PROPONEN ALTERNATIVAS PARA EL HACINAMIENTO

Allí reclamará que se erijan con urgencia alcaidías y la cárcel de Piñero para descomprimir el hacinamiento de las atestadas comisarías rosarinas; además solicitará información sobre la construcción de estos edificios y aspectos puntuales del funcionamiento y mejoramiento del tratamiento penitenciario, como por ejemplo la cuestión de la salud mental y el consumo de drogas de los presos.

Guillermo Marconi, abogado de la entidad, explicó que el reclamo es por cárceles sanas y limpias: “Pero fundamentalmente pedimos que las sanciones que los jueces apliquen sean medidas alternativas a la privación de la libertad. Porque así no sólo no se llenan los penales, sino que a quienes han cometido delitos por primera vez no los encarcelamos en un lugar donde la violencia es la única ley”.

Marconi subrayó que la intención es “incorporar gente a la sociedad, no desplazarlos aún más. Si han cometido una infracción a la ley, aislarlos en una cárcel tal vez no sea la mejor solución”.

El Consejo de la Comunidad Penitenciaria está integrado por más de 30 organizaciones, desde APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y Aprisi (Asociación Civil de Familiares Pro Recuperación e Inserción Social del Individuo) a la Pastoral Penitenciaria, el Concejo Municipal de Rosario, la Cámara de Diputados y hasta la propia policía. También incluye entidades nacionales y extranjeras, como el Observatorio Internacional de Prisiones, una ONG consultiva de la Organización de las Naciones Unidas.

La filosofía del CCC se resume en que mediante la acción y la unión de todos los actores se pueden lograr soluciones más justas y solidarias. Propone un diálogo interinstitucional entre organizaciones no gubernamentales y del Estado vinculadas con el mundo penitenciario, para coordinar políticas privadas y estatales y garantizar su continuidad. Una de las acciones posibles consiste en peticionar a las autoridades y, por eso, redactaron un documento que en los próximos días enviarán a Obeid y a su ministro de Gobierno.

Los ejes que plantea la entidad son la urgente construcción de alcaidías y de la cárcel de Piñero para poner fin a la situación de hacinamiento que sufren unos 1.200 reclusos en seccionales de Rosario. Desde el CCC consideran que el agravamiento de las condiciones de detención debe solucionarse cuanto antes pero, sin embargo, hay dilación en las respuestas al problema.

En ese sentido, desde el Ministerio de Gobierno y el Servicio Penitenciario se ha reiterado que las medidas que puedan adoptarse para subsanar la situación no son a corto plazo, a pesar de que está decretada la emergencia carcelaria en la provincia. Mientras, el conflicto se ha judicializado a partir de un hábeas corpus presentado en setiembre por la Coordinadora de Trabajo Carcelario en favor de todos los presos de comisarías locales.

Las organizaciones que conforman el CCC solicitarán información sobre el estado de la construcción del penal de Piñero y el concurso de psicólogos realizado en agosto pasado por el Ministerio de Salud para poner en marcha el proyecto de salud mental en las cárceles, que debió haber empezado en setiembre.

También, sobre las designaciones de funcionarios del Patronato de Liberados, organismo oficial que debe bregar por la reinserción de las personas que han estado encarceladas.

Por último, la entidad expresará su malestar porque “no se contempla la problemática de la adicción a drogas de los reclusos, a pesar de los reclamos y presentación de proyectos. Las personas atraviesan crisis de abstinencia y sobredosis”, afirma el borrador del documento, al que este diario tuvo acceso.

Hábeas corpus

Mientras el titular de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, decía ayer al mediodía que el Poder Ejecutivo aún no había enviado el pedido de prórroga por 90 días para cumplir con la orden de un juez de desalojar los penales de tres comisarías, otro magistrado que tramita un hábeas corpus correctivo para la totalidad de los presos en seccionales sostuvo que “lo que no hay” por parte del gobierno provincial “es el cumplimiento de las órdenes que oportunamente se impartieron”.

El juez de Instrucción Carlos Triglia, quien analiza el hábeas corpus que presentó la Coordinadora de Trabajo Carcelario, polemizó ayer con la postura del Servicio Penitenciario, que propone la política de sostener a sólo un detenido por celda en las unidades a su cargo, por el peligro que significan las megacárceles.

“Lamentablemente pareciera que acá hay criterios disímiles para evaluar qué significa una crisis carcelaria, o una crisis en los lugares de detención”, le dijo ayer a LT8, en referencia a que hay seccionales de Rosario en la que se hacinan sesenta detenidos en un lugar para diez, mientras que las celdas de penales como Coronda o Las Flores alojan sólo a un detenido.

El gobierno provincial había dejado trascender el viernes pasado que mediante un escrito ingresado por la Fiscalía de Estado pedía una prórroga de noventa días al juez de Instrucción Luis María Caterina, luego de que ese día venciera el emplazamiento de este magistrado para desalojar los penales de las seccionales 12ª, 19ª y 20ª. En esta última se alojan veinte internos en un lugar para tres.