PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA PICASA Y EL ARROYO CAÑADA DE GÓMEZ

Giustiniani pidió al Poder Ejecutivo, a través de un proyecto de resolución, la ejecución de las obras de infraestructura hídrica en la laguna La Picasa y el arroyo Cañada de Gómez previstas en el convenio que el 7 de enero pasado firmaron la provincia de Santa Fe y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, en el marco del Plan Federal de Control de Inundaciones.

Concretamente, se trata de obras internas en la cuenca de La Picasa (Módulo 1: canal principal y obras complementarias y Módulo 2: obras de regulación); descarga de la laguna al río Paraná y canalización del arroyo Cañada de Gomez.

El diputado Giustiniani, del Partido Socialista, explicó que “el desborde del Río Salado, el anegamiento en toda la cuenca de La Picasa, el desborde de la Laguna Melincué y el fresco recuerdo del desborde del canal Cañada de Gomez, enmarcan la situación de emergencia hídrica de la provincia y requieren de las autoridades la mayor premura posible en la toma de decisiones, ya que la decisión política es en definitiva la primera instancia en la concreción de la obra pública”.

Los fundamentos del proyecto, que acompañan con su firma otros legisladores santafesinos, expresan que los trabajos son trascendentales no sólo para la producción agrícola ganadera y el desarrollo económico de la región, sino para la existencia misma de las poblaciones. Por ejemplo, considerando la totalidad del área pampeana central afectada por la cuenca de la laguna La Picasa, son más de cinco millones las hectáreas comprometidas por las inundaciones (entre las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires), estimándose las pérdidas acumuladas en 4.000 millones de pesos, con un futuro probable de aumento del área afectada a 12 millones de hectáreas de aquí a un año.

Además de la persistencia de campos inundados, la problemática de los excedentes hídricos afecta social y económicamente a numerosas localidades como Rufino, Aarón Castellanos, Diego de Alvear, Leguizamón y General Villegas, entre otras.

Es por eso que se solicitó la adopción de las medidas necesarias para la ejecución de las obras previstas en el convenio firmado con la Nación el 7 de enero de 2003.