PROPUESTA PARA UN REGISTRO DE HUELLAS GENÉTICAS DIGITALES

La creación de un registro provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas propuso el diputado Danilo Kilibarda (PJ) mediante un proyecto de ley que tomó como antecedente una norma ya vigente en la provincia de Córdoba.

El Registro dependerá del Poder Judicial y entre los objetivos centrales está el de facilitar el esclarecimiento de los hechos sometidos a investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de las personas responsables en la comisión de un delito y sobre la base de la identificación de un perfil genético del componente de ADN no codificante.

El autor aclaró que la elaboración de la Huella Genética Digital “se hará exclusivamente sobre la base de información de marcadores genéticos validados a nivel internacional, que carezca de asociación directa en la expresión de genes, que aporte sólo información identificatoria y que resulte apto para ser sistematizado y codificado en una base de datos informatizada, sin perjuicio de la utilización más amplia de la muestra biológica que pudiera disponerse solo en el marco de una causa judicial, previo requerimiento fundado de la autoridad judicial interviniente y dentro de los límites establecidos por la ley”.

En la advertencia, Kilibarda aclara que “no será posible con este estudio conocer si un individuo desarrollará enfermedades, tampoco sus características físicas, ya que sólo se utilizan marcadores genéticos que aislan y reconocen partes concretas de la molécula de ADN, no utilizándose en consecuencia todo el genoma humano. Bajo ningún supuesto el Registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra a persona alguna”.

LOS OBJETIVOS

En el articulado, el proyecto constituye el Registro sobre la base de la huella genética obtenida de un análisis de ácido desoxirribonucleico. Después plantea los objetivos para los cuales podrá utilizarse este registro y que pasan por facilitar el esclarecimiento de hechos sometidos a investigación judicial, especialmente para individualizar a responsables en la comisión de un delito; identificar y contribuir a la averiguación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas; discriminar las huellas del personal policial y de todo otro agente público que interviene en el lugar del hecho; elaborar estadísticas sobre el comportamiento de la delincuencia en la provincia y contribuir a resolver conflictos suscitados en causas judiciales no penales.

En otros artículos se establecen los elementos que integrarán el Registro y deja en manos de la Corte Suprema de Justicia el dictado de un reglamento para el funcionamiento del sistema.

Kilibarda reconoce como antecedentes a su proyecto la norma vigente en Córdoba y la resolución 415/2004 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Proponen eximir de Sellos a contratos de alquiler
Un proyecto de ley para suprimir el pago del impuesto de Sellos sobre los contratos de locaciones de inmuebles destinados a vivienda y a actividades comerciales ingresó a la Cámara de Diputados el demoprogresista Gabriel Real.

La iniciativa, que incorpora a las exenciones ya existentes en el Código Fiscal a todos los contratos locativos de inmuebles, “trata de paliar los costos que sufren los locatarios, que se ven forzados a aceptar no sólo aumentos en los precios, sino que, además, deben hacer frente a los gastos de impuestos y contribuciones que también influyen sobre sus posibilidades económicas”.

Real entiende que “el sellado es consecuencia anacrónica de una voracidad fiscal por parte del Estado santafesino, que atenta en forma alarmante contra las arcas de los sectores más débiles de la sociedad, ya que desde hace tiempo muchas provincias han suprimido esta gabela directamente distorsiva, que grava con el 1,1 % del total del valor locativo, en caso de casa habitación, y el 2 %, en caso de tratarse de locaciones comerciales”.

El legislador recordó que “desde siempre el Partido Demócrata Progresista ha presentado proyectos tratando de suprimir este impuesto en su totalidad, sin encontrar una respuesta por parte de los gobiernos justicialistas que vienen” dirigiendo “a la provincia desde el año 1983. Ante esa situación, se pretende, al menos, suprimirlo para las relaciones contractuales de locaciones de inmuebles”.

“La finalidad económica y social y la sensibilidad del hábitat para vivienda como para comercio deben ser prioridades y obligación para el gobierno: intentar armonizar las políticas impositivas de acuerdo con la realidad social de sectores más débiles de la población que, por necesidad, se encuentran atrapados y obligados a tributar este impuesto recesivo e inflacionario.”