PRORROGARON LA EMERGENCIA ECONÓMICA HASTA EL AÑO PRÓXIMO

El Senado convirtió ayer en ley la prórroga de la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2004, que otorga al Poder Ejecutivo facultades propias del Poder Legislativo en materia política, económica y social.
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Así, el estado de excepción sancionado por el Congreso el 6 de enero de 2002, cuando acababa de asumir la presidencia Eduardo Duhalde, continuará por un año y 21 días más. Iba a vencer el 10 del mes próximo.
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En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo justifica la continuidad de la emergencia en que “la magnitud de la crisis sufrida ha sido tal que los efectos de la recuperación no han llegado aún a numerosos sectores del quehacer nacional, sectores que necesitan de firmes políticas que apunten a lograr una distribución equitativa de los beneficios”. En tanto, el informante del bloque justicialista, Jorge Capitanich (Chaco), justificó la continuidad de la emergencia en el hecho de que la vigente “está dando resultados concretos”.
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Además, destacó que ésta “ha tenido costos menores para la Argentina” en comparación con los que provocaron crisis en otros países como Chile, México, Malasia y Corea. “Hemos tenido que enfrentar una emergencia, pero hoy la Argentina está en pie y en paz”, concluyó Capitanich. El radical Raúl Baglini (Mendoza) cuestionó la norma, aunque no su extensión en el tiempo. “No discutimos la existencia de la emergencia; para un país que todavía está en default, sería un absurdo”, precisó. Pero objetó “el alcance y las medidas que se van a tomar para salir” del estado de excepción.
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En ese sentido, reprochó al oficialismo que impulse el mantenimiento de la misma redacción de varios capítulos de la ley sancionada hace casi dos años “cuando la situación ha cambiado de enero de 2002 a la actualidad”, y sumó su queja por la continuidad de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.
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Modificación
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El proyecto original fue modificado por los diputados que le incluyeron una cláusula para solucionar uno de los problemas que no habían sido contemplados por la ley: la pesificación al tipo de cambio uno a uno con el dólar de los créditos hipotecarios, prendarios y personales no financieros (escribanías y prestamistas privados), vigentes al 6 de enero de 2002.
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La cláusula establece la conversión de esos préstamos y su actualización por el coeficiente de variación salarial (CVS, cuya eliminación operará el 1° de abril próximo) o el coeficiente de estabilización de referencia (CER). Con ese agregado de la Cámara baja y sin tocarle una coma al texto aprobado la semana última, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen anteayer, tras lo cual el PJ pidió apurar su tratamiento sobre tablas, inicialmente planteado para la semana próxima.
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A pesar de la oposición de Baglini, para la habilitación del debate sobre tablas del proyecto fue vital el aporte de la UCR. El articulado de la ley de emergencia (25.561) que el Gobierno extenderá a partir del próximo 10 de diciembre incluye una cláusula que impide cualquier tipo de indexación, lo que se contrapone con las actualizaciones mediante CER o CVS, que posteriormente aprobó el Congreso.
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En tanto, se postergó ayer hasta la semana próxima el tratamiento del proyecto de ley que crea la figura de la asociación ilícita en materia tributaria.
.El Senado convirtió ayer en ley la prórroga de la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2004, que otorga al Poder Ejecutivo facultades propias del Poder Legislativo en materia política, económica y social.
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Así, el estado de excepción sancionado por el Congreso el 6 de enero de 2002, cuando acababa de asumir la presidencia Eduardo Duhalde, continuará por un año y 21 días más. Iba a vencer el 10 del mes próximo.
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En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo justifica la continuidad de la emergencia en que “la magnitud de la crisis sufrida ha sido tal que los efectos de la recuperación no han llegado aún a numerosos sectores del quehacer nacional, sectores que necesitan de firmes políticas que apunten a lograr una distribución equitativa de los beneficios”. En tanto, el informante del bloque justicialista, Jorge Capitanich (Chaco), justificó la continuidad de la emergencia en el hecho de que la vigente “está dando resultados concretos”.
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Además, destacó que ésta “ha tenido costos menores para la Argentina” en comparación con los que provocaron crisis en otros países como Chile, México, Malasia y Corea. “Hemos tenido que enfrentar una emergencia, pero hoy la Argentina está en pie y en paz”, concluyó Capitanich. El radical Raúl Baglini (Mendoza) cuestionó la norma, aunque no su extensión en el tiempo. “No discutimos la existencia de la emergencia; para un país que todavía está en default, sería un absurdo”, precisó. Pero objetó “el alcance y las medidas que se van a tomar para salir” del estado de excepción.
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En ese sentido, reprochó al oficialismo que impulse el mantenimiento de la misma redacción de varios capítulos de la ley sancionada hace casi dos años “cuando la situación ha cambiado de enero de 2002 a la actualidad”, y sumó su queja por la continuidad de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.
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Modificación
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El proyecto original fue modificado por los diputados que le incluyeron una cláusula para solucionar uno de los problemas que no habían sido contemplados por la ley: la pesificación al tipo de cambio uno a uno con el dólar de los créditos hipotecarios, prendarios y personales no financieros (escribanías y prestamistas privados), vigentes al 6 de enero de 2002.
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La cláusula establece la conversión de esos préstamos y su actualización por el coeficiente de variación salarial (CVS, cuya eliminación operará el 1° de abril próximo) o el coeficiente de estabilización de referencia (CER). Con ese agregado de la Cámara baja y sin tocarle una coma al texto aprobado la semana última, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen anteayer, tras lo cual el PJ pidió apurar su tratamiento sobre tablas, inicialmente planteado para la semana próxima.
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A pesar de la oposición de Baglini, para la habilitación del debate sobre tablas del proyecto fue vital el aporte de la UCR. El articulado de la ley de emergencia (25.561) que el Gobierno extenderá a partir del próximo 10 de diciembre incluye una cláusula que impide cualquier tipo de indexación, lo que se contrapone con las actualizaciones mediante CER o CVS, que posteriormente aprobó el Congreso.
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En tanto, se postergó ayer hasta la semana próxima el tratamiento del proyecto de ley que crea la figura de la asociación ilícita en materia tributaria.
.El Senado convirtió ayer en ley la prórroga de la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2004, que otorga al Poder Ejecutivo facultades propias del Poder Legislativo en materia política, económica y social.
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Así, el estado de excepción sancionado por el Congreso el 6 de enero de 2002, cuando acababa de asumir la presidencia Eduardo Duhalde, continuará por un año y 21 días más. Iba a vencer el 10 del mes próximo.
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En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo justifica la continuidad de la emergencia en que “la magnitud de la crisis sufrida ha sido tal que los efectos de la recuperación no han llegado aún a numerosos sectores del quehacer nacional, sectores que necesitan de firmes políticas que apunten a lograr una distribución equitativa de los beneficios”. En tanto, el informante del bloque justicialista, Jorge Capitanich (Chaco), justificó la continuidad de la emergencia en el hecho de que la vigente “está dando resultados concretos”.
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Además, destacó que ésta “ha tenido costos menores para la Argentina” en comparación con los que provocaron crisis en otros países como Chile, México, Malasia y Corea. “Hemos tenido que enfrentar una emergencia, pero hoy la Argentina está en pie y en paz”, concluyó Capitanich. El radical Raúl Baglini (Mendoza) cuestionó la norma, aunque no su extensión en el tiempo. “No discutimos la existencia de la emergencia; para un país que todavía está en default, sería un absurdo”, precisó. Pero objetó “el alcance y las medidas que se van a tomar para salir” del estado de excepción.
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En ese sentido, reprochó al oficialismo que impulse el mantenimiento de la misma redacción de varios capítulos de la ley sancionada hace casi dos años “cuando la situación ha cambiado de enero de 2002 a la actualidad”, y sumó su queja por la continuidad de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.
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Modificación
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El proyecto original fue modificado por los diputados que le incluyeron una cláusula para solucionar uno de los problemas que no habían sido contemplados por la ley: la pesificación al tipo de cambio uno a uno con el dólar de los créditos hipotecarios, prendarios y personales no financieros (escribanías y prestamistas privados), vigentes al 6 de enero de 2002.
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La cláusula establece la conversión de esos préstamos y su actualización por el coeficiente de variación salarial (CVS, cuya eliminación operará el 1° de abril próximo) o el coeficiente de estabilización de referencia (CER). Con ese agregado de la Cámara baja y sin tocarle una coma al texto aprobado la semana última, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen anteayer, tras lo cual el PJ pidió apurar su tratamiento sobre tablas, inicialmente planteado para la semana próxima.
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A pesar de la oposición de Baglini, para la habilitación del debate sobre tablas del proyecto fue vital el aporte de la UCR. El articulado de la ley de emergencia (25.561) que el Gobierno extenderá a partir del próximo 10 de diciembre incluye una cláusula que impide cualquier tipo de indexación, lo que se contrapone con las actualizaciones mediante CER o CVS, que posteriormente aprobó el Congreso.
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En tanto, se postergó ayer hasta la semana próxima el tratamiento del proyecto de ley que crea la figura de la asociación ilícita en materia tributaria.
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