el Estado determine si los aumentos son justificados, o bien el conflicto se resuelva en la Justicia, en caso de que las empresas lo lleven a esa instancia.

Dada a conocer ayer, la acción entre la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y de la Competencia y la Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece, preventivamente, “medidas de no innovar y de cese de conductas relacionadas con los aumentos de cuotas anunciados”, hasta que concluyan los sumarios administrativos que esas dependencias iniciaron a las compañías.

La decisión se dio a conocer luego de que la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, decidió cancelar una reunión prevista ayer a las 15 con representantes de las cámaras que agrupan al sector. Por la mañana, el presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga (Ademp), Pablo Giordano, había afirmado que no se daría marcha atrás con los aumentos y advirtió que los precios podrían seguir incrementándose si no se equilibraban los costos en los servicios de la salud con los impuestos que soporta el sector.

En tanto el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había dicho que “los incrementos son desmedidos y no tienen correlato con lo que está viviendo el país”.

Luego de las declaraciones encontradas, el Gobierno, por medio de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia, avanzó en las investigaciones a las empresas y las notificó respecto de la prohibición de aplicar los aumentos.

Las prepagas que ya implementaron las subas y las que preveían aplicarlas deberán suspenderlas mientras los organismos oficiales de defensa del consumidor las investigan por presuntas infracciones a la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Ambas entidades ordenaron medidas cautelares para que las firmas “se abstengan de aplicar los aumentos -o dejar de cobrarlos en su caso-, ya que dicha posibilidad deriva de cláusulas que no observan -a criterio de la autoridad de aplicación- los requisitos de información y de prestación de los servicios (arts. 4° y 19 de la ley) que exige la ley”, según la resolución.

Concretamente, se acusa a las prepagas de faltar al deber de información y de incumplir los contratos, ya que el aumento no estaba pactado en éstos o no estaba justificadamente estipulado.

Al ser la Subsecretaría de Defensa del Consumidor la autoridad de aplicación de la ley que rige para el sector, las compañías deberán acatar la medida. Si deciden apelar ante la Justicia, “de todos modos, deberán cumplirlas mientras tanto”, afirmaron ayer en el organismo de la Ciudad.

En el caso de que los usuarios ya hubieran pagado las cuotas incrementadas, “podrán hacer su reclamo ante los organismos oficiales de defensa del consumidor” o “pagar bajo protesta y luego hacer el reclamo”, informaron entidades de consumidores.

Ayer, ninguna de las cámaras que agrupan al sector (Cimara, Ademp y Acami) respondió las reiteradas llamadas de LA NACION. Algunas prepagas consultadas dijeron desconocer la notificación que la Subsecretaría envió a las 19 empresas a las que le inició sumario -que concentran el 80% de los afiliados de todo el país- con la orden de suspender el cobro del aumento (ver infografía).

Sin embargo, Eduardo Epzteyn, secretario de Producción y Turismo del gobierno porteño, área de la que depende la Defensoría, dio por sentado que las empresas recurrirán ante la Justicia y adelantó que también la Nación y el Gobierno de la Ciudad defenderán en esa instancia sus denuncias en contra de las prepagas. Fuentes de Defensa del Consumidor adelantaron que aunque la medida alcanza a una veintena de compañías, “en los próximos días se seguirá sumariando a otras, que también incurrieron en incumplimientos”.

Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investiga si las empresas actuaron en cartel, es decir, en la definición conjunta del aumento de las cuotas, entre un 5 y un 15 por ciento, algunos de los cuales ya comenzaron a regir desde principios de este mes.