PROPONEN GRAVAR CON INGRESOS BRUTOS EL DINERO QUE SE ESCAPA DE SANTA FE

Los bancos con sucursales en Santa Fe sólo prestan en el territorio provincial la mitad del dinero que captan por depósitos, según las estadísticas oficiales proporcionadas por el Banco Central de la República Argentina. Esos números demuestran que las entidades financieras siguen siendo un canal de drenaje de recursos locales hacia otras plazas financieras. No es una situación exclusiva de Santa Fe. Las estadísticas oficiales demuestran que es un problema que afecta a todas las provincias argentinas a excepción de La Rioja y la ciudad de Buenos Aires. Los ejemplos más notables: en el caso de ciudad de Buenos Aires cada 100 pesos que se captan por depósitos, se colocan 116. En La Rioja, de cada 100 pesos se prestan 129. Claramente se ve que el resto de las plazas del país tributan a estas dos jurisdicciones.

Si bien en términos de porcentajes La Rioja encabeza el ránking y se erige como la provincia que más fondos consume, cuando se pasa a analizar las cifras en dinero constante y sonante claramente se observa que la jurisdicción que actúa como un imán de los recursos producidos por el resto del país es la Capital Federal. En la Rioja se captan depósitos por 118 millones y se presta por 152, un vuelto si se compara con la Reina del Plata, donde se concentraron depósitos propios por 41 mil millones pero se otorgaron créditos 48 mil millones.

Como se puede ver en el cuadro que acompaña esta nota, en el otro extremo de la lista está San Luis donde la sangría de recursos es notable: se va de la provincia más del 74 por ciento del dinero que ingresa a los bancos. Más fácil: de cada 100 que toman, apenas prestan 25,8. Con un desequilibrio similar están Santiago del Estero y Jujuy (allí vuelven a la calle 37 pesos de cada 100 tomados), Entre Ríos (39,5), Catamarca (41), provincia de Buenos Aires (48) y Santa Fe (49,5).

Estos números son de mediados de 2003, los últimos publicados por el Banco Central. Al margen de que tener una mínima variación, describen un proceso sólido y persistente en el tiempo.

EL DEBATE

La semana pasada el bloque de diputados provinciales del ARI abrió el debate al proponer que se le aplique el impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras con sucursales en Santa Fe en razón de que hay una notable diferencia entre el dinero que captan aquí a través de los depósitos y el que prestan a través de créditos. La idea es que el dinero que se recaude por este concepto vuelva a los sectores productivos en forma de subsidios de tasas, incentivos o créditos oficiales. Los asesores técnicos del bloque ARI analizaron las estadísticas del Banco Central y llegaron a la conclusión de que sólo una parte del dinero que captan las entidades financieras con sucursales en Santa Fe es colocado en la provincia, mientras que el resto se presta o invierte en otras plazas.
El diputado arista Antonio Riestra propone que se aplique el impuesto vía una modificación al artículo 140 del Código Fiscal y que a lo recaudado se le dé un destino específico. “Debe destinarse a compensar la falta de financiación que sufren quienes están radicados en el territorio provincial desarrollando actividades productivas, comerciales o de servicios, no pudiendo acceder a los mercados de crédito al que tienen ingreso privilegiado los sectores más concentrados de la economía”. Su idea es que sirva para “subsidiar la tasa de interés de emprendimientos que generen valor agregado provincial, creadores de fuentes y puestos de trabajo, tornando así sustentable social y ambientalmente los proyectos encarados”.

La propuesta ingresada a Diputados establece que deberá considerarse como la base imponible “la diferencia entre ingresos y egresos financieros” y “los ingresos devengados por servicios”. De esta manera el impuesto oficiaría como un incentivo para colocar mayor cantidad de dinero en la plaza santafesina, porque al achicar la brecha negativa se reduce la base imponible y la entidad debería tributar menos al Estado provincial. Entre los argumentos, Riestra sostuvo que “las actividades desarrolladas por las entidades financieras reguladas por la ley 21526, en lo referido a la política de captación y colocación de fondos, no poseen regulaciones en torno de la administración geográfica y por actividad de los fondos prestables, sean éstos propios o de terceros”.

Para el legislador esa situación se deriva de la reforma financiera vigente desde 1977, que provocó, junto a otros instrumentos de política económica nacional, una doble concentración del crédito bancario: por sujeto o grupo económico, y por zona geográfica”. Riestra concluye que ésa es la razón por la cual “existen zonas netamente captadoras y otras netamente colocadoras, como bien puede inferirse de la información estadística regular publicada por el Banco Central de la República Argentina”. Y que es necesario “delinear políticas públicas activas en el marco provincial o regional que tengan en consideración estos procesos”.
Sea cual fuere el destino de la iniciativa del ARI, el debate está abierto en torno a si corresponde que el Estado introduzca en su legislación un castigo-incentivo para retener dentro de los límites del territorio provincial el dinero que ingresa a los bancos.

DE GIORGETTI AL ARI, DOS ENFOQUES DEL TEMA

El problema de la cantidad de dinero que las entidades financieras captan para luego llevarlo a otras plazas, quitándole recursos a la economía local, ya era planteado hace un par de años por el ahora diputado nacional reutemista Jorge Giorgetti cuando hacía lobby para que el Banco de Santa Fe, que había vuelto a manos de la provincia tras la caída del Banco General de Negocios, quedara en manos de capitales locales.
Giorgetti no tuvo éxito en su cometido de armar un holding santafesino que compitiera por el banco fundado por Carlos Casado. Pero el legislador –que demás está decir se ubica en las antípodas ideológicas y políticas del ARI– hacía notar que la fuga de recursos de la provincia no es patrimonio exclusivo del sector bancario y ponía en la misma posición a cadenas de supermercados, shoppings y cadenas de cines entre otras vertientes de la economía local.

En realidad, Giorgetti y el ARI sólo coinciden en el diagnóstico. Mientras el primero proponía privilegiar a los empresarios locales por encima de los que vienen de otros puntos del país o el extranjero sobre la suposición de que buena parte del dinero que ganan se reinvierte aquí, los aristas apuntan a gravar con impuestos esas actividades, evitando preferencias entre los inversores y asegurando que los recursos vayan al Estado para que éste los redistribuya.