PROHIBIÓ A SUS FUNCIONARIOS JUGAR CON LOS TELÉFONOS CELULARES

El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, prohibió a sus ministros y otros funcionarios que desde los teléfonos celulares de uso oficial hagan llamadas telefónicas a programas de televisión y de entretenimientos, así como instalar ringtones (estilos de timbre) y melodías.

Según se informó, los funcionarios que incumplan la restricción tendrán que abonar un cargo deudor el mes siguiente y serán sometidos a un sumario administrativo.

Solá intenta, además, que la optimización del gasto en telefonía no sólo se haga en la órbita del Poder Ejecutivo provincial: el decreto 2455, publicado ayer en el Boletín Oficial, invita a adherir a esta política a los poderes Legislativo y Judicial y a los 134 municipios bonaerenses.

La restricción en el uso de la telefonía móvil tiene por fundamento limitar “los gastos innecesarios para la misión de la gestión pública (…) y el monto de las erogaciones motivadas en comunicaciones”.

Según cifras oficiales, el Estado provincial gasta 1,5 millones de pesos por año en el uso de celulares, sobre un total de 65 millones de pesos por año en telefonía y comunicaciones.

Por cada peso que se ahorra en telefonía, el gobierno puede comprar –por caso– un litro de leche fortificada con hierro para un comedor escolar, según surge del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

El decreto 29/2002 ya limitó el uso de autos oficiales, viajes al exterior, publicaciones y telefonía.

Según esta norma, “el uso de teléfonos celulares móviles para el ejercicio de sus funciones específicas queda limitado a los funcionarios con rango y jerarquía no inferior a subsecretario y equivalente”.

Según cifras oficiales, el Estado provincial dispone de 2462 equipos de los cuales 1200 pertenecen a escuelas rurales, 262 a unidades ferroviarias, 120 a la policía bonaerense, 112 a Desarrollo Humano, 49 a prensa, 41 a Rentas y 39 al Servicio Penitenciario, entre otros destinos.

El decreto 2455 publicado ayer “limita en el ámbito de la administración pública todo gasto proveniente de comunicaciones telefónicas por los agentes y funcionarios que cuenten con móviles afectados a su uso, efectuados en función de llamadas a programas de entretenimientos televisivos, ringtones, melodías y donaciones de cualquier índole”, entre otras prohibiciones.

En caso de incumplimiento, los funcionarios públicos deberán indemnizar al Estado y podrán ser suspendidos por un año.

“Los empleados que infrinjan este decreto podrán ser sancionados por sumarios administrativos o cargos pecuniarios”, dijo a LA NACION Ricardo Bozzani, secretario general de la gobernación.

Por María José Lucesole
De la Corresponsalía La Plata

En Córdoba

Desde que asumió en la intendencia de Córdoba, Luis Juez dispuso que se publicaran los números de teléfonos celulares de todos los miembros del Departamento Ejecutivo para que cualquier ciudadano pudiera llamarlos. En el gobierno provincial, José Manuel de la Sota suprimió en 1999 la mayor parte de los teléfonos celulares que pagaba el Estado a sus funcionarios.