PROPONEN LA CREACIÓN DE UN ENTE DE CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El Concejal Julio Schneider y el Concejal electo Carlos Pereira presentaron un proyecto para la creación de un Ente Regulador del Transporte Urbano en la Ciudad de Santa Fe.

Es un criterio ampliamente compartido que uno de los problemas principales que debió enfrentar el sistema de colectivos urbanos en la ciudad, son las serias deficiencias a la hora del control por parte del Municipio. El éxito o no de un nuevo sistema, pronto a licitarse, dependerá en gran medida de que los controles sean efectivos y eficientes.

Nos encontramos en plena discusión de un nuevo marco normativo y una nueva licitación para el servicio de transporte urbano por colectivos en la Ciudad de Santa Fe.

Entendemos que hoy existe un amplio consenso, sostenido por diversos actores sociales y políticos, acerca de la necesidad de un Ente con independencia funcional para la regulación del servicio de colectivos.

Es más, la propia propuesta para el pliego licitatorio, presentado por el Ejecutivo Municipal al Concejo, deja abierta la posibilidad de creación de este Ente.

Cabe recalcar, además, que han sido tantas las falencias, tantas las deficiencias, tantos los errores, tantas las irregularidades cometidas desde el Ejecutivo Municipal a la hora de controlar el servicio público por colectivos, que hoy existe en la ciudadanía una marcada “desconfianza” hacia la capacidad real que tiene la administración municipal para ejercer un control efectivo sobre el sistema.

En este marco, la creación de un Ente aparece como una alternativa para garantizar un control que a lo largo de estos años no se ha garantizado.

Pero, como la problemática del transporte urbano es integral, consideramos que estaríamos “parcializando” y limitando demasiado las posibilidades de contralor si solo redujéramos las potestades del Ente al transporte por colectivos.

Por ello, proponemos la creación de un Ente Regulador del Transporte Público Urbano, abarcando los diversos subsistemas: colectivos, taxis, remises e, incluso, transporte escolar; y dejando la puerta abierta para incluir nuevas modalidades que puedan ser creadas a futuro.

Concebimos al Ente Regulador como una entidad autárquica con independencia funcional y legitimación procesal.

La independencia funcional debe ser un atributo esencial de este Ente ya que, precisamente, lo que se pretende es darle las suficientes potestades para ejercer sus roles con autonomía de cualquier presión, urgencia o necesidad política del gobierno de turno. El objetivo es que los servicios públicos de transporte se presten de una forma eficaz para el vecino y ajustados a lo que establece el ordenamiento jurídico que los regula; el Ente solo debe velar por estos objetivos con independencia de cualquier necesidad de la coyuntura.

La legitimación procesal es otra cualidad esencial ya que el Ente debe poseer la suficiente “libertad” para recurrir a instancias judiciales cuando, por vía administrativa, resulta imposible resolver los conflictos que se plantean con los prestadores privados.

El Ente tiene un atributo más: ejerce la jurisdicción administrativa e impone sanciones, es decir, cualquier reclamo de usuarios, terceros o de las empresas que tienen la concesión de los servicios deben tramitarse, administrativamente, en el ámbito de este Ente. Consideramos a ésta, la forma más adecuada de ordenar los posibles conflictos y litigios que puedan surgir, unificando en cabeza del Ente todo lo referido a reclamos, quejas y solicitudes.

Además, se otorga al Ente otras importantes funciones, además de verificar el cumplimiento de leyes y ordenanzas y el control de las actividades de los privados que prestan los servicios:

-Realizar un seguimiento de los regímenes tarifarios.
-Informar, proteger y asesorar sobre sus derechos a los usuarios, incluso, organizando actividades de capacitación y educativas y creando un sistema de información con encuestas de opinión.
– Asistir y asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo Municipal.

En cuanto a la composición y designación del Directorio, que proponemos sea de cinco miembros, se pretende garantizar una cierta “pluralidad” en su composición y una designación lo más democrática posible, contando con una representación del Ejecutivo, del Concejo (dos miembros) asegurando representación de las minorías, y de la sociedad a través de sus organizaciones representativas, en nuestra propuesta a través de un representante de la Federación de Vecinales y uno por las asociaciones de consumidores y usuarios.

Además, los miembros del Ente deben gozar de ciertas condiciones tales como ser profesionales expertos, no tener ni haber tenido relación con ninguna de las empresas sujetas a control por parte del Ente, tener dedicación exclusiva al cargo.

El otro aspecto a destacar es que se prevé un mecanismo de Audiencia Pública, que el Ente debe obligatoriamente convocar, antes de emitir resolución sobre determinados temas de trascendencia, tales como: modificaciones en las tarifas o cambios en las cláusulas originales del contrato.

Finalmente, queda por decir que la creación del Ente, sus potestades y funciones se hallan pensadas en relación al usuario. El Ente que concebimos en este proyecto pretende, como principal misión, defender más eficazmente los derechos de los usuarios desde una óptica distinta que no sea la de la propia administración municipal que, como muchas veces lo hemos comprobado, privilegia su propia lógica de funcionamiento burocrático y las necesidades políticas de los funcionarios de turno, a las necesidades de los vecinos de la ciudad.