PROMUDI: EL GOBIERNO NO CAMBIARÁ DE CRITERIO

Mientras referentes de la Federación de Municipios y Comunas insisten en revisar las estrategias para encarar la devolución de los préstamos otorgados en dólares mediante el Promudi, el ministro de Hacienda adelantó que se respetarán los disposiciones adoptadas oportunamente por la provincia.

“Nosotros mantenemos el mismo criterio que anunciamos y por el cual ya ha firmado prácticamente el 90 por ciento de las municipalidades afectadas”, dijo Walter Agosto consultado por El Litoral.

Los préstamos tomados en dólares a través del Programa Municipal de Inversiones (Promudi) se convirtieron en un karma para las administraciones locales a partir de la devaluación, ya que las deudas no fueron pesificadas. Frente a ello, la provincia en su rol de intermediaria, resolvió refinanciar los créditos, con el compromiso de analizar casos especiales.

Agosto resaltó que los intendentes de Santa Fe y Rosario han suscripto y acordado “automáticamente” su plan con la provincia. “El secretario de Hacienda rosarino dijo, incluso, que el plan era más benévolo de lo que pensaban inicialmente”, completó.

Asimismo, precisó que firmaron dirigentes de diferentes extracciones políticas como San Cristóbal, El Trébol, Venado Tuerto, Reconquista, Avellaneda y Santo Tomé, entre otras. “No es una cuestión partidaria, porque hay justicialistas y radicales que ya firmaron; son intendentes que trabajan en serio”, resaltó.

Casos especiales
El ministro admitió que su cartera prometió el análisis de casos especiales para aquellos municipios que no estuvieran en condiciones de refinanciar, pero adelantó que hasta el momento, no se encontraron elementos que pudieran hacer lugar a la excepción en ninguno de los diez distritos que lo solicitaron.

“Estamos haciendo una verdadera radiografía de la situación para ver si realmente no pueden pagar y, hasta ahora, el análisis fiscal serio nos da que no hay ningún municipio que no pueda hacer frente a estas condiciones de refinanciación. Pero como no pretendemos tener la verdad, hemos dejado la puerta abierta para algún caso de excepción que hasta ahora y con la información que tenemos, no lo hemos detectado”, insistió.

Agosto recordó que son cien las administraciones involucradas en esta situación, de las cuales sólo diez pidieron el trato preferencial. Con respecto a la refinanciación, explicó que algunos municipios la obtuvieron hasta el año 2016, con tasas que se reducen prácticamente a la mitad.

“Costó bastante trabajo al principio, pero creo que muchos intendentes entendieron que lo que propusimos era conveniente”, sentenció.

Caja de Jubilaciones
En otro orden, el ministro confirmó que ya comenzaron las gestiones con funcionarios del gobierno nacional en la búsqueda de un otro convenio que le permita a Santa Fe obtener nuevamente la financiación por parte de la Nación, del déficit previsional.

“Junto a las autoridades de la Caja de Jubilaciones, estamos manteniendo reuniones con el secretario de Seguridad Social de la Nación y con gente del Ministerio de Economía. La idea es avanzar en un modelo de convenio que permita en el 2005 volver a financiar el déficit de la Caja, de la misma manera que se hizo en 2004”.

Transferencia de fondos
Walter Agosto confirmó que la provincia recibió en los últimos días diez millones de pesos por parte de la Nación, correspondientes al pago de parte de la deuda por el mantenimiento de presos federales.

“Esto estaba dentro del Financiamiento Ordenado. Fue autorizado el año pasado, pero se dio recién ahora, con lo que enero cerró contabilizando estos fondos”, precisó. El incumplimiento por este concepto “queda bastante reducido, porque la deuda era de mucho tiempo, pero el saldo corriente se viene pagando con puntualidad”, aseguró el ministro.

Asimismo, anunció que la semana pasada también fueron transferidos a la provincia 7 millones de pesos correspondientes al convenio que firmó oportunamente la provincia con el Ministerio de Justicia de la Nación a propósito de la visita a esta ciudad del Dr. Horacio Rosatti. El dinero será destinado a la construcción de infraestructura carcelaria.